Los movimientos sociales oficialistas advierten la necesidad de relanzar el IFE
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LA NACIONInés Beato Vassolo
Los referentes sociales que integran el oficialismo –algunos de ellos con funciones en el Gobierno– están convencidos de que este año volverán a ejecutarse, con cambios, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que fueron implementados el año pasado por el Gobierno, en el marco de la pandemia del coronavirus. La asistencia económica, dicen, deberá reestructurarse si la situación sanitaria se agrava, y el Gobierno estaría dispuesto a desplegar recursos para atender la agudización de la crisis socioeconómica.
"Si hay un rebrote y la situación social se complica, vamos a tomar medidas excepcionales" dijo hoy el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tras ser consultado por el regreso del IFE, en diálogo con El Destape Radio. "Cuando surgió la pandemia, no estaba contemplada la asistencia en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, y, sin embargo, lo triplicaron. Si hubiera que hacerlo, el Presupuesto 2021 también se volverá a aumentar. Sería la única manera de hacer frente a una ayuda nueva", ampliaron voceros de Arroyo, en diálogo con LA NACION.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, cerró en diciembre pasado el paquete económico para afrontar la pandemia –que incluía, entre varias medidas, el IFE, el ATP y refuerzos en la ayuda alimentaria–, convencido de que la vacunación implicaría un respiro para la situación del país. Con el plan de vacunación demorado y una ola de contagios en aumento, el Ejecutivo no descarta el regreso de los programas de asistencia. Tampoco lo hacen los movimientos sociales.
"El año pasado fue exitoso el despliegue de la política social, y parece que nos vamos a parar sobre ese éxito para replicar políticas que den respuesta a esta nueva segunda ola, si es que implica una situación de regreso al aislamiento", dijo a LA NACION el funcionario nacional de la Secretaría de Economía Social y referente de la agrupación Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Según Menéndez, el Gobierno tiene las "herramientas" para ajustar su agenda "si la situación se agrava". Las diseñó en 2020. "Cuando se implementó el IFE, se especulaba llegar a 2 millones de personas, y terminó cubriendo a 9 millones. La forma del ATP ya se tiene. Si hay una necesidad de aislamiento, las herramientas están al alcance", indicó.
Además, el funcionario reconoció que el Estado había dado por cerrada la asistencia excepcional, enfocada en la pandemia, pero advirtió que el presupuesto de este año se modificará, en caso de ser necesario. "Hoy estamos en una agenda que no tiene que ver con la política social de pandemia, cuando la actividad económica estuvo restringida por el aislamiento. Tengo claro que si hay rebrote y un nuevo aislamiento, el presupuesto y las proyecciones van a modificarse. Eso va a ordenar la realidad", manifestó, con seguridad, Menéndez.
De momento, en tanto no vuelvan las restricciones a la circulación y la actividad económica, el dirigente social afirmó que "las políticas sociales serán las que ya se vienen desarrollando: Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, coberturas de la Anses, etcétera."
Asistencia, más allá del rebrote
Para el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Nicolás Caropresi, sin embargo, la reactivación de la asistencia económica no debería quedar sujeta a un rebrote de contagios por Covid-19. "La excepcionalidad va a seguir, incluso aunque resuelvan la vacunación. El problema no va a ser solo el eventual retroceso a la fase 1 del aislamiento, sino que el impacto económico que ya existe hará que la situación de excepcionalidad dure al menos por un año más, hasta que se reactive la economía, algo que no está pasando aún".
En ese sentido, Caropresi manifestó: "La esperanza es que el Estado, que ya bajó muchos fondos en 2020, vuelva a pensar en medidas de esas características". El dirigente cercano a Juan Grabois afirmó que el MTE está en "contacto permanente" con Arroyo y distintos funcionarios, "para ver cómo abordar la situación".
"Estamos discutiendo, por ejemplo, cómo agrandar la base del Potenciar Trabajo. Por más de que uno pueda hacer un tamizado de las 9 millones de personas que incluyó el IFE, para diferenciar urgencias o no, hay una brecha enorme entre ese universo y el alcance del Potenciar", detalló Caropresi, en referencia al programa que paga $9400 mensuales a 750 mil personas de entre 18 y 65 años que cumplen con jornadas laborales de cuatro horas en proyectos productivos, comunitarios o sociolaborales.
El MTE plantea que hay que pensar la reconversión del IFE "como algo que asista a todos los que están por debajo de la línea de indigencia en el salario argentino". Además, Caropresi agregó: "Hay que ayudar a mover las pequeñas empresas y comercios de todo el país, que han sentido el impacto de la retirada del IFE,con la caída del consumo".
La visión del secretario de Asuntos Parlamentarios –también dirigente social–, Fernando "Chino" Navarro, es algo más positiva. "Por primera vez, desde 2015, por quinto mes consecutivo, creció el empleo industrial. La construcción también está creciendo. El Banco Central adquirió en diciembre 1000 millones de dólares, y tenemos reservas por otros 40.000. Por supuesto que hay sectores golpeados, pero se ve un incipiente movimiento económico", dijo a LA NACION el funcionario nacional y referente de Movimiento Evita.
"Si es necesario, el Estado va a sostener las actividades económicas que lo necesiten. Por ahora no hay elementos concretos, solo ideas conversadas de manera informal, pero eso no significa que en diez días el gabinete económico no deba salir a apuntalar alguna actividad puntual", sostuvo Navarro.
"La Argentina es el país que más ha vacunado en América del Sur, y esperamos más vacunas. Si viene una segunda ola, el Estado va a afrontarla con recursos para preservar la salud y la economía de los argentinos", afirmó el funcionario, y advirtió: "No es salud o economía. Es ambas cosas. Por eso el año pasado pensamos el IFE y el ATP".
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