Patricia Bullrich defendió el el protocolo antipiquetes: "Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar"

Apenas entre cinco y diez minutos. Ese será el tiempo de tolerancia que las fuerzas de seguridad tendrán con los manifestantes que corten calles o rutas antes de desalojarlos, sin necesidad de mediar una orden judicial.

Así lo indicó esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en varias entrevistas radiales aportó detalles sobre el protocolo antipiquetes que se anunció ayer en Bariloche, justo cuando la organización Tupac Amaru realizaba 200 cortes en todo el país.

"Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar", dijo la funcionaria macrista en diálogo con radio La Red. "Si no se retiran se procederá a liberar la calle. Las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", apuntó la ministra.

"No es que se van a prohibir todas las manifestaciones, no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa de cuál es el recorrido. Lo que no se va a poder hacer más es decir mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio", explicó la funcionaria.

Bullrich defendió la actuación de las fuerzas de seguridad. Indicó que los agentes no tendrán armas de fuego cuando procedan a desalojar una protesta que había sido avisada con antelación. Caso contrario sucederá cuando el piquete o el corte de calle ocurra de manera intempestiva.

"Si sabemos que van a cortar la Panamericana, la primera linea de agentes tendrán armas no letales", ejemplificó Bullrich. "Habrá un uso mínimo de las violencia legítima, pero sin armas de fuego", agregó.

Bullrich también adelantó que se secuestrarán los elementos contundentes que tengan los manifestantes a la hora de manifestarse, e incluyó entre ellos a "las capuchas".

"A quienes protesten con capuchas y palos se les van a secuestrar los elementos contundentes. Y si se niegan se los va a detener", señaló la ministra.

El "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas" se aplicará mediante una simple resolución del Ministerio de Seguridad. Esa norma estableció que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adecuarán el protocolo a sus características, a sus códigos contravencionales y de procedimientos y establecerán el momento para dar intervención a la justicia.

Como elemento punitivo, a los manifestantes se les advertirá que ante un corte se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años" el que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

El texto indica que "las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras" y que los uniformados "no deberán reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes".