Ofensiva contra el poder territorial de Pro: LLA presiona por recortes en la Ciudad y apunta contra los comuneros
Los libertarios presentaron una reforma para que el 86% de los cargos sean ad honorem; el macrismo denuncia que lleva a una concentración de poder y dificulta la atención vecinal
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La Libertad Avanza (LLA) presiona por recortar gastos en la ciudad de Buenos Aires y arremetió contra una de las principales unidades de política territorial: las juntas comunales. El partido de Javier Milei impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para reformar la ley de comunas y que el 86% de sus integrantes cumplan funciones ad honorem. El proyecto tensiona aún más la relación con Pro, que rechaza los cambios en una de las áreas donde concentra mayor injerencia.
La Capital Federal está dividida en 15 comunas. Se trata de unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial encabezadas por una junta comunal de siete miembros: un presidente con facultades ejecutivas y seis comuneros. Es decir, en total, la ciudad cuenta con 105 representantes locales.
Ahora, LLA busca avanzar sobre esa estructura. El artículo 30 de la Constitución de la ciudad fija el número de integrantes de la junta comunal, por lo que achicar esa cifra −como pretendía originalmente el partido violeta− requeriría de una mayoría especial de 40 votos. Para sortear esta dificultad, en el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, optaron por un camino alternativo.
“Desde LLA estamos presentando un proyecto para reformar la ley de comunas con el cual estamos buscando que solamente cobren los 15 comuneros que tienen funciones ejecutivas y que el resto tengan cargos ad honorem, para porteños que realmente quieran participar”, aseguró Pilar Ramírez en sus redes sociales.
Así, el 86% de los cargos actuales pasarían a tener costo cero para el Estado. Bajo el esquema propuesto, solo los presidentes de comunas continuarían percibiendo una paga mensual.
Según estimaciones de LLA, el gobierno de Jorge Macri hoy gasta alrededor de $5300 millones al año en salarios para las juntas comunales. Según establece la ley 1777 de Comunas, aprobada en 2005, a cada comunero le corresponde un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño. El presidente del órgano, en cambio, percibe el 70%.
Según reconstruyó LA NACION, hoy en día, un comunero cobra, por mes, alrededor de $4 millones netos. Si se toma como referencia esa cifra, los 90 comuneros −seis por cada una de las 15 juntas, excluyendo a su presidente− representan un gasto mensual total neto de al menos $360 millones.
Es el costo que LLA pretende eliminar y que, según sus estimaciones, podría ascender a $380 millones mensuales. “Menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños”, afirman en el bloque. En un año, según los cálculos de este medio en base a los valores netos, el ahorro sería de $4320 millones, lo que representa el 0,02% del presupuesto total de la ciudad, que, para 2026 y sin la ampliación prevista, ronda los $17,3 billones.
Más allá del argumento económico, en el partido violeta se apoyan en una agenda que busca maximizar la eficiencia estatal y la simplificación de estructuras. En línea con lo que plantea Javier Milei a nivel nacional −pero ajenos a las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los gastos no declarados de los funcionarios nacionales de La Libertad Avanza− pretenden avanzar sobre lo que consideran “cargos sin contenido”. Sucede que, con un proceso descentralización que aún no se completó en su totalidad, las comunas todavía cuentan con facultades propias limitadas.
Actualmente, las juntas comunales tienen dos funciones centrales: arbolado −desde poda y reposición hasta mantenimiento de veredas aledañas− y cuidado de los espacios verdes. Son las competencias exclusivas de estos órganos descentralizados.
Según explicaron comuneros a LA NACION, se encargan también de preservar el patrimonio cultural de los distintos barrios y realizar relevamientos en materia de seguridad, escuelas, hospitales, transporte y grandes obras urbanas para elevar a la jefatura de gobierno. Comparten, así, competencias con el Poder Ejecutivo central y funcionan como un primer nexo entre el vecino y la cúpula porteña.
En este contexto, en LLA apuntan contra la superposición de funciones y relativizan la efectividad de las comunas para acercar las demandas de la ciudadanía al gabinete macrista.
“La experiencia acumulada permite afirmar que la percepción de los porteños −lejos de ser exagerada− es que las comunas han operado, en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial”, argumentan en el proyecto remitido a la Legislatura a mediados de abril.
En Pro lo desmienten. “Cuando la comuna cuenta con el financiamiento y las atribuciones adecuadas es una herramienta excelente, pero vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta”, sostuvo Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a LA NACION.
El funcionario porteño y armador de Pro a nivel nacional consideró que la iniciativa libertaria “propone un alejamiento peligroso de la agenda real del vecino”. “Al convertir el trabajo de seis de los siete comuneros en una tarea ad honorem y centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta, se rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio”, continuó.
Entre los comuneros amarillos hay malestar por el proyecto que apunta contra su trabajo diario y rompe con la lógica colegiada amparada por la Constitución. Es que, en la práctica, la reforma propuesta termina concentrando el poder en una única figura.
En términos políticos, no es un dato menor. En la bancada que conduce Ramírez se jactan de haber salido primeros, en los comicios locales de mayo pasado, en nueve de las 15 comunas frente a Pro y Fuerza Patria. En LLA confían en poder replicar ese resultado el año que viene, cuando se deba elegir jefe de gobierno, 30 legisladores y 105 comuneros.
De lograrlo, podrían quedarse con la presidencia de la mayoría de las juntas comunales y poner en jaque la influencia territorial que hoy ostenta Pro. Con el presidente comunal concentrando todo el poder de decisión, los demás miembros perderían centralidad.
Bajo la configuración actual, producto de las elecciones de 2023, el partido de Milei cuenta con 12 comuneros. De acuerdo al proyecto impulsado por LLA en la Legislatura, ninguno de ellos percibiría un ingreso mensual dado que ninguno preside una junta. La mayoría de las presidencias (13 de 15) están en manos de los exaliados de Juntos por el Cambio −Pro y UCR−, mientras que el PJ preside las dos restantes. En las próximas elecciones, de replicarse los resultados del 2025, esa distribución podría cambiar radicalmente.
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