Poder Ciudadano se presentó como querellante en el caso de los audios de Spagnuolo
Planteó que la hipótesis delictiva es que se cobraban coimas que llegaban a los “estamentos superiores” del Gobierno
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LA NACIONHernán Cappiello
La Fundación Poder Ciudadano se presentó ante la justicia como querellante en la causa en que se investiga el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En su escrito firmado por Pablo Cecchi, la Fundación Poder Ciudadano planteó ante le juez federal Sebastián Casanello la hipótesis de que “las contrataciones de la Agencia estatal encargada de tutelar los derechos de las personas que sufren discapacidades, con “Suizo Argentina” estarían motivadas en el pago indebido de un porcentaje del dicha contratación".
Señalaron que la coima “sería del 8% y que ese retorno estaría, supuestamente dirigido estamentos superiores de la administración publica central”.
Pablo Secchi, Director Ejecutivo de la Fundación, junto a los apoderados especiales Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, realizaron la presentación en representación de Poder Ciudadano.
La denuncia original, que dio inicio a estas actuaciones, apunta al presidente Javier Milei,a su hermana Karina Milei, a Eduardo “Lule” Menem, a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, y la familia Kovalivker dueños de la droguería Suizo Argentina.
Los audios de Spagnuolo que motivaron la causa señalan: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”. Y agregan: “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”.
De ser aceptado como querellante, Poder Ciudadano podrá pedir medidas de prueba y empujar al expediente.
La organización basó su solicitud en su historia en la lucha anticorrupción y la promoción de la transparencia.
La organización ya es querellante en otros casos de corrupción como la causa contra Julio “Chocolate Rigau” por el cobro de sueldos a empleados ñoquis de la Legislatura bonaerense o el caso contra el exintendente Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito.
“La corrupción no tiene una víctima individualizable, sino que afecta el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas”, dijo el organismo en su solicitud.
La causa está en secreto de sumario, mientras se analizan los contenidos de los celulares de los sospechosos y los contratos de compra de medicamentos de la Andis.
La defensa de los Kovalivker planteó que el caso es nulo, porque cuestiona el origen de los audios. Si Poder Ciudadano es admitida como querellante, podrá opinar antes de que el juez Casanello decida sobre esa solicitud.
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