Maximiliano Abad no opina sobre el caso de las tarjetas y dice que el bloque que preside va a “acompañar” las investigaciones que se hagan

Pasaron más de dos semanas desde que la Policía detuvo al puntero peronista Jorge “Chocolate” Rigau con decenas de tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerenses y cuatro días desde que la Justicia anuló toda la causa y lo dejó en libertad. En este tiempo, el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) de la Cámara de Diputados bonaerense evitó pronunciarse sobre el caso y no se conoce que haya pedido explicaciones ni promovido alguna investigación dentro de la Legislatura.

El presidente del bloque es el radical Maximiliano Abad. Él dijo a LA NACION: “Cualquier proceso de investigación administrativo o judicial para esclarecer los hechos vamos a acompañarlo”. Sostuvo que eso incluía “acompañar los pedidos de informes que se presenten en la Cámara, propios y extraños”. Hasta el momento, JxC no informó que prepare uno. Según dijo Abad, ya existe un sumario administrativo en curso dentro de la Cámara (algo que las autoridades no habían hecho público y cuyos alcances y avances se desconocen).

Abad agregó: “Estamos siguiendo el proceso judicial para ver los resultados que arroja”. No quiso opinar sobre los jueces que declararon nula toda la causa y liberaron a Rigau. “En lo personal, como puedo ser sujeto de recusación, no puedo opinar sobre la actuación particular de los jueces”, declaró.

La posible recusación a la que aludió es en un eventual juicio político que podría hacérseles a los camaristas que anularon la causa. El Jurado de Enjuiciamiento tiene entre sus integrantes a “cinco legisladores abogados”, que pueden ser senadores o diputados, y que se eligen por sorteo. En ese sorteo podría salir Abad. Por ahora lo que hay es una denuncia contra los magistrados que los opositores María Eugenia Talerico, Javier Iguacel y Ricardo López Murphy presentaron en el Ministerio Público bonaerense, donde les indicaron que la dirigieran al Jurado de Enjuiciamiento. Eso harán en las próximas horas, según supo LA NACION.

El fin de semana, un grupo de exlegisladores radicales le habían reclamado a Abad que fijara una postura urgente sobre el caso de la presunta estafa en la Legislatura. “La gravedad de los hechos demandan de todos los actores políticos actitudes que conlleven al esclarecimiento de la verdad”, dijeron en su carta, y afirmaron que “la situación, agravada por la decisión judicial de un tribunal de cerrar la causa, torna impostergable que el radicalismo bonaerense se pronuncie claramente al respecto”.

Mientras tanto, en los tribunales, el fiscal Héctor Vogliolo prepara un recurso para que la Cámara de Casación bonaerense reabra el caso que cerraron los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo. Y la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires analiza la posibilidad de presentarse ante el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Guillermo Atencio, para pedir ser reconocida como particular damnificada en la causa que investigó la supuesta defraudación. La Fiscalía de Estado es el órgano constitucional encargado de litigar en representación de los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos analizando las alternativas de la apelación de Vogliolo. Es una cuestión técnica compleja. Estamos evaluando hacer una presentación, pero no tuvimos acceso aún [a la causa]”, explicaron. Gómez (nombrado durante el gobierno de Daniel Scioli), no tiene plazo para presentarse como querellante. Puede hacerlo en cualquier momento antes de una sentencia.

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