Ordenan levantar una toma en Jujuy

SAN SALVADOR DE JUJUY.- La justicia provincial ordenó ayer el desalojo de los terrenos privados usurpados por empleados y obreros municipales, liderados por Carlos "el Perro" Santillán, y dispuso que la medida deberá ejecutarse en un plazo no superior a 20 días.

El fiscal Alejandro Maldonado informó que la decisión deberá ser cumplida por el juez Raúl Gutiérrez, una vez que estén dadas las condiciones para "garantizar la integridad" de las personas que ocupan las tierras y de la policía.

Un vocero oficial le anticipó a Santillán que habría una orden de desalojo, pocos minutos antes de que se hiciera pública, en lo que pareció ser una última negociación. Pero el titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) se negó. "Tenemos a la gente con necesidades. ¿Cómo querés que acepte 60 lotes si acá tengo 3000 personas?", se quejó Santillán en el teléfono frente a esta cronista. "Dijo que acatemos o a atenerse", le comentó por lo bajo a otro dirigente del sindicato.

Maldonado informó del desalojo junto con el fiscal general, Alejandro Ficoseco.

A comienzos de esta semana, más de mil personas usurparon un terreno privado de la familia Issa, a 30 cuadras de la Casa de Gobierno. En las últimas horas, tomaron parte de una finca lindante, propiedad de los Orías, reveló la Justicia.

A raíz de este hecho, Santillán está imputado por usurpación, junto con cinco sindicalistas, entre ellos, Yolanda Canchi, titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA). El fiscal los citó para el lunes a una declaración indagatoria.

La usurpación fue repudiada y generó críticas cruzadas. "Nunca pensamos llegar a esta situación. No nos dejaron alternativa, por eso estamos acá", criticó Santillán, quien junto con Canchi quería evitar que corriera "ni una gota de sangre". El hecho refrescó la rivalidad entre el SEOM y Milagro Sala, aliada del kirchnerismo. Según criticó Santillán, el gobierno de Eduardo Fellner le dio a la Organización Tupac Amaru planes de viviendas y terrenos de manera privilegiada.

Desde el sector de Sala rechazaron otras acusaciones de Santillán y dijeron que son "denuncias mediáticas" y parte de la campaña electoral del radical Gerardo Morales.

Sin intención de irse

A lo largo de más de 100 hectáreas y sobre la ladera de un cerro, cientos de personas -abuelos, hijos, nietos- permanecían ayer asentadas ilegalmente con sus carpas y refugios armados con plásticos.

"¿Se sabe algo?", preguntó una señora al ver pasar a Santillán. "¿Hay solución?", indagó otra. Ante la respuesta negativa, la mujer comentó: "Hay que estar preparados, entonces". "¡Estamos con usted hasta las últimas consecuencias; fuerza, a no aflojar!", le gritó un hombre al líder sindical, desde otra carpa.

Las noticias corrían como teléfono descompuesto, en medio del monte. "Vayan juntando piedras", decían unos a otros, cuando creyeron por un momento que la policía los sacaría ayer a la fuerza.

Mientras cocinaba arroz con salsa de mondongo, Olga, de 53 años, se mostró esperanzada. Explicó que alquila una casita en un barrio cercano y que vive de lo que vende en la calle. "Que nos den un techo, pero para mis hijos y mis nietos -dijo-. Tenemos que hacer esto para que nos escuchen", se quejó.

Desde el comienzo de la usurpación, la policía montó una guardia que ayer se mantuvo con una veintena de efectivos, fuera del asentamiento. Los gremialistas impidieron el ingreso de vehículos y sólo dejaban ingresar a los que traían alimentos. Ayer todos permanecían en sus lugares. Algunos habían delimitado pedazos de tierra con hilos, palos y cintas. La intención, a pesar de la orden judicial, era quedarse.