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Piden investigar los fondos de Tecnópolis
El fiscal Stornelli solicitó medidas por presuntos desvíos de dinero
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El fiscal federal Carlos Stornelli promovió ayer una investigación contra funcionarios públicos por presuntos desvíos de fondos y contrataciones directas -en violación de la ley- para levantar stands en la feria de ciencia y técnica Tecnópolis.
El caso se había iniciado por una investigación preliminar suya, realizada sobre la base de investigaciones periodísticas de LA NACION que daban cuenta de las contrataciones. El caso, por sorteo, recayó en el juzgado de Ariel Lijo.
De acuerdo con la presentación del fiscal, organismos públicos, "especialmente carteras ministeriales", realizaron contrataciones directas para la instalación de sus stands en Tecnópolis. Puntualmente, Stornelli pidió investigar tres contrataciones realizadas en 2012: una del Ministerio de Agricultura, por 7.764.728 pesos; otra del Senasa, por 7.445.224 pesos, y otra del Ministerio de Turismo, por 13.988.000.
También pidió investigar un "posible desvío de fondos" que pertenecían al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y debían destinarse a "proyectos de infraestructura", pero fueron afectados "por orden de funcionarios nacionales para la instalación de un stand publicitario" de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en la muestra. El fiscal advierte que este desvío sería de "al menos alrededor de 16,2 millones de pesos".
En lugar de realizar las obras hídricas -sostiene- se derivaron fondos a las universidades de Tres de Febrero y de San Martín, para que se destinaran a Tecnópolis.
La presentación del fiscal afirma además que las empresas que fueron contratadas para este stand publicitario son las mismas a las que los ministerios les habían concedido los trabajos que pidió investigar en la primera parte de su presentación (referente a las contrataciones directas). Una de esas empresas es Marketing & Eventos, que tuvo además a su cargo la organización de los viajes presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner.
A juicio de Stornelli, los hechos por los que promueve la acción penal podrían encuadrar en los presuntos delitos de estafa, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El fiscal solicitó ayer doce medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, que "se escuche en declaración indagatoria" a los funcionarios que participaron de los hechos.
La investigación de LA NACION
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