Piden derogar la emergencia territorial que favorece los reclamos de los mapuches

Varios diputados de la oposición, encabezados por Javier Milei y Victoria Villarruel (bloque La Libertad Avanza), presentaron un proyecto de ley para frenar los reclamos de las comunidades mapuches, como la demanda que prospera en la Justicia por la propiedad de tierras del Ejército en Bariloche.

El proyecto apunta a derogar la ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas “tradicionalmente por comunidades indígenas originarias” y que sirve de base a los reclamos de los mapuches.

La ofensiva legislativa tiene lugar en momentos de máxima tensión ante la disputa de la comunidad Millalonco Ranquehue por la propiedad de 180 hectáreas del predio que desde hace varias décadas mantiene la Escuela Militar de Montaña del Ejército, en Bariloche y que tiene el nombre de Juan Domingo Perón. El Ejército presentó recientemente un recurso extraordinario ante la Corte para revocar la sentencia ue hizo lugar a un amparo y cuya apelación generó fuertes dudas, que llevaron al Ministerio de Defensa a abrir un sumario interno.

La ley que se pretende derogar fue sancionada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y si bien fijó inicialmente una emergencia por cuatro años, el plazo fue prorrogado sucesivamente y se mantiene vigente, lo que alimenta los reclamos. La norma le otorgó atribuciones y protagonismo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que realizó un relevamiento, aportado como prueba por las comunidades en las presentaciones judiciales.

Villarruel, que antes de su labor legislativa defendió los derechos de las víctimas inocentes de ataques de organizaciones guerrilleras en períodos democráticos, presentó la iniciativa por mesa de entradas y lo anunció por las redes sociales. Acompañan con sus firmas el proyecto, además de Milei, los diputados nacionales José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad-Buenos Aires), Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), Dina Rezinovsky (Pro-Capital), Carlos Zapata (Ahora Patria-Salta), Paula Omodeo (Creo-Tucumán) y Alberto Asseff (Pro-Buenos Aires).

En los fundamentos, la autora del proyecto sostiene que el INAI, organismo encargado de instrumentar la ley que se procura derogar, ha “incurrido en varias ocasiones en errores de paupérrima gestión a la hora de otorgar territorios federales a comunidades indígenas”.

Villarruel cita la resolución 90/2020 del INAI, firmada por su titular, Magdalena Odarda, a través de la cual se le reconocía la propiedad de un terreno a una comunidad mapuche de Bariloche. Indica que esa disposición fue “gravemente observada por la Cámara Contencioso Administrativa debido a que el Estado omitió el derecho de propiedad de la persona a la que se arrebataron las tierras, aun sabiendo que el damnificado ya poseía a su favor una sentencia de primera instancia que catalogó el hecho como delito de usurpación”.

Menciona también el caso del vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, “procesado por malversación de caudales públicos”, a quien acusa de “trasladar a una familia del grupo Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi en plena pandemia, sin seguro automotor, sin registro y siendo cómplice del delito de usurpación ilegítima”.

“Esta situación de profunda gravedad para la integridad territorial y la vigencia del derecho de propiedad -ambos protegidos por nuestra Constitución nacional- encuentra un caso más en la disputa de terrenos de la Escuela Militar de Montaña creada por el General Perón, donde el INAI dictaminó a favor de una supuesta comunidad mapuche el otorgamiento de tierras afectadas al entrenamiento y custodia de las Fuerzas Armadas”, apunta la diputada Villarruel en el proyecto.

Por Mariano De Vedia

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