1
La causa Malvinas: el giro de Milei abrió una agenda inesperada en el Congreso y la oposición sube la apuesta
La oposición acompañó el cambio discursivo, pero exige medidas que no estaban en los planes oficiales: eliminar beneficios tributarios a empresas británicas, revisar compañías adheridas al RIGI y reforzar el equipamiento para la defensa
6 minutos de lectura'
El Gobierno celebró como un acierto político y comunicacional haber recuperado el control de la agenda pública con la defensa de la soberanía de Malvinas. Pero, tras la cadena nacional en la que Javier Milei anunció sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas, un frente inesperado se abrió en el Congreso.
Si bien la oposición acompañó el giro discursivo del Presidente, también desplegó una catarata de exigencias concretas ligadas a la soberanía nacional y al vínculo con el Reino Unido que no estaban previstas en la agenda oficial.
Los pedidos van desde suprimir los beneficios fiscales de empresas británicas en la Argentina hasta revisar las compañías adheridas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), constituir una mesa de discusión interpartidaria y robustecer el equipamiento para la defensa.
Estas iniciativas y denuncias se solaparán con el proyecto que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso. Según adelantó Milei, será una ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propondrá modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, contemplará la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus principales lineamientos la definición de una política de seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado” y un marco para la protección de la infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima.
Lo que en el Gobierno se festejó como un “triunfo”, entonces, en el Congreso puede convertirse en una incomodidad. Si bien el oficialismo cuenta con bloques de 95 diputados y 21 senadores, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Es decir, no puede imponer por sí solo la agenda legislativa y necesita negociar para avanzar.
La oposición ya empezó a ponerle contenido propio a esa discusión. Desde Unión por la Patria (UP), el entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto para derogar el convenio de doble imposición con el Reino Unido y eliminar así los beneficios tributarios que reciben empresas británicas que operan en el país. Según el diputado, más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años ese régimen preferencial, que tendría un costo fiscal promedio de US$50 millones anuales.
“Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”, sostuvo Michel en X.
Su compañera de bloque Agustina Propato propuso, en tanto, crear un Fondo Nacional para la Defensa Marítima y la Soberanía del Atlántico Sur, financiado con el 100% de las multas y decomisos previstos en la ley 26.659, cuyo texto Milei pretende modificar para endurecer las sanciones. Los recursos serían destinados a modernizar el equipamiento militar y reforzar las bases navales.
También desde UP, el diputado Juan Marino reclamó constituir una mesa de conducción nacional con representación de todos los partidos políticos y concentrar la ofensiva en frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Advirtió además que la causa Malvinas no debe utilizarse para profundizar el alineamiento con Estados Unidos.
Los cuestionamientos también llegaron desde bloques dialoguistas. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió explicaciones al Gobierno porque Southern Energy, una empresa beneficiada por el RIGI, está integrada en un 15% por Harbour Energy. Según denunció, esa firma es la misma que antes se llamaba Premier Oil y que fue sancionada en 2013 por operar sin autorización argentina cerca de Malvinas.
La sanción contra Premier Oil le impide operar en la Argentina hasta 2028. Ferraro sostiene que el cambio de nombre a Harbour Energy no dejó sin efecto esa prohibición y cuestiona, por eso, que una empresa de la que forma parte haya recibido los beneficios del RIGI.
Pablo Juliano, de Provincias Unidas, pidió dar marcha atrás con la venta de predios de la Armada en Ushuaia y el “vaciamiento operativo” de la Base Aeronaval Punta Indio. También exigió reforzar la presencia científica y logística argentina en la Antártida.
Incluso el gobernador Raúl Jalil (Catamarca), que sostiene un vínculo cercano con la Casa Rosada, celebró que el Gobierno haya “revisado su mirada sobre Malvinas”, pero pidió traducir ese giro en una mayor presencia estatal. En particular, planteó avanzar con infraestructura militar argentina en Tierra del Fuego para consolidar la capacidad y la presencia del país en el Atlántico Sur.
En ese escenario, Santiago Caputo, artífice comunicacional de la última cadena nacional, ya salió a presionar a la oposición a través de sus redes sociales. Fiel a su estilo confrontativo, desafió: “Vamos a ver ahora si todos los que se pasaron décadas hablando sobre soberanía nacional tienen lo que hay que tener para dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para proteger la seguridad nacional”.
En otro mensaje, Caputo aseguró que las medidas anunciadas por Milei tuvieron un “enorme apoyo popular” y reclamó que el “sistema” acompañe al Presidente “sin titubeos”. El tono de las advertencias contrasta con el espíritu de “unidad nacional” que Milei intentó exhibir durante su discurso.
La intervención de Caputo también introduce una tensión hacia adentro del oficialismo. El asesor presidencial mantiene una puja interna con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien durante los últimos dos años y medio tejió un canal de diálogo permanente con los bloques opositores.
Menem está concentrado ahora no solo en hacer avanzar la agenda oficial -que incluye la eliminación de las PASO y otros proyectos económicos-, sino también en desactivar los intentos de la oposición por imponer sus propios temas.
La cuestión Malvinas introduce así un eje adicional en una agenda parlamentaria ya cargada. El Gobierno consiguió recuperar la centralidad política con un tema históricamente transversal, pero ahora deberá discutir en el Congreso hasta dónde está dispuesto a llevar ese giro y cuál de todas las exigencias planteadas por la oposición está dispuesto a incorporar.
Más leídas de Política
2Quién es Eduardo Elsztain, el empresario argentino que tiene inversiones en las Islas Malvinas
3El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años
4A dos meses de la llegada del Papa, un grupo de obispos reclamó trabajar por la justicia social y la empatía