Máximo Kirchner, el encargado de los negocios familiares que heredó la relación comercial con Lázaro Báez
Tomó la posta de su padre y continuó con el vínculo con Austral Construcciones y administró las operaciones inmobiliarias, que incluyó acuerdos con Cristóbal López
LA NACION
El vínculo era directo y entre ellos dos. Néstor Carlos Kirchner y Lázaro Antonio Báez eran amigos, se juntaban a comer asados cuando coincidían en Río Gallegos y mantenían toda clase de operaciones comerciales millonarias que solían volcarse en los registros contables de las empresas de Báez de una manera sencilla: con las iniciales “NCK”, según corroboró LA NACION. Hasta que irrumpió el hijo presidencial, Máximo.
Su irrupción comenzó a fines de octubre de 2010. Es decir, cuando falleció el entonces Presidente. Durante unos pocos meses más, los cheques que fluyeron de las empresas de Báez hacia la familia presidencial a través de su firma gerenciadora de los hoteles, Valle Mitre, se emitieron a nombre de “NCK” y se incorporaron al acervo sucesorio del ex mandatario. Pero desde el momento en que la Justicia dictó la declaratoria de herederos y se repartieron sus activos, otras iniciales dominaron los registros contables del emporio Báez: “MCK”. Máximo Carlos Kirchner.
Resultó casi inevitable. Tras el fallecimiento de su padre, el primogénito de la pareja presidencial asumió las riendas de los negocios familiares, en tanto que su hermana Florencia se mantuvo en un rol secundario, solo interrumpido cuando ingresó al directorio de la sociedad Hotesur, controlante del Alto Calafate.
Así fue como Máximo Kirchner comenzó a involucrarse en la gestión de los hoteles Alto Calafate, Los Sauces, La Aldea y Las Dunas. Y fue el actual diputado nacional, también, quien como ciudadano sin fueros tenía una oficina en la firma “Negocios Inmobiliarias” de Río Gallegos. Desde allí controlaba el cobro de los alquileres de las otras propiedades familiares.
De hecho, fue en un cajón de su escritorio en la inmobiliaria de la avenida Néstor Kirchner 496 donde los auxiliares de la Justicia encontraron evidencias de esa relación comercial. Hallaron facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler entre Báez y Néstor Kirchner, en una relación comercial que Máximo continuó. Y así consta en el acta del allanamiento judicial que se desarrolló en julio de 2015.
Ahora, el fiscal federal Diego Luciani expuso otra arista del actual diputado nacional. Expuso su participación en la toma de decisiones gubernamentales cuando se resolvió pavimentar con fondos del Estado nacional cien cuadras en su ciudad natal, Río Gallegos, en 2014, o la ejecución de obras públicas en su provincia, Santa Cruz, en 2015. Es decir, cuando no era funcionario sino, apenas, el hijo de la entonces Presidenta.
Para entonces, comenzaba a sonar la eventual candidatura de Máximo Kirchner a diputado nacional –se oficializaría semanas después-, al mismo tiempo que ya se había involucrado de lleno en las operaciones comerciales de la familia con Báez, Cristóbal López –que alquiló departamentos y cocheras de la familia presidencial en la ciudad de Buenos Aires-, Osvaldo Sanfelice y la familia Relats, entre otros.
Ese protagonismo comercial, en particular con el presunto testaferro de su familia, quedó evidenciado en el acta de aquel allanamiento de 2015 a sus oficinas, y cuya copia obtuvo LA NACION:
- Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento “D”, del quinto piso de Roca 952, ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
- Una carpeta blanca que en su tapa decía “Carlos Kirchner y Austral Construcciones”, que contenía 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y la constructora, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, un ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal que figura entre los acusados en la llamada “causa Vialidad”.
- Dos contratos de locación entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
- Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 vendieron a la constructora de Báez, como también reveló LA NACION.
Los hallazgos del allanamiento no se agotaron ahí. También se secuestró una carpeta de color marrón que en su tapa decía calle “Roca 952, 5to, ‘D’” de Río Gallegos, que contenía tres facturas (186, 171 y 158) “emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones”. También, fotocopias de los cheques numerados 01709361 a 01709365. Y una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y la constructora insignia de Báez.
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