Malvinas: vecinos y aliados de la Argentina continúan con sus negocios en las islas

Los vecinos y aliados regionales de la Argentina fueron aumentando en los últimos años las relaciones con las islas Malvinas al margen de las declaraciones de apoyo al país en los foros internacionales. La nueva postura del presidente Javier Milei respecto de la cuestión ha vuelto a sacar a la luz situaciones que no estaban ocultas, pero de las que la política se ocupó poco y nada.

El repentino ímpetu malvinero de Milei y las promesas de sanciones a empresas y particulares que se vinculen con la explotación de petróleo en las islas provocó reacciones en Uruguay y Chile por los perjuicios que eso podría acarrear.

El de Chile es el caso quizás más evidente. La ciudad de Punta Arenas, ubicada sobre el estrecho de Magallanes, sostiene una relación de larga data con las islas, de donde provienen muchos de los chilenos que residen o trabajan allí de forma temporal. La ruta marítima que conecta a Punta Arenas con el archipiélago, de unos 900 kilómetros, cuenta con una historia de 120 años. En el año 2011, una declaración del Mercosur respaldada por Chile prohibió la recala en sus puertos de barcos que naveguen con la bandera de las islas. Posteriormente, en 2012, la ruta quedó completamente cerrada debido a la presión ejercida por el entonces gobierno argentino. Como consecuencia de esta interrupción, los habitantes de las islas debieron recurrir a Uruguay para abastecerse de víveres, repuestos, maderas y todo tipo de bienes.

En las últimas semanas se anunció un acuerdo entre una naviera chilena, Eastern Island Naviera (EIN), y las Malvinas para retomar esa vieja ruta con viajes periódicos cada dos o tres meses. EIN y el gobierno de Punta Arenas aseguran que se trata de un acuerdo entre privados y que no tiene que ver con la futura explotación petrolífera en las islas, que se calcula comenzará en 2028.

El tema volvió al centro de la agenda pública tras la visita a Chile del presidente argentino, durante la cual firmó un comunicado conjunto con su par chileno, José Antonio Kast. En ese documento se estipula que el gobierno chileno evitará las actividades logísticas ilegales entre el país vecino y las islas.

La abogada internacionalista Paz Zárate, consultada frecuentemente por los medios chilenos, sostuvo en el programa televisivo 24 Horas que este texto constituye uno de los documentos más perjudiciales para Chile “en la era moderna”. Según Zárate, el documento establece un respaldo a una alianza antibritánica contraria a los intereses de Chile, considerando que “el Reino Unido es el principal proveedor de la Armada chilena y su alianza militar más antigua”. Por esta razón, afirmó que “Chile no podría sumarse a un boicot contra el Reino Unido como pretende Argentina”.

¿Entonces, en qué consiste el apoyo diplomático de Chile a Argentina por las islas Malvinas? “El Chile democrático ha entregado un apoyo nominal a la causa argentina, pero a Chile le interesa preservar el comercio entre Punta Arenas y las islas”, afirmó la abogada.

Podría preguntarse si para compensar esa pérdida se puede considerar la provisión de gas argentino a Chile. Para Zárate, tampoco en eso hay señales positivas. “Argentina tiene un récord en el Ciadi por violación de acuerdos en temas energéticos y algunos de ellos respecto de Chile”, agregó. El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones y depende del Banco Mundial.

La desconfianza de esta abogada se condice con una encuesta reciente de la consultora chilena Cadem que dio como resultado que el 69% de los consultados considera que Argentina tiene pretensiones territoriales; otro 65%, que las islas Malvinas son británicas y un 60%, que Argentina es un socio poco confiable para Chile.

Días antes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, había asegurado que la región de Magallanes, a la que pertenece Punta Arenas, ha acumulado pérdidas por 300 millones de dólares desde la prohibición de recalar decretada en 2011. Las autoridades chilenas estiman que actualmente, las islas poseen un poder de compra estimado en 20 millones de dólares anuales. Las necesidades de abastecimiento en las islas sobrepasan la capacidad actual de los envíos desde Montevideo y se prevé que la demanda aumente ante el crecimiento poblacional proyectado con la explotación petrolera.

Para impulsar el intercambio, el gobierno isleño y el municipio de Punta Arenas promueven la participación de comerciantes y empresarios de Malvinas en la Expo Comercial de Punta Arenas, prevista para los días 28 y 29 de septiembre. En este encuentro participarán representantes de los sectores de comercio, productos agrícolas, gas licuado, vinos, turismo, elementos de construcción y el rubro naviero.

Montevideo ha reemplazado a Punta Arenas en cuanto al abastecimiento de mercaderías a las islas. Uruguay no permite que lleguen a sus costas barcos con la bandera isleña, pero sí con la de la marina mercante británica. De esta manera elude el acuerdo del Mercosur de 2011. Esto permite el aprovisionamiento de las islas con mercaderías de todo tipo desde Uruguay, pero también habilita servicios portuarios para las naves de varios países que pescan en el Atlántico Sur y de los barcos británicos que van a la Antártida.

Las ganancias por estos servicios, según estimaciones de cámaras comerciales publicadas en medios uruguayos, es de 150 millones a 200 millones de dólares anuales.

También es ya tradicional cada año la presencia en Expo Prado, la principal exposición rural y agropecuaria uruguaya, de un stand de las “Falkland Islands”. El gobierno argentino reclamó por ese hecho pero desde Montevideo se desestimó tomar cualquier medida al respecto.

Hay que recordar que Gran Bretaña y Uruguay firmaron en mayo pasado un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación bilateral. De allí surgió una propuesta para vender a Uruguay tres patrulleras oceánicas de la Royal Navy que serán dadas de baja en 2028.

Una noticia que había impactado muy negativamente en el gobierno esta semana aseguraba que una empresa holandesa estaba estudiando el suelo marino en la costa uruguaya como tarea previa para la posterior instalación de un cable de comunicaciones que uniera ese país con las islas Malvinas. El presidente Yamandú Orsi aseguró que se trataba de una noticia falsa. “Las islas Malvinas son argentinas”, dijo Orsi con la intención de despejar dudas.

Una fuente relacionada con el gobierno isleño negó tener noticias de que se hubiera encargado ese trabajo.

Desde el Ministerio de Industria, Economía y Minería de Uruguay, Pablo Siris Seade, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo a este diario que el gobierno nacional no recibió ninguna solicitud de autorización de empresa o gobierno alguno para realizar ese estudio. “Hay dos comisiones del gobierno que reciben las solicitudes para estos trabajos y solamente hay una que no es de esa empresa y no va al sur, sino al este”, indicó. Además, agregó que “la embarcación de la empresa holandesa Fugro recaló en puertos uruguayos como lo hacen todos los barcos que van y vienen al sur”.

Fugro emitió este viernes un comunicado en el que explica: “El contrato de Fugro para las actividades de estudio del lecho marino es con SubCom, una empresa estadounidense. El estudio forma parte de un proyecto internacional de cable submarino de telecomunicaciones a gran escala que conecta múltiples ubicaciones”.

Pero no es sólo en Montevideo donde recalan los barcos que van y vienen de Malvinas. También lo hacen en Santos, Brasil. Nuestro vecino no sólo da asistencia portuaria sino que también exporta a las islas algunos productos como gas licuado, carne y agua envasada, pero en cantidades insignificantes para la dimensión del país. Lo que sí es relevante es la Asociación Estratégica Reino Unido-Brasil, un acuerdo firmado este año entre ambos gobiernos. Entre sus objetivos se incluye incrementar los vínculos políticos, militares, inteligencia, comerciales y educativos, entre otros. Implica también el respaldo de Londres a Brasilia para la obtención de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Esto eleva la cooperación bilateral a un nivel sin precedentes”, señaló el documento oficial emitido por Itamaraty.

La venta de licencias de pesca es el principal ingreso económico de las islas. El país que más pesca en la zona de Malvinas por medio de joint ventures con empresas locales es España, particularmente la flota gallega. El 94 por ciento del calamar que se obtiene en aguas de las islas tiene como destino el puerto de Vigo.

España, país tradicionalmente aliado a Argentina por su propio diferendo por Gibraltar, ha tenido una posición fuertemente defensiva de la flota que pesca en el Atlántico Sur.

Luego del Brexit, las islas perdieron el acceso libre de cuotas y aranceles al mercado europeo, por lo que las empresas españolas se encontraron ante la perspectiva de tener que pagar aranceles que iban del 6 al 18 por ciento. La presión diplomática y corporativa de Madrid en Bruselas logró que la Comisión Europea reconociera una cuota de calamar que podría entrar a la UE sin pagar aranceles, a los fines de mantener la producción y el empleo que genera la industria.

Podrá decirse que con tres de los cuatro países mencionados la Argentina hoy no tiene óptimas relaciones, producto de la política confrontativa de Milei. También es cierto que esta situación lleva años, o décadas.

El exsecretario general de la OEA y ex canciller chileno José Miguel Insulza decía días atrás que en América Latina las alianzas han desaparecido y que eso hace que nos vayamos quedando atrás. Palabras a medida de la Argentina.

Por Alejandra Conti

• Islas Malvinas

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