Luego del escándalo por el caso de supuestos sobornos, Milei disuelve la agencia de Discapacidad
Adorni anunció que las funciones de la Andis serán absorbidas por el Ministerio de Salud; se convertirá en una secretaría y estará a cargo de Alejandro Vilches
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LA NACIONPaula Rossi
El Gobierno confirmó este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no existirá más como tal y pasará a ser un área del Ministerio de Salud. La dependencia causó uno de los problemas más grandes a Javier Milei en estos primeros dos años de gestión, luego de que se filtraran audios que se le adjudicaron a su entonces titular, Diego Spagnuolo, que en ese momento era un funcionario de confianza del Presidente e incluso había oficiado como su abogado.
La novedad fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien todavía es vocero y hoy dio su última conferencia del año. “La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, remarcó Adorni.
Según pudo averiguar LA NACION, el área -que era un organismo descentralizado- pasará a ser una secretaría dentro del Ministerio de Salud, que conduce Lugones, un hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, el principal asesor presidencial.
A cargo de la secretaría quedará Alejandro Vilches, quien se desempeñaba como interventor en la agencia.
El caso estalló en plena campaña con la difusión de los audios grabados de manera clandestina y atribuidos a Spagnuolo, en los que se aseguraba que tanto la secretaria general, Karina Milei, como su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, cobraban coimas en la Andis de parte de las farmacéuticas, a través de la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.
En la Casa Rosada, a través de distintas versiones, negaron siempre esas acusaciones, que tramitan en una causa judicial que llevan adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y que por ahora no involucra ni a Karina Milei ni a Menem.
Por su parte, el Presidente echó a Spagnuolo del cargo y, después de que el caso llegara a los tribunales, la gestión de Milei dispuso la intervención, a cargo de Vilches, que era secretario de Gestión Sanitaria y fue presentado en ese momento como médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada. En el Gobierno aseguran que información que se documentó en ese procedimiento ya se presentó en la Justicia.
En tribunales, el expediente avanza y durante diciembre se desarrolló una nueva ronda de indagatorias solicitada por la fiscalía, sobre la base de nuevos elementos y conversaciones que complican la situación de Spagnuolo y de Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador extraoficial en la agencia y cuya familia (que en parte también tenía puestos en el Estado) está implicada en la causa.
Mientras tanto, continúa sobre Discapacidad la auditoría que dispuso el Gobierno y que, dicen en Casa Rosada, se realiza en conjunto entre Salud y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Los fondos
En tanto, en el ministerio a cargo de Lugones afirman que las partidas que en el Presupuesto 2026 recién aprobado por el Congreso estaban destinadas a Andis, ahora pasarán directamente a la secretaría que comandará Vilches.
Pese a ser este un tema de altísima sensibilidad social, el Presidente no tuvo medias tintas para vetar la ley de emergencia en discapacidad que salió este año con amplio respaldo del Congreso, porque aseguró que rompía el equilibrio fiscal. Eso incluso más allá del reclamo de las familias y pacientes que denunciaron que el ajuste cayó directamente sobre las prestaciones.
Tras la modificación anunciada hoy, que ya generó reparos en la oposición, en Balcarce 50 insistieron con que esta transformación “no implicará una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”.
“La medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias. Representa un cambio profundo en la forma de gestión que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica”, sentenciaron, para defender la decisión.
Por su parte, Adorni evitó hablar de la causa judicial, pero argumentó que, producto de la “autonomía” que gozaba la Andis desde 2017, cuando se creó, se generaron “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sostuvo.
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