Los regímenes especiales de jubilaciones abarcan a unas 7700 personas

El Gobierno prepara un proyecto para modificarlos; en su mayoría provienen del Poder Judicial
El Gobierno prepara un proyecto para modificarlos; en su mayoría provienen del Poder Judicial Crédito: Shutterstock
Maia Jastreblansky
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30 de diciembre de 2019  

En la Argentina hay 7060 beneficiarios del régimen jubilatorio del Poder Judicial y unos 700 diplomáticos que perciben haberes por el sistema especial previsional del Servicio Exterior de la Nación, según datos oficiales que obtuvo LA NACION. Ambos regímenes establecen requisitos, aportes y beneficios diferenciales respecto del sistema previsional general del país, que cuenta con alrededor de 7,3 millones de jubilados y pensionados.

Son los dos esquemas jubilatorios a los que el presidente Alberto Fernández aludió como "de privilegio" y que el Gobierno anunció que pretende eliminar o modificar durante las sesiones extraordinarias de enero. Siempre según fuentes oficiales, esos regímenes tendrían haberes brutos (sin los descuentos) promedio de entre $200.000 y $300.000. Los representantes de esos sectores aseguran que el número es sensiblemente inferior.

A los regímenes especiales de judiciales y del cuerpo diplomático se suma un grupo de exlegisladores y exfuncionarios nacionales que se ampararon en leyes que en su momento beneficiaron a la política y que hoy están derogadas. Dado que al momento de su anulación estas personas cumplían con los viejos requisitos, lograron ingresar en una ventana legal y tramitar una jubilación especial por haber pasado por el cargo. La Anses no pudo precisar la cantidad de beneficiarios encuadrados en esta situación.

Según pudo conocer LN Data a partir de sucesivos pedidos de información pública a la Anses -y cuya última respuesta fue remitida en mayo de 2019-, entre quienes obtuvieron su jubilación por "ley especial para el Poder Legislativo" figuran casos como los de los exministros del menemismo Domingo Cavallo y Carlos Corach; el exministro del Interior de Fernando de la Rúa Federico Storani, y exfuncionarios del kirchnerismo como Oscar Parrilli y Alberto Iribarne. Son todos exfuncionarios del Poder Ejecutivo que tuvieron también un paso por el Congreso y se jubilaron con ese retiro especial. De acuerdo con esos datos oficiales, todos percibieron a mayo de 2018 haberes brutos (sin los descuentos) de entre $120.000 y $170.000, aunque todos los mencionados en diálogo con lanacion aseguraron recibir en mano un monto de $100.000 o menos. Quienes continuaron ejerciendo cargos hicieron los trámites, pero renunciaron temporalmente a la jubilación.

Desde el Círculo de Legisladores explicaron a LA NACION que a 2002 (cuando la ley que los beneficiaba fue derogada) algunos diputados, senadores o secretarios parlamentarios habían cumplido con los requisitos de 50 años de edad, 25 años de aportes y un mandato completo y lograron el beneficio a posteriori, con 60 años cumplidos.

Actualmente, la jubilación mínima del régimen general es de $14.068 y la máxima, de $103.061. Solo unas 50.000 personas en la Argentina cobran por encima de esa cifra. A partir del congelamiento de los haberes jubilatorios por 180 días que fijó la ley de emergencia que impulsó Fernández, las jubilaciones especiales vinculadas a los cargos públicos suscitaron debates.

El Presidente dijo que pidió ampliar las sesiones extraordinarias "para tratar un proyecto termine con las jubilaciones de privilegio". Durante el último fin de semana, Fernández conversó informalmente con especialistas y representantes de esos sectores sobre la posibilidad de acotar parcialmente los beneficios, en lugar de eliminar completamente los regímenes. Incluso dialogó sobre la alternativa de incrementar los aportes, en lugar de cambiar la tasa de sustitución. "Te vas a poner a toda la familia judicial en contra", le advirtió uno de sus interlocutores por teléfono.

Hay numerosos antecedentes. En la década del 70 se promulgó un paquete de leyes que benefició a los tres poderes del Estado con lo que se conoció como "jubilaciones de privilegio". Sin requisitos de edad y con apenas el juramento en el cargo podían acceder a jubilaciones muy beneficiosas. Estos regímenes excepcionales fueron derogados en los 90. En 1994 se dictó la ley 24.018, que fijó nuevos regímenes especiales, más acotados, para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, senadores, diputados, ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros cargos. Seguidamente, el artículo 168 de la ley 24.241 derogó parcialmente los regímenes especiales. Pero el decreto que reglamentó esta última ley fue llevado a la Justicia y fue declarado inconstitucional. En 2001, en tanto, el fallo "Gaibisso, César" de la Corte Suprema defendió la irreductibilidad de los salarios de los jueces y les reconoció esta garantía también a los magistrados jubilados. En 2002, con los ecos de la crisis económica e institucional, el Congreso sancionó la ley 25.668, que volvió a derogar explícitamente y de forma completa las leyes de regímenes especiales. Sin embargo, el decreto 2322/02 de Eduardo Duhalde observó parcialmente esa norma y dejó sin efecto la derogación de los beneficios para el Servicio Exterior y el Poder Judicial.

Así, los regímenes especiales que quedaron efectivamente derogados en 2002 fueron los del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es por eso que hoy siguen en pie los sistemas específicos para judiciales y diplomáticos. También siguen vigentes las asignaciones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación y de los jueces de la Corte Suprema. Según señalaron fuentes oficiales a este medio, hay 5510 jubilados del Poder Judicial de la Nación, "con un haber bruto medio de más de $200.000" y 1550 beneficiarios de los poderes judiciales provinciales transferidos. Los judiciales aportan un punto más, el 12%, y tienen una movilidad del 82%. Los embajadores y funcionarios del Servicio Exterior tienen una movilidad del 85%. Según fuentes oficiales, ese régimen "tienen un haber promedio de más de $300.000". Representantes de ese sector aseguran que esa cifra no supera los $170.000.

El proyecto de Fernández debería estar culminado en los próximos días. La actividad legislativa se reanuda el 22 de enero.

Con la colaboración de Romina Colman

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