Mauricio Macri designó a Pablo Lanusse como su abogado en la causa por contrabando

El expresidente Mauricio Macri designó a Pablo Lanusse como su abogado defensor en la causa por el presunto contrabando de armamento a Bolivia.

Macri presentó un escrito en el juzgado de Javier López Biscayart en el que manifestó que está fuera del país y designó a Lanusse, quien ya trabajaba en otras causas del expresidente, como las vinculadas a maniobras de espionaje durante su gobierno sobre políticos, oficialistas y periodistas.

Lanusse se desempeñó como fiscal federal y de instrucción entre 1993 y 2003, cuando se concentró en la persecución de casos de corrupción y delitos económicos. Después, fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. Cuando Gustavo Béliz integró el gabinete, Lanusse fue secretario de Justicia. Ejerció ese cargo entre 2003 y 2004. Pero además Kirchner lo nombró interventor federal de Santiago del Estero, donde desplazó a la entonces gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez, la esposa del caudillo provincial Carlos Juárez. Ocupó ese cargo desde el 1° de abril de 2004 hasta el 23 de marzo de 2005.

Lanusse ganó notoriedad luego de que él y su familia fueron amenazados y agredidos por su investigación en la causa de la mafia del oro. Lanusse era fiscal del caso y puso al descubierto una estafa millonaria que involucraba a hombres vinculados al menemismo. Le cortaron la mejilla izquierda y el brazo izquierdo, además de amenazarlo para que abandonara la investigación. Entre los distintos ataques y amenazas que sufrió su familia, una de sus hermanas fue obligada a tajearse la palabra “oro” en la frente.

Lanusse había empezado a trabajar en los tribunales como “meritorio”, mientras estudiaba derecho. Su padre, Jorge Manuel Lanusse –primo del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse–, trabajó 38 años en el Poder Judicial hasta jubilarse como defensor oficial en la Corte Suprema.

Desde su cargo de fiscal, Lanusse denunció al exministro de Economía Domingo Cavallo y al expresidente Eduardo Duhalde.

En la actividad privada se desempeñó como abogado en casos resonantes. Entre ellos, la causa por la muerte de Alberto Nisman, en la que patrocina Sara Garfunkel, la madre del fiscal fallecido.

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.

La primera denuncia (que fue ampliada anteayer) tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión.

La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Jeanine Añez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajar con 3600 municiones 12-70 (balas de goma), pero luego el entonces director de Logística de Gendarmería amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.

Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. En el Gobierno sostienen que esa versión es inverosímil.

De la documentación que presentó esta semana el Poder Ejecutivo surge además que en el manifiesto del vuelo en el que habrían viajado las 70.000 balas de goma esas municiones no están declaradas.

Pese a la feria judicial, la causa de López Biscayart sigue adelante. El lunes pasado, el juez pidió a diferentes organismos estatales una larga lista de documentos y precisiones para avanzar con la investigación.

LA NACION

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