Piden sobreseer a Macri en la causa de las escuchas ilegales

Mauricio Macri asumirá la presidencia de la Nación con un viejo problema casi resuelto. La causa de las escuchas ilegales, donde está procesado, agoniza.

El fiscal federal Jorge Di Lello, que había impulsado la investigación y pedido el procesamiento del hoy presidente electo, ayer dictaminó que debía ser sobreseído, tal como había pedido la defensa de Macri.

La semana pasada, el juez de la causa, Sebastián Casanello, había dado por cerrada la instrucción y notificado a las partes para que opinaran si Macri debía enfrentar un juicio oral o ser sobreseído. El pronunciamiento de Di Lello es clave para los intereses del futuro presidente. Cuando las querellas y las defensas hayan opinado también, Casanello deberá tomar una decisión, que difícilmente sea otra que la que propuso el fiscal.

El año pasado, cuando Casanello heredó de Norberto Oyarbide este expediente, anuló el cierre dispuesto por su antecesor y dijo que no había elementos suficientes para llevar a Macri frente a un tribunal. Oyarbide, que lo había procesado, había sostenido lo contrario.

Di Lello se opuso entonces a la decisión de Casanello de no enviar a juicio a Macri. Consideró que el juez estaba minimizando las pruebas contra el acusado y que sí estaban dadas las condiciones para que enfrentara a un tribunal. Ayer, dijo lo contrario. "Un cuadro nuevo y distinto se abre ante los ojos del suscrito", relató el fiscal.

Macri fue procesado, en un fallo que la Cámara Federal confirmó por unanimidad, acusado de haber ordenado espiar a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente opositor Sergio Burstein, y por haber montado una "asociación ilícita" destinada al espionaje clandestino, junto con el entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, y con Ciro James, que tenía un cargo en el Ministerio de Educación de la Ciudad, que conducía Mariano Narodowski.

Di Lello sostuvo ayer que aparecieron nuevos elementos que desvinculan a Macri de estos hechos.

El fiscal dijo que quedó claro que Macri no había sido el responsable de que James hubiera sido contratado por el gobierno porteño. También, que de la declaración del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, surgió que Macri no intervenía en las decisiones cotidianas de la Policía Metropolitana, que no puso a nadie a trabajar en la fuerza y que la elección del jefe de la Metropolitana había surgido de un sistema en el cual Montenegro proponía candidatos y Macri elegía entre ellos.

En referencia a este testimonio, Di Lello sostuvo que era "materialmente imposible" para Macri, como jefe de gobierno, saber todo lo que estaba pasando en las diferentes áreas a su cargo.

Cuando Casanello se opuso a enviar a juicio a Macri ordenó nuevas medidas de prueba (en ellas basa Di Lello su dictamen de ayer). Además de Montenegro, fue citado a declarar el ex jefe de policía Adrián Pelacchi, cuyo testimonio, consideró el fiscal, también favoreció a Macri.

Pelacchi dijo que trabajó para Franco Macri -que desconfiaba de su yerno Leonardo- a través de la empresa estadounidense Ackerman y que "nunca le prestó servicios en materia de seguridad" a Macri. "Está claro que Mauricio Macri era ajeno a las actividades de su padre y más aún a los reparos que este último tenía para con Leonardo", sostuvo el fiscal.

Exhorto no respondido

La tercera medida que había ordenado Casanello antes de cerrar el caso fue un exhorto a los Estados Unidos para averiguar más sobre la relación de los Macri con Ackerman. El oficio no fue contestado, pero la defensa del jefe de gobierno, encabezada por Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, viajó a Estados Unidos y se trajo para la causa una declaración jurada (affidavit), hecha ante un escribano y apostillada, en la que Emanuel Ackerman, dueño de la empresa de seguridad, dijo que había trabajado para Franco Macri -tal como éste había declarado- pero nunca para su hijo Mauricio. Este documento, según el fiscal, "corrobora" la versión de la defensa y tiene un "viso de legalidad" que "no se puede soslayar".

Di Lello alegó en su dictamen, además, que el año pasado, cuando sí había pedido la elevación a juicio, lo había hecho para no dividir el proceso (hay otros acusados ya elevados a juicio por este caso, entre ellos Palacios), para garantizarle al acusado una respuesta judicial sin dilaciones y porque entendió que las pruebas que faltaban "se podían dilucidar en el debate", es decir, ante el tribunal oral.

Según el fiscal, ahora que todas esas pruebas se produjeron ya, Macri debe ser sobreseído.

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