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Negociación con el FMI: Guzmán les pedirá a los gobernadores que ayuden a financiar el déficit de la Nación
Las provincias tienen superávit mientras que el Gobierno central tiene rojo; los excedentes ya están invertidos en plazos fijos en bancos oficiales y bonos del Tesoro
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. Mientras desde la Casa Rosada siguen las tratativas -hasta ahora frustradas- con los gobernadores para sumar a los de la oposición a la reunión de mañana con Martín Guzmán para que los informe sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en algunas provincias se baraja que el ministro blanqueará el ajuste que se debe hacer para avanzar y, por algunas señales, entienden que les pedirá que con sus superávits ayuden a financiar a la Nación.
Para quitarle visos “políticos” a la reunión la Rosada decidió cancelar la invitación a empresarios y sindicalistas y los funcionarios insisten en que será un encuentro informativo. La idea de que las provincias “financien” a la Nación apunta a que usen su superávit primario para la compra de bonos del Tesoro.
LA NACION consultó a cuatro ministros de Finanzas provinciales y a dos economistas que siguen los números subnacionales y hay coincidencia en que los gobernadores ya dejan sus “ahorros” en los bancos oficiales o bien los destinan a bonos del Tesoro Nacional. “No hay alternativas, no hay otras opciones para ese dinero. ¿Compraríamos dólares en el mercado paralelo? ¿Acciones de empresas privadas?”, ironiza un funcionario.
Según fuentes oficiales, en el consolidado de provincias existió un superávit primario de 0,7% del Producto Bruto en el primer semestre de 2021, mientras el resultado financiero fue del 0,56% del PIB en igual período. Es una situación fiscal mejor que la del sector público nacional, que en 2021 exhibiría un déficit primario cercano al 4% del PIB (sin contar los ingresos extraordinarios).
Un ministro de un distrito opositor especuló con que si el pedido se hace podría ser como un mecanismo de “negociación” a cambio de giros o transferencias. “La no aprobación del presupuesto 2022 deja a los gobernadores más expuestos a las decisiones arbitrarias que lo que están de costumbre”, agrega.
Los topes a los impuestos establecidos en el Consenso Fiscal para este año deja a la mayoría de los gobernadores con espacio para subir la carga impositiva. Más allá de sus compromisos públicos de que no lo harán, tienen la facultad. Es una vía a la que pueden echar mano si quieren sostener el superávit primario que presenta la casi totalidad de las provincias.
“La mayoría de los excedentes están en Fondos Comunes de Inversión que tienen buena parte en bonos del Tesoro; directamente en esos bonos o en plazos fijos de bancos oficiales que terminan en encajes del Central -describe un funcionario de una provincia de las más grandes-. Si se emitiera un bono nuevo para financiar a la Nación, se debería salir de una inversión de estas para ir al nuevo”.
La otra pregunta que se hacen los ministros es hasta cuándo habrá superávit fiscal, en especial en los distritos menos dependientes de los giros nacionales. Hay algunas entre esas que tienen ahorradas hasta cinco nóminas salariales, allí podría apuntar la idea de Guzmán, al “flujo” y no al stock.
Análisis económico
Marcelo Capello, economista del Ieral, aporta a este diario un análisis técnico; describe que contar con superávit financiero no significa necesariamente tener excedentes de libre disponibilidad por parte de los gobiernos provinciales. Al existir muy poco financiamiento disponible para las provincias en los últimos tres años -2021 no fue la excepción-, las amortizaciones de deudas deben realizarse con el superávit financiero del período, y/o con excedentes de los anteriores.
Aunque no existen datos de todos los distritos, grafica con el caso de Córdoba, que entre enero y setiembre pasados tuvo un superávit financiero de $59.445 millones pero, a la vez en las transacciones “bajo la línea”, exhibió un financiamiento neto negativo de $50.915 millones. Es decir, pagó más deuda que la que tomó en el período, por lo que el excedente fue de $8.530 millones (14% del superávit financiero original). Capello aclara que, además, esos recursos podrían haberse usado para otras obligaciones, como la deuda flotante.
Capello ratifica lo que dicen los ministros respecto de los destinos de los excedentes. Si este año se usaran para financiar al Tesoro Nacional, señala que debe considerarse un efecto extra: los bancos oficiales provinciales pasarían a tener menores depósitos y, por ende, menor capacidad prestable para los privados. “Se desplazaría el crédito a privados, en forma similar a cómo los préstamos de bancos en general al Central BCRA lo hicieron a nivel nacional”, resume.
Otra posibilidad es que la Nación podría enviarles menos transferencias discrecionales en vez de pedirles que la financien. Claro que Capello admite esta salida “podría castigar” a las más ordenadas. Una alternativa más es que este año y los próximos no se refinancien las deudas de provincias con Nación y así la Rosada se hace de recursos sin necesidad de pagar intereses a provincias.
“Eso iría en contra de un comportamiento típico en Argentina: que las provincias nunca pagan sus deudas a la Nación, lo que genera el problema de que éstas gastan y se endeudan, cuando pueden, con la Nación porque saben que nunca pagarán”, especifica.
El otro planteo del economista va sobre un punto que los ministros de la oposición marcaron: si en el 2021 hubo superávit y se repetiría este año, “¿para qué se las autorizó en el nuevo Consenso a que suban impuestos o creen algunos nuevos; para que luego le presten sus excedentes al Tesoro Nacional? Si así fuera, el que paga es el sector privado, y la economía como un todo con menor crecimiento a largo plazo”.
