“Pepín” Rodríguez Simón fue indagado por Servini: no contestó preguntas y contratacó a Cristóbal López

El exasesor presidencial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, fue indagado este miércoles por la jueza federal María Servini que lo investiga por supuestas coacciones al empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa.

El exfuncionario presentó un escrito ante la magistrada y no contestó las preguntas que le quisieron efectuar la fiscalía y el tribunal,

En su escrito de 23 carillas, Rodríguez Simón negó haber amenazado a López con aumentarle los impuestos a sus negocios y dijo que la denuncia de Fabián de Sousa pretende dejar mejor parado al Grupo Indalo ante otras investigaciones en curso y que, además, lo que intenta con esta acción es lograr un resarcimiento económico para compensar los “perjuicios provocados por sus desmanejos empresarios y deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es precisamente lo que se discute en la otras causas judiciales”.

Pepín que fue declarado rebelde por la justicia argentina, volvió a Buenos Aires el 20 de noviembre pasado y se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Estaba en Uruguay desde hacía más de tres años para eludir a la jueza Servini, que lo buscaba para indagarlo por amenazas y extorsión.

Rodríguez Simón se declaró perseguido del kirchnerismo y ante el cambio de gobierno, solicitó regresar al país sin que lo arrestaran. Servini le concedió su pedido el 8 de mayo pasado. El objetivo de la jueza es que declare en la causa por supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo. Depositó una caución de 3.120.000.000 pesos.

Ahora fue indagado y dejó un escrito, en lugar de contestar preguntas de la jueza, del fiscal y del querellante De Sousa. En ese escrito, Rodríguez Simón señaló que “el hecho ilícito denunciado en autos es falso. Nunca expresé amenaza de ningún tipo al ingeniero Ricardo Benedicto (que administra el Hipódromo de Palermo) para que la transmitiera a los señores Cristóbal López y Fabián de Sousa”.

Dijo que la denuncia en su contra es “un intento -inadecuado y reprochable-, pergeñado para mejorar la situación del querellante de Sousa y del señor Cristóbal López en otras causas judiciales en trámite en distinta sede”. Y señaló que a su vez se pretende “obtener resarcimientos o compensaciones económicas que remedien los perjuicios provocados por sus desmanejos empresarios y deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es precisamente lo que se discute en la otras causas judiciales”.

Con la asistencia técnica del abogado Gustavo Urquieta, escribió que la acusación en su contra se basa en lo que supuestamente manifestó en una reunión que tuvo con Benedicto. Pero dijo que no se sabe en que fecha exactamente “(no recuerdo exactamente cuándo fue ni tengo elementos para precisarlo) y provienen de una persona íntimamente vinculada con la cuestión, tanto personal como comercialmente con el señor Cristóbal López, y con una relación equívoca con el denunciante/querellante/declarante De Sousa, ya que mientras este dice que es amigo de Benedicto, este niega tal amistad”.

Dijo Pepín que las acusaciones en su contra “no se sostienen porque ninguno de los pretendidos efectos o consecuencias que se desprenden del relato de Benedicto y de Sousa sucedieron” e insistió que la denuncia contra el Hipódromo de Palermo no fue un asunto suyo como represalia, sino que “fue iniciada por la AGIP varios meses antes de que me reuniera con Benedicto y ninguno de los concesionarios de juego tuvo ningún percance con la administración porteña” tras las denuncias de De Sousa.

“Al día de hoy los accionistas de los operadores siguen siendo los que eran en aquel momento, continúan explotando regularmente las concesiones y ninguno de ellos se sintió amenazado ni perjudicado”, escribió y dijo que “ni siquiera el ingeniero Benedicto, no fue denunciante ni se constituyó en querellante” en esta causa.

Rodríguez Simón está acusado de haber extorsionado y amenazado al empresario Cristóbal López, en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos bajo la supuesta amenaza de que, si no lo hacía, sufriría perjuicios económicos.

Estaba citado a declarar como sospechoso el 17 de junio de 2021, pero con la idea de que iba a ser detenido, “Pepín” pidió asilo como refugiado político en Uruguay y presentó un hábeas corpus en busca de protección judicial. Sus pedidos fueron rechazados en Uruguay.

Los delitos por los que la jueza había pedido la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Y en el pedido de detención, enumeró que hay evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.

Toda la controversia se dio en una causa promovida por Fabián De Sousa, socio de López, que denunció que Macri y un grupo de funcionarios de su confianza habían formado una asociación ilícita para presionar a los dueños del Grupo Indalo para que se desprendieran de sus empresas. En esa investigación, los denunciantes dijeron que exfuncionarios los llamaron y convocaron a reuniones.

Los investigados son Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios con los que se debían entrecruzar sus llamadas son Martín Rappallini, Orlando Terranova. Ignacio Rosner, que estaba entre los investigados, falleció.

Por Hernán Cappiello

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