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Más misterio en torno de la Terminal 6 del puerto
Por Juan Castro Olivera
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Nadie sabe dónde fueron a parar más de cuatro millones de pesos destinados por el gobierno nacional en forma de subsidio a la desactivada Terminal Portuaria Intefema, de Buenos Aires, conocida como "terminal 6", la misma desde donde salieron los embarques ilegales de armas a Croacia.
El Gobierno había otorgado un subsidio de 6,5 millones de pesos a los trabajadores de esa terminal mediante el decreto 1578, suscripto el 19 de diciembre de 1996.
Ese instrumento disponía, "como medida de excepción", y a fin de "atemperar los efectos sociales" de la interrupción de tareas de la concesionaria que actuaba en ese sector del puerto de Buenos Aires, que se autorizara la distribución de esa suma de dinero entre sus dependientes.
Según pudo saber La Nación de fuentes que participaron en forma directa de la liquidación de Intefema, el pago del subsidio no habría alcanzado, sin embargo, a los dos millones de pesos. Ergo, más de cuatro millones de pesos de la medida reparatoria se mantienen hoy en un oscuro misterio. El pago del subsidio se realizó por medio de la Administración General de Puertos, con intervención del Ministerio de Trabajo y del grupo de sindicatos que desarrollan tareas en la actividad portuaria.
Ese dinero debía destinarse a unos 400 trabajadores que recibirían montos diversos de acuerdo con su categoría y antigüedad.
Con esta decisión, el Gobierno habría intentado contener uno de los conflictos laborales más delicados, pues está directamente vinculado con la investigación judicial por la venta ilegal de armas argentinas en zonas donde existían conflictos bélicos.
Un reducido grupo de trabajadores de la Terminal 6 mantiene desde hace varios meses un puesto de protesta por la falta de trabajo frente a las puertas del Ministerio de Economía.
Intefema -uno de cuyos asesores legales fue Hernán Corach, hijo del actual ministro del Interior, Carlos Corach, y actual presidente de la Juventud Peronista- había iniciado la concesión de la Terminal 6 en septiembre de 1994.
De acuerdo con el pliego de concesión, no podía transferirla hasta después de tres años de ser explotada por los concesionarios.
Sin embargo, en junio de 1995, cuando los envíos de armas al exterior habían finalizado, el empresario Mario Fracchia, un hombre de Avellaneda con buenos vínculos con el menemismo, aceptó una oferta del grupo de empresas que conformaba Intefema y se quedó con la concesión.
No enterado de los conflictos de la Terminal 6, el empresario se topó con una brasa caliente: una abultada deuda por falta de pagos previsionales e impositivos y parte de los efectos de la causa judicial por contrabando de armas que, en ese momento, comenzó a tomar impulso en la Justicia.
Prevenciones
Como anticipó La Nación en su edición del 14 de septiembre último, durante la carga de los contenedores con las armas los trabajadores de la Terminal 6, situada en la Dársena F del puerto de Buenos Aires, recibieron vestimentas especiales y se les impartió una orden estricta: no podían fumar en horas de trabajo.
"Había que ser muy cuidadoso y no se podía preguntar nada", comentó a La Nación uno de los trabajadores que intervino en la carga de los 39 contenedores que partieron rumbo a Croacia a bordo del buque Rijeka Express.
Esa embarcación, perteneciente a la empresa Croatia Lines, zarpó del puerto de Buenos Aires el 2 de febrero de 1995 y fue el último de una serie de seis embarques de armamento que salieron del país en forma irregular.
Después de la partida del Rijeka Express con el material bélico argentino, el grupo societario que integró Intefema transfirió la concesión.
Poco tiempo más tarde, la Terminal 6 había dejado de funcionar e Intefema se presentaba en quiebra.
"La actitud del consorcio Intefema mostró irregularidades desde el comienzo de su actividad. Cambió la composición societaria e incumplió la mayoría de las exigencias que se formulaban en el pliego de concesión", se afirma en un informe de la Auditoría General de la Nación, al que accedió a este diario.
Quiebra
Un proceso de quiebra de Intefema fue abierto entonces ante el Juzgado Comercial Nº 1, Secretaría Nº 2.
La medida cautelar presentada por los trabajadores de la Terminal 6 concluyó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que expresa que no existe una obligación del Estado nacional para con los trabajadores por la situación derivada de la quiebra de esa terminal. Pese a esa opinión del alto tribunal, el Poder Ejecutivo entendió que debía ocuparse de sofocar el que preveía como un peligroso conflicto, lo que dio finalmente origen al decreto antes citado.
Gerónimo Jesús González, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, dijo a La Nación : "Todo el mundo cobró el subsidio. El Gobierno dispuso que se otorgara esa suma a los trabajadores de la Terminal 6 porque se dieron las circunstancias para eso. Fue una medida de excepción".
Antes de que Intefema pasara a manos de Fracchia, la sociedad estaba constituida por cuatro empresas, que se repartían el paquete accionario: Marítima Buenos Aires SRL, Tenanco SA, Ferry Líneas SA y Plataestiba SA.
Fuentes de Intefema dijeron a La Nación que algunos militares retirados del Ejército y de la Armada también formaron parte del grupo de directivos que tuvo a su cargo la conducción de la concesionaria.
Sin precisar los nombres, esos voceros aseguraron que la actuación de esos hombres de armas fue decisiva en las operaciones de venta ilegal de armas que actualmente se investigan en la Justicia.
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