No hay funcionarios acusados por el fraude con las casas de las Madres

Fueron 1126 los millones de pesos que manejó, con serias sospechas de fraude, la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Lo anunció esta semana el juez Norberto Oyarbide y es bastante más de lo que se creía hasta ahora. Todos esos fondos salieron de las arcas del Estado nacional. No obstante, la Justicia no avanza contra ningún agente del Gobierno.

Entre los procesados el jueves pasado no hay funcionarios. Según el juez, existió una asociación ilícita que desvió millones de pesos desde dentro de l a fundación que preside Hebe de Bonafini , a quien por ahora la Justicia tampoco le endilga responsabilidades. Por eso, Oyarbide acaba de citarla en carácter de testigo. Al frente de esa supuesta banda estuvo Sergio Schoklender.

En cuanto a los funcionarios, su actuación es objeto de una causa paralela, en la que no hubo llamados a indagatoria ni existen siquiera imputados; es decir, no hay nadie acusado con nombre y apellido.

Ese expediente se abrió por una denuncia contra el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y Bonafini, por posibles sobreprecios e irregularidades en el otorgamiento de las obras, sin licitación, a la Fundación. Está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, nombrado juez en noviembre pasado por la presidenta Cristina Kirchner, después de haber sido juez subrogante durante años.

En esa causa se pidieron pilas de documentos a todo el país, pero el juzgado está esperando, desde hace más de un año, el resultado de un estudio integral que está haciendo la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las obras de la Fundación y la ruta del dinero.

Un funcionario que trabaja en el caso explicó a LA NACION que la denuncia que dio origen a esta causa es tan "indeterminada y vaga" que no hay forma de investigarla sin auditar toda la gestión de los fondos asignados al programa Sueños Compartidos, el que destinado a levantar viviendas a través de Madres de Plaza de Mayo. La denuncia incluye supuestos sobreprecios, irregularidades en las contrataciones y deficiencias en la calidad de las viviendas construidas.

El objetivo de la auditoría es igualmente ambicioso: la AGN debe revisar todo el marco jurídico de los contratos, seguir la ruta del dinero para las viviendas, investigar cómo se gestionaron las obras y estudiar la "razonabilidad" de los costos.

La defensa del Gobierno es que fueron funcionarios distritales quienes firmaron los contratos con la fundación y certificaron las obras. Pero quedaba en cabeza de las autoridades nacionales el control final y la liberación de los pagos.

"Son las jurisdicciones las encargadas de contratar y de controlar", alegó el entonces subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, en el Congreso. Fue el 9 de junio de 2011, cuando él y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, admitieron que no hubo controles directos de la Nación sobre las casas, pese a que podrían haber existido.

"La Subsecretaría realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del Plan de Obras y la Curva de Inversión, comprometiéndose la Fundación a facilitar las tareas respectivas", dice uno de los convenios. El argumento de los funcionarios nacionales es que ellos sólo pagaban a medida que los locales iban certificando. Los municipales advirtieron, sin embargo, que recibían las partidas con la directiva de contratar a la Fundación.

Hoy, nadie defiende a Schoklender en el Gobierno, pero él tuvo durante años relación directa con figuras centrales del kirchnerismo. Fatala era uno de sus interlocutores dilectos. También Amado Boudou caminó de su brazo cuando aspiraba a ser candidato a jefe de gobierno porteño. Tales eran sus conexiones que Schoklender llegó incluso a presentar en la explanada de la Casa Rosada sus modelos de viviendas prefabricadas.

Los funcionarios del Gobierno se despegaron de él casi desde el primer momento, cuando dejaron de desmentir las sospechas de manejos irregulares en la fundación. Desde entonces, lo que le importó a la Casa Rosada fue que Bonafini quedara fuera de las acusaciones de fraude y que la causa contra sus funcionarios no les trajera problemas. Hasta ahora, no le trajo ninguno.