Patricia Bullrich dijo que hay “acuerdo” para que la ley ómnibus se vote sin el capítulo fiscal

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró hoy confiada en que la ley ómnibus impulsada por el Gobierno será aprobara en el Congreso, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, retirara el capítulo fiscal de la norma.

“No hay que mirar tanto la letra chica de una ley sino las circunstancias generales de una ley. Cuando más se demore más posibilidades tenés de fracasar. Es fundamental darle el instrumento al Gobierno para hacer cambios estructurales”, aseguró Bullrich en declaraciones a Radio Mitre. “El objetivo es que la ley tenga media sanción el martes”, apuntó la ministra.

“Un Congreso donde todo el mundo se aprovecha de la debilidad de un gobierno con pocos diputados lo único que logra es que la ley se deforme. Vos podés correrte hasta cierto punto, pero si no volvés al statu quo. El Gobierno evaluó eso para retirar el capítulo fiscal. Se ponía entre paréntesis el éxito del plan. Hay que llegar al déficit cero y ya se pasaba a que iba a ser negativo lo que se iba a votar. Se van a utilizar otros instrumentos para lograr ese objetivo”, afirmó Bullrich.

“El país está al borde del abismo, no se puede esperar. Lo que queda (de la ley) ya tiene un acuerdo, la ley tiene una serie de cambios. Hay que respetar el acuerdo. YPF salió de las privatizaciones, se ha negociado. El país no puede seguir gastando lo que gasta y esto lo han entendido los argentinos”, señaló la ministra.

El paquete fiscal de la discusión por la ley ómnibus en el Congreso cayó tras una inconclusa disputa entre el Ejecutivo, la oposición y los gobernadores por más de US$3000 millones. Es lo que representan la propuesta de suba de retenciones y el cambio en la fórmula de las jubilaciones, los dos puntos que trabaron la discusión legislativa y que suponen ahora un desafío para el Gobierno en su meta de “déficit cero” en 2024.

Una de las principales disputas en torno al paquete de recorte de gastos y más impuestos estuvo vinculada a la propuesta de suba en las retenciones. En su proyecto, el Gobierno había planteado el incremento de las alícuotas por derechos de exportación al 15% para productos de economías regionales (luego negoció la exclusión de algunos rubros para intentar sumar votos), e igualar en el 33% la correspondiente a la soja y sus derivados, en una decisión que recibió críticas de economistas por representar de hecho un desaliento a la exportación de productos industrializados o de mayor valor agregado local. En números, el incremento en la presión fiscal vía mayores retenciones a oleaginosas, cereales, carnes y otros productos implicaba una recaudación adicional de US$1135 millones, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Equilibra.

Luego de un año de sequía, que redujo los saldos exportables en alrededor de US$20.000 millones e impactó negativamente en el nivel de actividad, el ingreso de divisas y la recaudación, este año la expectativa del campo es de una cosecha que sería récord en los últimos años, aun con la caída en el precio internacional que experimentan la soja, el trigo y el maíz. En ese escenario, de haber prosperado la propuesta del Gobierno, la recaudación por retenciones a partir de los principales complejos agroindustriales habría sido de US$10.290 millones, según las estimaciones de la firma. De mantenerse el esquema actual, serán, según las cantidades y precios proyectados hoy, US$9155 millones.

La diferencia explicaría ingresos al fisco por el equivalente a 0,2% del PBI, con un factor adicional: se trata de un impuesto que no es coparticipable y que ingresa directamente a las arcas del Tesoro nacional. De ahí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores del interior, que manifestaron su rechazo a la suba impulsada por Caputo.

La cuestión previsional y la fórmula de ajuste para las jubilaciones, pensiones y otros programas sociales como la asignación universal por hijo (AUH), que en componen el mayor renglón de gasto dentro del presupuesto nacional. Solo en 2023, aún con las caídas reales experimentadas por ajustes inferiores a la inflación, representaron $37 de cada $100 que gastó el Tesoro, de acuerdo con las estimaciones de IARAF.

En su proyecto de ley, el gobierno había incluido el capítulo previsional entre las emergencias solicitadas al Congreso, y proponía suspender la fórmula vigente (ajusta por la evolución de la inflación y la recaudación), para habilitar ajustes discrecionales a cargo del Ejecutivo. Ante el rechazo de esta disposición, se había modificado el planteo inicial, con un esquema que mantenía la fórmula hasta el ajuste trimestral de marzo, para adoptar un incremento automático por el IPC del Indec a partir de abril.

Si bien el Gobierno planteaba que con el mecanismo propuesto “se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, el rezago en el ajuste de los haberes, en un contexto de aceleración inflacionaria como el actual, implicaría una caída en el gasto en jubilaciones. En 2023, según las estimaciones de Equilibra, este rubro representó un 12,1% del PBI, y con la suspensión de la fórmula inicial, el objetivo del Gobierno, explicitado en los números compartidos por el ministro Luis Caputo en su hoja de ruta al déficit cero, implicaba una caída en el gasto previsional por 0,4% del PBI (equivalente a algo más de US$2000 millones). De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, con proyecciones condicionadas a la evolución de la inflación a lo largo del año, ese esquema implicaba una caída adicional en términos reales del 6% del poder de compra de los haberes jubilatorios en 2024.

El cambio de mecanismo de ajuste propuesto tras el rechazo inicial también implicaba en los hechos un recorte a las jubilaciones. En un primer nivel, porque aplicar actualizaciones por inflación a partir de abril implicaría mantener estos haberes en niveles bajos: solo en 2023, la pérdida del poder adquisitivo fue de entre el 14,2% y el 37,4%, según el nivel de ingreso y los bonos compensatorios recibidos. A su vez, la redacción de la norma implicaba un espacio indefinido sobre qué mes sería tomado como referencia para la primera recomposición.

Según los cálculos de la consultora EcoGo, que estima una inflación en torno al 20% en enero y una desaceleración en febrero, esa brecha aplicada al ajuste de las jubilaciones podría haber tenido un impacto significativo sobre las cuentas públicas. De acuerdo con estas proyecciones, comenzar con recomposiciones mensuales por el IPC de febrero habría implicado que, en todo 2024, el Tesoro habría ahorrado $4,3 billones de pesos en partidas para jubilaciones. “Dado que la inflación de febrero es menor a la de enero, el gasto anual en este escenario es un 0,6% menor”, explica el economista Lucio Garay Méndez.

“Comparando fórmulas, la nueva implicaba mejores jubilaciones en 2024 porque la inflación este año seguramente le gane a los salarios. Pero una vez indexado se mantiene en niveles muy bajos por lo que dure esa fórmula. La vieja implica mayor licuación en 2024, y por ende, mejor gasto en seguridad social, pero con la recuperación de los salarios y la recaudación en 2025, se recompondrían las jubilaciones y pensiones en términos reales, y por ende, también aumentaría el gasto a partir del año que viene”, sintetiza el analista.

Resignado el capítulo fiscal y la mayor recaudación prevista en la ley ómnibus, Caputo ratificó la “meta de déficit cero” y anticipó revisión de partidas y mayores recortes para alcanzar ese objetivo, que implicará revertir el rojo financiero de 6% del PBI con el que concluyó 2023. El cambio de planes legislativo abre interrogantes sobre dónde pasará la tijera del Gobierno. Es que al observar la hoja de ruta mostrada por Caputo en diciembre, todo lo suspendido (jubilaciones, retenciones, Ganancias, moratoria, blanqueo y Bienes Personales) representan alrededor de 2% del PBI, que ahora deberán ser compensados.