Los militares evalúan con malestar e incomodidad el envío de efectivos a Rosario

Incomodidad y malestar. Transcurrida una semana del anuncio del presidente Alberto Fernández, no hay todavía avances en el plan de envío de militares a Rosario, para colaborar en la urbanización y trazado de caminos en una zona jaqueada por las bandas del narcotráfico. “Hubo reuniones internas, pero aún no se definió qué unidades y cuántos efectivos irán. Lo único que crece es el escepticismo entre oficiales de distintos niveles y jerarquías”, revelaron fuentes castrenses a LA NACION.

Se espera que recién hoy se desplace a Rosario una delegación reducida del Ejército para hacer un reconocimiento del terreno. Eso no implica que comiencen inmediatamente los trabajos de urbanización.

El plan, que todavía no está definido, es que los militares que finalmente integren la Compañía de Ingenieros del Ejército vayan a Rosario sin armas. En sectores castrenses interpretan que cuando salgan al campo para realizar los trabajos de urbanización y trazado de calles tendrán que ir custodiados por agentes de las fuerzas de seguridad. Algunos señalan que eso sería dilapidar recursos, en medio de una emergencia.

Aún se desconoce qué unidades participarán de la misión, cuántos efectivos participarán y por cuánto tiempo.

Hasta ahora, lo único que informó oficialmente el Ministerio de Defensa es un comunicado de cinco líneas, en las que se indicó la semana pasada que “ya se han iniciado las gestiones con la Municipalidad de Rosario para que el Ejército Argentino, a través de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura, participe en la realización de tareas de urbanización y apertura de calles en barrios populares, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes”. Ni una mención al drama del narcotráfico, que motivó la decisión del Presidente.

Cuatro días antes del anuncio presidencial, el ministro del área, Jorge Taiana, había declarado a la agencia Télam que “las Fuerzas Armadas no están adiestradas para combatir el crimen organizado”. Al día siguiente de la noticia, en un acto académico, Taiana insistió en que “las Fuerzas Armadas no van a realizar tareas de seguridad en Rosario, sino de apoyo a la comunidad”. También el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se distanció de la medida, en la que intervino principalmente el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa en dos períodos.

Al margen de ello, en agosto de 2022, Taiana firmó un convenio con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, para comprometer la participación del Ejército en un plan integral de urbanización en un predio de Los Hornos, en La Plata. Una experiencia similar a la promovida en años anteriores por La Cámpora.

Según pudo reconstruir LA NACION, frente a la situación en Rosario, el viernes pasado hubo una reunión reservada entre el jefe del Ejército, general Guillermo Olegario Pereda, otros generales de la máxima conducción de la fuerza y funcionarios de segunda línea del Ministerio de Defensa, del área de Coordinación Militar en Emergencias. Los mandos del Ejército intervinieron cuando la decisión ya estaba tomada y el anuncio, hecho.

La iniciativa apuntaría a enviar entre 120 y 150 efectivos, aunque en el Ejército advierten que no hay una compañía de Ingenieros organizada, equipada e instruida en forma completa para hacer construcciones. “Solo existen pequeñas fracciones dispersas en distintas unidades del país. Habría que formar una unidad nueva y trasladar personal y medios”, evaluó una fuente militar. Se estima que el costo será mayor a lo que implicaría la contratación de una empresa local de construcciones.

En las Fuerzas Armadas reconocen que el anuncio de Fernández llegó en un momento relativamente favorable para la familia militar. “Comenzó un blanqueo salarial para reducir las diferencias con las fuerzas de seguridad, este mes cobrarán un 40% más y hay una incipiente renovación del equipamiento. Las capacidades estratégicas no cambiaron sustantivamente, aunque la gente está un poco mejor. Pero algunos tienen temor de que se repita la historia”, se sinceró un militar, al evaluar posibles riesgos.

“La sociedad –en realidad, el Gobierno- les pide que participen en una tarea un poco difusa, porque una ley impide a los militares intervenir en operaciones de seguridad interior. ¿Quién se hará cargo si las cosas no salen bien?”, se preguntó un oficial retirado, frente a un escenario que comienzan a plantearse en varias unidades militares.

Por lo que pudo saber LA NACION, tras la sorpresa inicial, la disposición de los efectivos de las Fuerzas Armadas existe. Pero la forma y los alcances de los operativos no están aún muy claros.

“Hay resquemores por el riesgo de verse involucrados en una misión en la que, más allá de cumplir con las tareas urbanas y el trazado de calles en barrios vulnerables, no tendrán poder de decisión. ¿Qué pasará si los militares se ven envueltos en un hecho de violencia o algún ataque de organizaciones narcos? ¿Qué instrucciones tendrán?”, son preguntas sin respuestas.

“Todos entendemos que podemos cumplir roles secundarios en las Fuerzas Armadas. Pero, en los últimos años, lo secundario pasó a ser lo principal. Hacer de bomberos en derrames químicos, apagar incendios en el Llitoral, repartir alimentos o ser cocineros en pandemia”, advirtió un oficial en actividad, que observa con preocupación cómo las Fuerzas Armadas se alejan cada vez más de otros objetivos, más acordes a las nuevas amenazas.

“Hay disconformidad en las tres fuerzas por los antecedentes. Una vez nos usaron y después nos juzgaron”, sentenció una fuente militar, al recordar el desfile de oficiales de baja graduación por los tribunales, “en los juicios que castigaron a varias generaciones de uniformados y que todavía siguen hoy”.

Frente a las tareas de colaboración que deberán realizar en las operaciones de las fuerzas de seguridad, otra fuente comentó: “La droga mancha lo que toca. Te metes en la logística antidroga y te metés en la droga”.

Por Mariano De Vedia

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