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Nueva dilación: dos jueces vuelven a chocar por el control de otra causa ligada a la AFA por supuesto lavado
El magistrado Amarante rechazó un nuevo pedido de González Charvay, de Campana, el preferido de los acusados; decidirá la Cámara de Casación
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LA NACIONHernán Cappiello
Otra vez la Justicia en lo Penal Económico y la Federal de Campana chocaron para decidir a quién le corresponde investigar una causa relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesto lavado de dinero.
Los planteos terminaron en la Cámara Penal Económico, por un lado, y en la Cámara Federal de San Martín, por el otro, por lo que a la postre terminará por resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
Este caso referido a la AFA es uno iniciado en Santiago del Estero, donde el fiscal original del expediente, Pedro Simón, llegó a pedir la detención e inhibición de bienes del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. Los acusó de usar empresas fantasma y redes de sociedades vinculadas a Toviggino para desviar fondos de la AFA.
El caso terminó en el juzgado en lo penal económico de Diego Amarante. Pero su colega de Campana, el juez federal Adrián González Charbay, le pidió inhibirse porque señaló que en su juzgado tramita un caso similar y no puede perseguir dos veces a los mismos acusados por los mismos delitos.
Amarante rechazó el pedido de Gonzalez Charvay, que planteó el incidente de competencia y lo elevó a la Cámara Federal de San Martín, que en el pasado ya le dio la razón, aún contra el rechazo de los fiscales que intervenían en el caso.
En paralelo, Amarante también elevó el problema a la Cámara en lo Penal Económico, por lo que el asunto deberá dirimirse en la Cámara Federal de Casación, superior común de ambos.
Este tribunal, el máximo en asuntos penales por debajo de la Corte, se reunirá el miércoles 12 de agosto para decidir nuevamente quién debe investigar a la AFA pero en otras causas, por los mismos delitos, supuesto lavado y supuesta defraudación.
El juez Amarante entiende que es la Cámara Penal Económico la que tiene decisión sobre quién debe comandar la investigación y González Charvay considera que es la Cámara Federal de San Martín. Ambos tribunales son superiores jerárquicos de cada juez, respectivamente.
Esos fallos son un capítulo más de la guerra de competencia por los expedientes que rodean a la AFA, que, pasados ocho meses, no encuentran un juez que los investigue definitivamente.
Esto se explica por el poder de los actores y los intereses en juego que prolongan esta disputa de competencia sin que nadie avance a fondo con ninguna de las denuncias.
La única causa que avanzó hasta el procesamiento de Tapia y Toviggino, confirmado por la Cámara Penal Económico es la que llevaron adelante el juez Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial por la supuesta apropiación de aportes previsionales por 19.000 millones de pesos.
El denunciante del caso es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que amplió luego la denuncia contra la AFA por presunta facturación apócrifa.
La estrategia de las defensas, resistida por fiscales y querellantes, apunta a unificar todos esos legajos en Campana, lejos de los tribunales especializados en delitos económicos de la Ciudad.
La causa por la mansión de Pilar, valuada por peritos oficiales en torno a los 20 millones de dólares y cuya titularidad formal recae en Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros, quedó en el Juzgado Penal Económico N° 10, hoy a cargo de Verónica Straccia.
La jueza delegó ese expediente en el fiscal Navas Rial, que pidió una batería de medidas de prueba mientras la Cámara de Casación define la semana próxima dónde se queda ese caso.
El último expediente que genera controversia fue iniciado el 19 de marzo, a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas. Allí se describe un circuito que, según la acusación, comienza con el desvío de fondos desde el exterior hacia empresas intermediarias, que ingresaba a financieras del microcentro, se contabilizaba en efectivo en un estudio jurídico porteño y terminaba en la sede de la AFA o en un departamento de Recoleta.
González Charvay había reclamado la inhibitoria el 3 de julio, desde la causa originada en una denuncia radicada en Santiago del Estero y luego remitida a Campana.
El magistrado sostuvo que en ambos expedientes se investiga “el presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas sin contraprestación”.
El fiscal Juan Andrés Moldes se pronunció el 17 de julio por el rechazo. Advirtió que, de existir una vinculación entre los expedientes, la solución no era enviar la causa a Campana, sino conectarla con la investigación más antigua y de mayor amplitud, que es el expediente de la casona de Pilar.
En los tres legajos, subrayó, aparecen las mismas personas físicas y jurídicas, lo que impone evitar la dispersión de investigaciones que comparten una misma plataforma fáctica.
Amarante argumentó que debe quedarse con el caso porque la única hipótesis delictiva vigente es una presunta defraudación en perjuicio de la AFA. En Santiago del Estero desestimaron el requerimiento de instrucción por lavado de activos y asociación ilícita antes de declararse incompetentes.
Por eso, el planteo de Campana “prescinde de aquel límite” y afirma una identidad de objeto con la causa porteña que “no se deriva de las constancias procesales”, dijo Amarante.
Amarante insistió en que la competencia territorial se define por el lugar de comisión de los hechos, la ciudad de Buenos Aires. Aunque la AFA cambió su sede social al partido de Pilar, para evitar los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ), siguió desarrollando su actividad central en la Capital Federal, dijo el juez.
Además, estimó que una defraudación en perjuicio de una asociación civil es un delito de competencia ordinaria y no federal.
Ahora será cada Cámara, la Penal Económico y la de San Martín, la que se pronuncien y, eventualmente, la Cámara Federal de Casación la que defina.
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