Pandora Papers: empresarios arrepentidos y procesados en la causa cuadernos, con sociedades y fortunas offshore

Algunos desfilaron por Comodoro Py para calzarse los trajes de arrepentidos; otros fueron procesados pero luego sortearon los escollos judiciales. Todos debieron enfrentar al entonces juez federal Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas y sus investigaciones derivadas por pagos indebidos al kirchnerismo. Los Pandora Papers ahora demuestran que muchos de los empresarios investigados por corrupción también acudieron a estructuras offshore para resguardar sus fortunas lejos de la Argentina, ordenar su sucesión, saltear los problemas reputacionales derivados de sus vínculos con el exgobierno o realizar otros negocios.

Enrique Pescarmona, Claudio Glazman, Osvaldo de Sousa, Aldo Roggio y Jorge Juan Mauricio Balán enfrentan embargos judiciales por un total de $620 millones en la causa cuadernos, mientras que Mario Cirigliano vio revocado su procesamiento. Todos recorrieron la senda offshore en paraísos fiscales. En algunos casos, abrieron cuentas bancarias para girar fondos al exterior que, de ser condenados, podrían resultar de interés para la Justicia, según corroboró el equipo argentino de ICIJ, que integran LA NACION, Infobae y elDiarioAR.

El histórico mandamás de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa) debe enfrentar un juicio por 13 casos de “cohecho activo” (pago de sobornos). En abril de 2018, Enrique Pescarmona había dado un paso al costado en su empresa tras varios años de default, pero solo cuatro meses después se convirtió en uno de los empresarios arrepentidos más relevantes cuando admitió que su empresa pagó al Ministerio de Planificación 2,98 millones de dólares en conceptos indebidos. Dijo que lo marginaron de las licitaciones y que la injerencia del kirchnerismo le impidió que prosperaran sus negocios en Venezuela. La Justicia acreditó que entre 2008 y 2013 su empresa pagó sucesivas coimas en el hotel Feir’s Park y en un inmueble en Libertad al 1500.

Vinculado a un extensísimo entramado de firmas offshore, en los Pandora Papers, Pescarmona figura junto a sus hermanas como controlante de Insider Holdings Ltd, creado por Alcogal en Islas Vírgenes Británicas. Según figura en los formularios, la compañía canalizó “honorarios como directores de sociedades anónimas y renta de inmuebles” de sus beneficiarios finales. En marzo de 2018, en la época en la que el empresario se corrió de la conducción de Impsa en Buenos Aires, sus 25.000 acciones en Insider Holdings Ltd se redistribuyeron entre él y sus tres hijos.

El entramado offshore de los Pescarmona, sin embargo, es mucho más complejo. Abarca una serie de firmas panameñas y de Islas Vírgenes abiertas entre 2007 y 2016, que tienen controles accionarios unas sobre otras, como un juego de mamushkas rusas. Entre ellas, Avondale Busines SA, Servicios Integrales Internacionales SA, -con cuentas en el MMG Bank Corporation-, Sealong Overseas SA, Yelverton Trading SA, Sitrack.com Panamá Ltda y Vinsyl Financing Corp.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde la familia Pescarmona respondieron que “las sociedades obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a la actividad comercial internacional”. “Han sido declaradas conforme la legislación aplicable para cada caso”, añadieron. Pero se negaron a mostrar las declaraciones juradas: “Dado el carácter confidencial y privilegiado de la documentación sentimos no poder compartirla”.

Osvaldo De Sousa enfrentará un juicio en un expediente derivado del caso cuadernos por el pago de sobornos a empresas constructoras. La Justicia dio por probado el esquema recaudatorio de dinero ilícito a partir de unas planillas aportadas por el arrepentido Ernesto Clarens, el financista del kirchnerismo. La constructora de Indalo, CPC, aparece en los listados de Clarens con seis pagos por $14 millones entre septiembre de 2011 y agosto de 2012. Un fallo de la Cámara Federal consideró a Osvaldo De Sousa “autor material de los pagos”.

El hermano de Fabián de Sousa, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno, abrió una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y una cuenta en Suiza para desarrollar un emprendimiento en Bolivia en 2015, tras desvincularse en malos términos del Grupo Indalo. Según consta en los Pandora Papers, Osvaldo De Sousa fue presidente y único accionista de la firma Lemor Investments Limited.

Según explicó De Sousa al equipo argentino de ICIJ, esa firma de papel controló una cuenta bancaria en el Gonet & Cie Bank, de Suiza, en donde depositó U$600.000 como garantía para obtener, a su vez, un préstamo. ¿Cuál fue el origen de esos fondos? La venta de su parte accionaria en el Grupo Indalo, adujo el empresario.

“En agosto de 2014 me desvinculé de Indalo. Cristóbal López me obligó a firmar un contrato de no competencia de seis años que me impedía trabajar en la Argentina”, explicó. “Debían pagarme en seis cuotas, pero sólo pagaron dos. Parte de ese dinero lo deposité en el Gonet & Cie Bank para desarrollar mi actividad en Bolivia”, agregó. “Tanto la sociedad de Islas Vírgenes como la cuenta en Suiza fueron declaradas ante la AFIP”, dijo De Sousa, quien exhibió documentación para acreditarlo.

Según De Sousa, en 2016 debió desarmar esa estructura financiera. Cuando Cristóbal López quedó bajo la lupa, la entidad suiza ya no quiso tenerlo como cliente, y repatrió los fondos a través del Banco Galicia. Dos años después, el propio Cristóbal López lo señalaría ante la Justicia como el autor material del pago de coimas al kirchnerismo.

Aldo Roggio creó tres sociedades offshore para operar con su familia, a partir de 2017, cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos. Fue meses antes de constituirse en un arrepentido clave de la causa de los cuadernos.

Roggio constituyó en 2016 las firmas offshore Gotland International Limited, Graymark International Limited y Linhill International Limited en Islas Vírgenes Británicas y ubicó a sus hijos como beneficiarios finales. Meses después, en marzo de 2017, abrieron cuentas bancarias en Zúrich, Nueva York y Miami.

En agosto de 2018, en tanto, Roggio confesó ante la Justicia que pagó sobornos al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios que recibía una de sus empresas. “Fue por expreso pedido que él (Jaime) me efectuó en su despacho al inicio de su gestión”, declaró el empresario, y se definió como “un rehén”.

Roggio fue el primero de los empresarios en confesar las coimas en transporte y abrió así otro capítulo de la megacausa cuadernos, por presuntos sobornos en el otorgamiento de subsidios. En ese expediente, Mario Cirigliano -otrora a cargo de las empresas de colectivos dentro del poderoso grupo transportista- fue indagado por Claudio Bonadio. El juez lo procesó en marzo de 2019, pero en julio de 2019 la Cámara Federal revocó esa medida.

En el ocaso del kirchnerismo, en 2015, Mario Cirigliano creó la fundación de interés privado Kelsy Patrimony Foundation en Panamá, a través de Alcogal, para ordenar la sucesión de su patrimonio.

El reglamento de la fundación ordenó que, en caso de su fallecimiento, fueran distribuidos entre su esposa y sus hijos en primer lugar, y sus descendientes, en segundo término, los activos del “patrimonio fundacional”. En caso de fallecimiento de los beneficiarios primarios y secundarios, el dinero iría a la Fundación Nuestro Ángel, destinada a la asistencia de niños con autismo. “La legislación argentina no le permitiría disponer de esa forma de su sucesión”, explicó el empresario ante la consulta sobre por qué decidió acudir a una estructura en Panamá. “Cirigliano cedió su patrimonio de forma irrevocable a Kelsy”, agregaron.

La fundación panameña funciona como un fideicomiso offshore. “Todo está debidamente declarado ante el fisco argentino y de los países en donde corresponde”, dijo a través de sus abogados, pero no quiso ahondar en qué activos dejó en Panamá. Adujo “motivos de seguridad”.

Recordado como el empresario que se quebró y lloró al ingreso a los tribunales, Claudio Javier Glazman está acusado de cohecho y embargado por $60 millones en la causa cuadernos. Director de la empresa Sociedad Latinoamericana de Inversiones, permaneció detenido al inicio de la instrucción causa. Se le imputa cohecho activo en un caso, en calidad de autor.

Glazman aparece en los Pandora Papers en dos documentos ligados a la misma compañía: Real Estate Uy SA creada en Panamá el 9 de agosto de 2012. De acuerdo con los registros de Alcogal, inicialmente tuvo 2.000 acciones de la firma junto a otros cinco accionistas, entre ellos, un familiar suyo. Pronto, el paquete accionario se reformuló y pasaron a formar parte de la sociedad otros diez socios más.

“Real Estate Uy SA fue constituida para adquirir una sociedad uruguaya que poseía un terreno en Punta del Este, pero el emprendimiento inmobiliario no prosperó. En mayo del 2018 Glazman transfirió la totalidad de las acciones”, dijeron sus abogados al equipo argentino de ICIJ. “Todas estas operaciones se han consignado oportunamente ante la AFIP”, aseguraron.

De acuerdo a los Pandora Papers, el titular de la empresa santafesina Industrias Juan F. Secco, Jorge Juan Mauricio Balán, constituyó en 2014 a la firma Apheze SA en Costa Rica, a través de la proveedora de servicios offshore OMC Group. Según figura en el formulario de inscripción, el empresario y su esposa fueron los accionistas de la sociedad, cada uno con una participación de un 50%.

Consultados por el equipo argentino de ICIJ, desde el entorno de Balán apuntaron que Apheze SA fue creada para adquirir un inmueble en Punta del Este. “Dicha inversión fue canalizada por medio de una sociedad ya que, en el caso de una eventual venta, era mucho más ágil la venta de acciones que la transferencia del inmueble”, detallaron, y aseguraron que todo fue debidamente declarado ante la AFIP hasta el 2017, cuando se vendió la propiedad.

Balán fue uno de los empresarios que buscó acogerse a la figura del arrepentido al inicio de la instrucción de la causa cuadernos. Según el pedido de elevación a juicio de Stornelli, el empresario santafecino reconoció bajo la figura del arrepentido haberle entregado $700.000 en septiembre de 2013 a Roberto Baratta y a su entonces secretario Nelson Lazarte, en la intersección de Esmeralda y Juncal, para beneficiar a su empresa. Luego dijo haber realizado un segundo pago en 2015, en el hotel Feir’s Park. El fallo de la Cámara Federal de diciembre de 2018 confirmó su procesamiento por cohecho y le trabó un embargo por $100 millones. En noviembre del año pasado, en tanto, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó su declaración como prueba.

Con la salvedad de Cirigliano, el resto de los empresarios con tramas offshore que figuran en la causa cuadernos afrontan embargos que, de ser condenados, ejecutará la Justicia. El embargo sobre De Sousa asciende a $200 millones; el de Roggio, a $160 millones; el de Pescarmona, a $100 millones; el de Balan, a $100 millones y el de Glazman, a $60 millones.

Por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom

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