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Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez
El fiscal Diego Luciani solicitó además que lo desapoderen de 46 autos; el planteo incluye al departamento en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria y el dinero de la caja de seguridad de Florencia Kirchner
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LA NACION
El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.
Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.
“En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, dijeron.
Los fiscales sostuvieron que su solicitud “responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo".
“Y no solo eso –afirmaron–; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.
Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada”.
Los fiscales dijeron que, fruto de un “trabajo constante” y de los reiterados pedidos de la fiscalía, el 18 de noviembre de 2025, el tribunal “emitió una resolución contundente” y ordenó decomisar 111 inmuebles, que incluyen 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner (recibidos a título gratuito), dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA y dos de Loscalzo y Del Curto SRL.
Y afirmaron que el tribunal “habilitó expresamente a que se profundizaran todos los procedimientos” para hacerse de todos los bienes posibles para cubrir los montos adeudados por los condenados.
“El decomiso de nuevos bienes que presentamos en este dictamen permitirá alcanzar un total de 252 inmuebles, cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas vinculadas a estos”, anunciaron Luciani y Mola.
La fiscalía viene insistiendo para que se concreten los decomisos de los bienes por la suma total de $684.990.350.139 que deben cubrir entre todos los condenados de manera solidaria.
Como ninguno de ellos depositó los fondos, vencido el plazo para hacerlo, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 dispusieron ejecutar sus bienes que estaban embargados.
Le indicaron a la fiscalía que los identifique y que haga una lista de ellos, para disponer su tasación y luego su remate. La Corte Suprema de Justicia, en el ínterin, dictó un reglamento sobre los bienes decomisados en las causas judiciales.
Allí creó un registro donde los tribunales deben poner los bienes a disposición de la Corte, que debe decidir cuáles son de utilidad pública para el Poder Judicial y cuáles serán subastados.
Incluso, la Corte reformó en los últimos meses el sistema de remates y creó una plataforma on line para hacer subastas por internet y neutralizar a “La Liga”, una organización de rematadores que se cartelizaba para beneficiarse en las subastas judiciales.
Pero las defensas, y en particular la de Cristina Kirchner, se opusieron a que se realicen las subastas. Argumentaron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos.
También Florencia y Máximo Kirchner se opusieron a que sus bienes sean subastados, como pretende la fiscalía, porque señalaron que son ajenos a la causa de Vialidad y que ellos no fueron condenados.
La fiscalía quiere rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque al momento de los hechos integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, y luego fueron cedidos a sus hijos.
Las objeciones de las defensas fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal N°2, pero Cristina Kirchner apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación. Allí se tomará una decisión final.
LA NACION
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