Para el Gobierno, la influencia de Jones Huala “estaba debilitada” entre los grupos mapuches

La detención del activista mapuche Facundo Jones Huala, efectivizada por la policía rionegrina, no sorprendió en la Casa Rosada. “Sabíamos que podía estar en Chubut o en Río Negro, es donde tiene las redes y la infraestructura que le quedaban”, comenta un alto dirigente oficialista con conocimiento del intrincado camino del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), detenido por los efectivos provinciales luego de casi un año como prófugo de la justicia chilena.

Mientras desde la Cancillería afirman que, de ahora en más, todo está “en manos de la Justicia local y chilena” y que su extradición a Chile, previa disposición de una alerta roja por parte de Interpol, “es una decisión judicial, no política”, fuentes cercanas al presidente Alberto Fernández afirman que Jones Huala ya no sostiene el liderazgo de esos grupos, luego de meses de ostracismo y múltiples detenciones en el pasado.

“Jones Huala ya no tiene tanta ascendencia sobre ellos como antes, no es el líder más importante, los que hoy manejan son muy autónomos”, afirman altas fuentes oficiales. Y aseguran que el Gobierno sigue apostando al diálogo, siempre difícil y con marchas y contramarchas, con los grupos mapuches que reclaman el regreso inmediato a sus “tierras ancestrales” en la Patagonia.

La presunta “debilidad” de Jones Huala, señalan fuentes oficiales, está marcada por la decisión de los grupos mapuches que más hechos de violencia protagonizaron en los últimos años, como la lof Lafken Winkul Mapu, que usurpó e incendió propiedades en Villa Mascardi, de sentarse a una mesa de diálogo comandada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, actualmente de viaje oficial por Europa.

La continuidad de ese diálogo, con fecha original prevista para mañana, se postergó para el 8 de febrero, dado que Parques Nacionales aún no retiró la querella contra los grupos mapuches por la toma de predios en Villa Mascardi, un reclamo de estos grupos.

La suspensión, según pudo saber el Gobierno, se suma a varias anteriores, y significó para estos grupos “una burla más de este Estado racista y opresor”, que, según su visión, “juegan al cansancio y el desgaste”. Una visión diametralmente opuesta a la de los vecinos y propietarios usurpados y atacados en la Comarca Andina, que ven detrás del proceso de diálogo iniciado por la Casa Rosada una traba más para demorar las causas judiciales contra los grupos mapuches. Sucede que, una vez fijadas las mesas de diálogo, los tribunales pusieron en pausa los expedientes.

Más allá de marcar su disposición al diálogo, fuentes oficiales sostienen que la participación de las distintas comunidades en las negociaciones es una prueba más de que Jones Huala ya no sostiene el liderazgo de los grupos más radicalizados. “El mapuche que quiere ser autónomo en su territorio es una clara amenaza y molestia para ellos, por eso criminalizan nuestra lucha”, afirmó este grupo en un comunicado interno, hace tres días.

Por lo pronto, la modificación de distintos actores en esta trama mejoró los vínculos entre el Gobierno y la gobernación rionegrina, más allá de que el problema de las tomas y usurpaciones de tierras sigue estando en la primera línea de la preocupación de los pobladores de Villa Mascardi y aledaños.

La exministra de Seguridad Sabina Frederic y la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda sostenían una postura de acercamiento con los grupos mapuches que provocó encontronazos directos con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. El acercamiento del oficialista Juntos Somos Río Negro, y el acuerdo electoral obtenido días atrás por el líder de esa agrupación, Alberto Weretilneck, con el Frente de Todos a través del senador camporista Martín Doñate, también influye para que las políticas en torno a la problemática mapuche se den de manera “más armónica”, según cuentan fuentes oficiales.

Desde el Ministerio de Seguridad, que encabeza Aníbal Fernández, destacaron que fueron “informados” de la detención, y que hay “buen vínculo” en el trabajo conjunto en el comando unificado creado en octubre pasado, en el que participan las cuatro fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria) con el objetivo de reforzar la zona ante los ataques de los grupos mapuches. “La pacificación de Villa Mascardi por la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación ha sido un paso muy importante”, elogió Carreras esta mañana en declaraciones a radio Rivadavia.

Desde el oficialismo confían en que la extradición de Jones Huala a Chile se dará “en poco tiempo”. A la vez, apuestan al diálogo, aunque advierten que los grupos mapuches aún desconfían de Pietragalla, que la semana pasada denunció el “lawfare” y “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y el viernes participó del homenaje a los seis millones de judíos asesinados en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. “Entre los representantes de esta mesa del Estado Argentino se encuentran hijos de desaparecidos, quienes estando en puestos de poder parecen olvidarse del terrorismo de Estado, solo los DDHH existen para el blanco y el ciudadano funcional al sistema”, advirtió hace tres días la comunidad mapuche que participa en la mesa de diálogo.

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