Mesa Judicial. El fiscal que pidió el “ciberpatrullaje” justificó el peritaje y advirtió sobre “interferencias”

El fiscal federal Franco Picardo que pidió analizar las opiniones negativas de Mauricio Macri sobre jueces y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó en la causa en que investiga a la Mesa Judicial de Cambiemos justificó ese peritaje al señalar que ya recibió una docena de testimonios de “víctimas” de las presiones del macrismo sobre la Justicia, señaló que este estudio es una evidencia entre otras y advirtió al procurador Eduardo Casal que buscan interferir con su independencia e inmiscuirse en su investigación.

Picardi presentó un escrito de 16 carillas ante el Procurador Casal que le dio trámite a una presentación que realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad en la que sugirió que podría caber alguna investigación sobre la conducta del fiscal y pidió suspender la medida, El Procurador dijo que no se podía tomar esta determinación pues se violaría la independencia del fiscal, y en todo caso le informó sobre la presentación ante la eventualidad que quisiera hacer comentarios.

Picardi sostuvo que el Colegio de Abogados de la Ciudad hizo “afirmaciones equivocadas y vagas” que “carecen de fundamentos”. Indicó que ya ha reunido las declaraciones, en carácter de “víctimas”, de 14 magistrados y magistradas, nueve de ellos en funciones. Declaró la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

Dijo el fiscal que en cuatro ocasiones precisó el objeto procesal de la causa que consiste en investigar supuestas presione sobre magistrados para obtener resoluciones convenientes al Gobierno, que incluían, dijo declaraciones peyorativas y diseño de estrategias comunicacionales para desacreditar a estos jueces. EL recientemente nombrado juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, otra “víctima”, que investigó a Macri por espionaje, habló de hostigamientos mediáticos y Eduardo Freiler, otro camarista “víctima”, se quejó de las críticas del expresidente. Indicó el fiscal que la “hipótesis criminal” fue entonces trabajar sobre “el diseño de estrategias comunicacionales de funcionarios o allegados a la gestión de Gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre los años 2015 y 2019″. Y sumó ocho “víctimas” más que se quejaron de “acusaciones públicas por parte de funcionarios determinados e intimidaciones públicas”.

Dijo Picardi que el “ciberpatrullaje” que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, es una medida que “pretende corroborar o desacreditar los dichos de las víctimas” para “determinar o descartar hipótesis delictivas vinculadas a coacciones u hostigamientos mediáticos y/o públicos de modo organizado, intencional y direccionado” por parte de los funcionarios macristas investigados, “en vinculación directa, con las presiones privadas, institucionales y personales que también manifiestan haber sufrido y sobre las cuales se han realizado otras medidas de prueba”.

“la medida de prueba pretende ser respaldatoria y analizada integralmente, como parte de un entramado más complejo. No busca constituirse en una evidencia autosuficiente para fundar ningún tipo de acusación delictiva particular en torno a apreciaciones que allí pudieran manifestarse y posibles vinculaciones con delitos de calumnias e injurias”, dijo el fiscal.

Picardo aseguró que la medida que pidió “no vulnera la libertad de expresión, ni los preceptos de intimidad y privacidad” y sostuvo que ese derecho “se mantiene incólume, pues no hay en juego riesgos de censura ni acusaciones penales promovidas por conductas que se ciñan aisladamente a las manifestaciones de una persona”.

“El segmento de producción de prueba que se repudia o cuestiona no se erige cualitativa ni aisladamente como prueba directa de cargo, por calumnias o injurias; antes bien, y como fue explicado acabadamente, busca ser ponderada en conjunto con otras evidencias para determinar si existieron efectivamente coacciones programadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, para hostigar, amedrentar o presionar a magistrados y magistradas en cumplimiento de funciones. Es decir, acreditar o desacreditar presiones sistémicas de diversa índole, entre ellas, las públicas”, escribió el fiscal.

Advirtió el fiscal que la presentación del Colegio d Abogados de la Ciudad “perseguiría interferir indebidamente y en base a sustentos falaces” en su investigación. Y reiteró que su conducta “podría constituir un intento de intromisión institucional, cuya ilegitimidad se deriva de la cualidad misma de la petición y del rasgo de exposición de la causa en la que han pretendido inmiscuirse”.

“De un lado, hay catorce magistradas y magistrados -entre quienes nueve permanecen en funciones- que han presentado denuncias y declaraciones testimoniales, y del otro, cuatro ex funcionarios públicos y allegados del Poder Ejecutivo Nacional -Germán Garavano, Pablo Clusellas, Jorge Triaca y Fabián Rodríguez Simón- y una diputada nacional -Graciela Ocaña-, que se han constituido como partes imputadas junto a sus defensores de confianza”, recapituló.

Y advirtió que la presentación de los abogados “sin información, ni respaldo real” al solicitar la interrupción del peritaje “podría constituir una interferencia cabal a la independencia de actuación funcional del Ministerio Público Fiscal, que mantiene protecciones constitucionales y convencionales específicas”.