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Pese a que la ONU descartó una resolución inmediata, en el PJ esperan que trate las cautelares sobre la candidatura de Cristina y sus condiciones de detención
El Comité de Derechos Humanos manifestó que una decisión de fondo podría tardar “años”; en San José 1111 siguen igualmente con expectativas y el kicillofismo dice que la expresidenta está “injustamente presa”; otros sectores advierten que quedó “entrampada”
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LA NACION
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.
“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.
La declaración de la ONU no amilanó al entorno de la expresidenta. “No comunicó nada formalmente. Respondió a una requisitoria periodística de la agencia EFE. Lo que dice la ONU en esa respuesta periodística es que la cuestión de fondo va a llevar muchos años. Sabemos que la cuestión de fondo, que [Cristina] está mal juzgada, va a durar mucho tiempo”, indicaron cerca de la expresidenta.
De todos modos, sumaron: “Ahora bien, las cautelares, sobre todo la vinculada a la recuperación de sus derechos políticos y a morigerar sus condiciones de detención, pueden salir en cualquier momento”, afirmó una fuente de trato cercano con la expresidenta y su equipo de abogados.
Dentro del Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno del gobernador Axel Kicillof, enfrentado con el cristinismo en del PJ, remarcaron que desean una rápida resolución de la ONU contra la condena de la exmandataria.
“Nosotros queremos que el dictamen, informe o fallo salga cuanto antes, porque Cristina está injustamente presa”, dijo a LA NACION una fuente del campamento del gobernador bonaerense.
En otros sectores del peronismo, en tanto, advirtieron que la expresidenta quedó “entrampada” por su propia decisión de acudir a la ONU, luego de que el comité de Derechos Humanos anticipara que la resolución de fondo -sobre si está bien o mal condenada- tardará “años” en ser adoptada.
Antecedentes
En julio, Cristina Kirchner llevó su caso ante la ONU, para intentar que se revise su condena por el caso Vialidad (cumple en prisión domiciliaria una pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos). Sus abogados solicitaron una revisión total del fallo confirmado en la Argentina por la Corte Suprema de Justicia, basados en lo que consideraron un alto nivel de “arbitrariedades”.
Los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego argumentaron que en la condena contra la exvicepresidenta de Alberto Fernández existió manipulación en la asignación de la causa y lazos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores, además de una violación de la garantía contra el doble juzgamiento por un mismo hecho y vulneración de la presunción de inocencia.
Los abogados presentaron tres cautelares; una, destinada a que se suspenda la inhabilitación perpetua que pesa contra Cristina; otra, con el pedido de que se modifique su régimen de prisión domiciliaria (entre otras medidas, que se le quite la tobillera electrónica y se eliminen las restricciones para las visitas); la tercera, con el objetivo de que se disponga un restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema.
El 29 de septiembre, los abogados de la exmandataria introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos. Denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron.
En el agregado a la presentación original, los abogados de Cristina añadieron un nuevo elemento probatorio que consideraron “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial Sisvial (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales”, indicaron los letrados.
