Madres: demoras en la causa contra funcionarios
Esperan un informe de la AGN, que va a tardar en estar listo
Un año después de que se desatara el escándalo por las viviendas que construía la Fundación Madres de Plaza de Mayo, los funcionarios vinculados al tema pueden seguir respirando tranquilos.
Mientras los hermanos Schoklender pasan sus días en la cárcel por el presunto fraude, la causa en la que se investigan responsabilidades políticas de quienes debían adjudicar y controlar el destino del dinero está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y quedó a la espera de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que demandará más tiempo del previsto.
En el fragor del escándalo, opositores y oficialistas (a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso) y también la propia Justicia prefirieron dejar a cargo de la AGN (que conduce el radical Leandro Despouy, pero tiene mayoría de miembros kirchneristas) la misión de auditar la construcción de viviendas sociales por parte de Misión Sueños Compartidos.
Pero no tuvieron en cuenta (o a lo mejor sí) los tiempos que maneja la AGN para hacer un trabajo exhaustivo sobre una organización de esa envergadura.
Fuentes de ese organismo contaron a LA NACION que el tema avanza lentamente, y que en este momento la AGN trabaja en las obras de la fundación en la Capital, las localidades de Ezeiza y Tigre, la ciudad de Rosario y la provincia de Chaco. Estos fueron los lugares elegidos para un primer muestreo "urgente" según reclamó el Congreso.
Pero la tarea insumió tanto tiempo y esfuerzos que primero fue necesario contratar a profesionales expertos en construcción para que visitaran una por una las obras. Incluso, antes de empezar hubo que rastrear todos los documentos de prueba que habían quedado en manos de los diferentes juzgados, por citar sólo algunos de los inconvenientes que encontró la auditoría en su camino.
El objetivo fue desde el principio muy ambicioso: entre las tareas que le encomendaron, la AGN debía revisar todo el marco jurídico de los contratos, seguir la ruta de los fondos públicos destinados a las viviendas sociales, investigar cómo se gestionaron las obras y estudiar la "razonabilidad" de los costos.
Dificultades
Un año después de que estallara el escándalo que tuvo al Gobierno en jaque, fuentes de la AGN confirmaron que sólo está listo un primer borrador que incluye nada más que las obras realizadas en Ezeiza, cuyo contenido no trascendió.
En cualquier caso, sería muy difícil que una mayoría kirchnerista de auditores aprobara un informe que apunte directamente a algún funcionario de su gobierno, y la conexión que haya entre las irregularidades que surjan de la auditoría y el funcionario que las avaló deberá probarlas la Justicia.
Así las cosas, la responsabilidad final recaerá en Martínez de Giorgi, un subrogante cuyo futuro como juez federal titular depende de la decisión de la presidenta Cristina Kirchner. Ese expediente por ahora no identifica acusados, aunque la denuncia inicial apuntaba al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, principales responsables de la asignación de obras públicas y del manejo de fondos en ese momento.
Sergio Schoklender también tenía una relación directa con el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y con el vicepresidente Amado Boudou, como testimonian las fotos de campaña o de inauguraciones de viviendas en las que salen juntos.
Cuando estalló el escándalo, Fatala fue citado al Congreso, y allí declaró que todas las decisiones y controles sobre las obras eran potestad de las provincias y los municipios. Más adelante intendentes y gobernadores señalaron que tenían directivas del Gobierno de contratar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y no a otro, para hacer las viviendas.
En paralelo a la causa de Martínez de Giorgi, avanza la que investiga el juez Norberto Oyarbide, donde acaban de ser detenidos Sergio y Pablo Schoklende r. Pero en ese expediente no se investiga la responsabilidad política de funcionarios en la asignación del dinero o en la falta de control de los fondos.
"Pablo va a contar cómo fue todo"
Luego de pedir una celda individual y protección en la cárcel para garantizar su seguridad, Pablo Schoklender tiene en mente "nombrar, en su próxima declaración, a funcionarios involucrados en las maniobras del desvío de fondos en el programa de construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo".
Así lo anticipó ayer el abogado del hermano menor de los Schoklender, Pablo Slominsqui, quien confirmó que su cliente, detenido el martes por el juez Norberto Oyarbide, tiene "temor de que le pase algo feo".
"Pablo va a contar todo lo que hizo, con quién lo hizo, todos los detalles y, en el caso de cumplir órdenes, contará quién se las dio", afirmó el letrado. "Para defenderse va a tener que nombrar gente, lo que no implica acusar, sino contar episodios que sucedieron", precisó.
Insistió en que Pablo Schoklender "no era el único que manejaba dinero" en la fundación que conduce Hebe de Bonafini. Al anticipar su estrategia, dijo que "la primera tarea es aclararle al juez cómo era la fundación y qué clase de fondos maneja".
Antecedentes
- 8 DE MAYO DE 2011
Estalla el escándalo
Sergio Schoklender se aleja de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Dos semanas después trasciende un conflicto con Hebe de Bonafini por el manejo de fondos públicos en el programa de construcción de viviendas sociales de la entidad.
- 1° DE JUNIO DE 2011
La primera denuncia
El fiscal antilavado Raúl Plee radicó una denuncia contra Sergio Schoklender por el presunto desvío de fondos públicos. La Fundación de las Madres había recibido $ 765 millones del Estado para la construcción de viviendas.
- 3 DE JUNIO DE 2011
Allanamiento y prohibición
El juez Oyarbide prohibió salir del país a Sergio y Pablo Schoklender y ordenó allanamientos en oficinas para investigar el desvío de fondos. Exigió a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que le entregue documentación.
- 15 DE MAYO DE 2012
Regreso a prisión
El juez Oyarbide ordenó la detención de los hermanos Schoklender, luego de tomarle declaración a Sergio. Lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado, por el desvío de $ 280 millones en el programa de construcción de viviendas sociales. A Pablo Schoklender le imputa ser organizador de la asociación ilícita.
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