¿Ñoquis involuntarios? Testigos juraron que no sabían que habían sido contratados en la Legislatura bonaerense

Mientras la Justicia platense decide abrir el celular del puntero del PJ Julio Rigau, sorprendido mientras cobraba el sueldo de medio centenar de empleados de la Legislatura bonaerense, en lo que se supone una maniobra para financiar la política, la fiscalía obtuvo testimonios de personas que declararon bajo juramento que no sabían que estaban contratados en la Cámara de Diputados provincial y menos aún, que alguien percibía su salario por ellos.

Como la causa sigue en pie hasta tanto el controvertido fallo sea revisado por la Casación bonaerense, la fiscal Betina Lacki siguió tomando declaración a los damnificados. Ya declararon al menos 16 de los 48 dueños de las tarjetas de débito halladas en poder de Rigau y algunos dijeron que realmente no sabían que estaban contratados en la Legislatura como empleados.

De acuerdo a lo señalado por fuentes judiciales, otros testigos señalaron que ellos habían entregado sus tarjetas para que otros sacaran el dinero, y les entregaban a cambio un recibo por trabajo en blanco, con obra social y aportes, pero solo cobraban una pequeña suma de lo que les depositaban. El salario promedio era de unos 400.000 pesos al mes y por cada tarjeta Rigau podía sacar 30.000 pesos en cada extracción.

En tanto, la ONG Poder Ciudadano se presentó como particular damnificada en la causa. Su director ejecutivo Pablo Secchi, acudió ante el juez de garantías Guillermo Atencio y pidió que esa organización ni gubernamental fuera tomada como querellante.

La presentación obedece a que “Chocolate” Rigau, como se conoce al electricista de la Legislatura, detenido con las tarjetas de débito mientras sacaba plata del cajero de las cuentas de los empleados fantasma, fue liberado porque los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes anularon la causa en su contra al interpretar que la policía se entrometió en la intimidad del puntero del PJ cuando lo detuvo sin razones válidas.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense ya analiza la denuncia contra los dos jueces que liberaron a “Chocolate” Rigau. El expediente, iniciado por la denuncia de los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico, ingresó al máximo tribunal en la oficina de Control Disciplinario, que ahora podría iniciar un sumario para analizar si el fallo cumple con las normas o si corresponde sancionar a los magistrados.

Los denunciantes pidieron la remoción de los jueces Benavídes y Villordo por mal desempeño en sus cargos. El procurador bonaerense Julio Conte Grand elevó la denuncia a la oficina de control de la Suprema Corte. Es un trámite diferente al del juicio político contra los magistrados.

Una vez que se ratifica la denuncia contra los jueces, se inicia en la área de control disciplinario un procedimiento de información sumaria. Se nombra a un abogado instructor que hace la investigación sobre la conducta de los jueces. Si cometieron una falta, el instructor le corre trasladado al juez investigado para que haga su descargo. Finalizado el proceso, el instructor hace un dictamen: recomienda archivar el caso sin sanción o por el contrario propone aplicar una sanción disciplinaria.

La más grave se llama “reprensión”. Eleva el asunto y los jueces de la Suprema Corte deciden la sanción a aplicar al juez. Pero si el máximo tribunal bonaerense entiende que se trata de una conducta que supone un nivel de gravedad superior a una falta disciplinaria, entonces envía las actuaciones al procurador de la provincia para que evalúe si corresponde iniciarle un jury de enjuiciamiento a los magistrados. La reprensión es una falta disciplinaria.

El fiscal ante la Cámara de Casación Héctor Vogliolo ya hizo reserva ante la Cámara y avisó que va a apelar este fallo, criticado a coro por el mundo jurídico como una aberración motivada políticamente. El fiscal tiene 20 días para apelar.

De modo de ejercer más presión y seguir de cerca los pasos de la causa, se presentó Poder Ciudadano en la causa y planteó con un escrito ante la Cámara de Casación que como pretenso querellante hacía reserva de su derecho a apelar la anulación del caso. La ONG dijo que en sus estatutos está la misión de “apoyar e impulsar proyectos o investigaciones tendientes a lograr una mayor transparencia y eficiencia de los procedimientos judiciales y/o administrativos” y que la organización tiene un legítimo interés y “compromiso en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, lo que sin dudas, incide y comprende a la labor judicial”.

Ya hay antecedentes donde Poder Ciudadano fue considerada querellante ante la Justicia federal platense en defensa de intereses colectivos o difusos.

El fallo de los jueces Benavides y Villordo intentó matar la causa y llegó en momentos en que el expediente ascendía en responsabilidades. De hecho, la coordinación de los contratos en la Legislatura es del Frente Renovador, con intervención del presidente de la Cámara, pero luego todos los espacios políticos tienen contratos, dijo una fuente de la investigación que señaló que “empleados fantasma” hay en todos los partidos que de este cuerpo legislativo.

En tanto, la Justicia se quedó con el teléfono celular de Rigau, un verdadero tesoro que puede revelar sus mensajes con los que lo enviaban a hacer los cobros y permitiría apuntar la causa hacia arriba en la escalera de responsabilidades. “Están por abrir el teléfono”, dijo a LA NACION una fuente cercana a la investigación.

La fiscal Lacki le pidió al juez Atencio autorización para la apertura del teléfono, ya que se trata de una medida de prueba que afecta las garantías y será el magistrado el que decida. La Procuración bonaerense cuenta con tecnología para la apertura del celular apenas esté el permiso del juez. Esta maniobra de fraude con los salarios ya fue objeto de otros expedientes; en uno de ellos el caso se archivó y en otro hubo condenas.

Por Hernán Cappiello

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