Polémica por el futuro de Fabricaciones Militares

CÓRDOBA.- Con una reducción del personal a la mitad -hoy cuenta con 1100 empleados- y el cierre de la planta de Azul, Fabricaciones Militares es una de las áreas que mayor ajuste registraron durante el gobierno de Mauricio Macri. Transformada en sociedad del Estado, sus responsables aseguran que dejan una "empresa viable, a la que hay que dedicarle tiempo y avanzar en planificación estratégica".

Este año, el Tesoro le girará menos de $1000 millones (fueron $5000 millones en 2015) y su facturación fue de $1600 millones en 2018. El análisis de los delegados del gremio de ATE es menos optimista y aseguran que hay un "compromiso político" del presidente electo, Alberto Fernández, para derogar el decreto que impuso la nueva figura jurídica.

"Duplicamos la producción de 2015 con menos personal", dijo a LA NACION Ricardo Casal, presidente de la firma. Tras el cierre de la planta de Azul, quedan operativas las instalaciones de Río Tercero y Villa María (Córdoba) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe). Fabricaciones Militares era el organismo estatal con más personal contratado: el 85% de la planta recibida hace casi cuatro años.

Casal sostuvo que en Fray Luis Beltrán "andan muy bien" las líneas de municiones de distintos calibres, la modernización de fusiles para el Ejército y la producción de chalecos antibalas. Se ganó una licitación para entregar 14.000 chalecos a la policía bonaerense y están adelantadas las negociaciones para otros 4000 para la ciudad de Buenos Aires.

Fernando Peirano, delegado de la planta santafesina y secretario adjunto de ATE Rosario, contrastó: "Estamos prácticamente parados: Armoring Systems, la firma de [Gustavo Dorf, amigo y compadre de Daniel] Angelici, es la que hizo negocio". En Fray Luis Beltrán quedan 260 empleados (hubo 105 despidos), de los que solo 20 son personal de planta permanente. "Compramos material bélico a Estados Unidos y acá se trabaja al 30% o 40%", grafica Peirano.

También advierte que hay negociaciones de "convenios que no convienen al Estado", como uno con la india MKU, que hace blindaje y chalecos, por lo que la planta santafesina pasaría a ensamblar, y otro con Bersa, que quiere sacar una pistola en conjunto. "Por ambos se pagarían royalties", apunta Peirano.

Respecto de Río Tercero, donde hay dos unidades diferenciadas, Casal señala que la planta química trabaja "bien" con la producción de nitrato de amonio y ácido sulfúrico, y que en la metalmecánica sigue la reparación de trenes.

El delegado Damián Albornoz coincide en que, por la capacidad instalada, el área mecánica es la de mayor potencial, pero subraya que se perdieron unidades productivas: la que se hacía con el Invap para la radarización del país, la producción de armamental para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y convenios suspendidos para el mantenimiento de cañones del Ejército, entre otros

En la unidad hay 342 trabajadores y solo 17 de planta permanente. Unos 100 quedaron afuera en los últimos años: 130 se fueron por jubilaciones anticipadas y una decena, por retiros voluntarios.

En el área química, el delegado Albornoz sostuvo que la producción no aumentó, sino que cayó un 40%: "Petroquímica, que es nuestro principal cliente, con 80 toneladas diarias de demanda de ácido nítrico, compra el 40% y eso nos impacta. Lo que mejoró es la facturación por la devaluación y eso es lo que presentan las autoridades".

Casal planteó que en Villa María, además de producirse insumos para Fray Luis Beltrán, se vende a mineras, y destaca operaciones con una firma peruana y una uruguaya. Había una producción programada para entregar a Bolivia, que se frenó por la crisis en ese país.

Gustavo Vilchez, delegado gremial en la planta de Villa María, sostuvo que la producción cayó sistemáticamente desde 2015. "Esperamos que con la nueva administración cambie, porque ese fue el compromiso de Fernández cuando, en Villa María, le entregamos una propuesta de reactivación de todo el complejo", indicó. "En esta gestión hubo un ensañamiento con nosotros", completó.

"Hemos logrado un nivel de producción superior a cuando el Estado ponía más plata -insistió Casal-. Es cierto que queda mucho por hacer, pero la transformación en sociedad del Estado abre un camino de mejora, de una búsqueda de eficiencia. La producción no se resintió, hubo una reconversión y el número de empleados es aún mejorable. La tendencia es a que en 2021 se pueda alcanzar el equilibrio".

De la facturación de Fabricaciones Militares, la mitad surge de las propias Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado.

El regreso de Rossi

En las últimas semanas, el sector sumó un par de definiciones que podrían ser determinantes para su futuro. Por un lado, que el diputado santafesino Agustín Rossi volvería a comandar el Ministerio de Defensa (fue su titular entre 2013 y 2015). Por el otro, que el jefe del bloque kirchnerista se aseguró, antes de dejar el Congreso, la aprobación en Diputados de un proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para el Equipamiento de las Fuerzas armadas (Fondef).

El proyecto, que aún debe ser aprobado en el Senado, crea una partida para equipamiento militar atada un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de cada presupuesto: 0,35% en 2020, 0,5% en 2021, 0,65% en 2022 y 0,8% en 2023.

"El objetivo de este proyecto es encontrar una forma explícita a fin de empezar a lograr el reequipamiento de las Fuerzas Armadas en la Argentina", sostuvo Rossi al presentar el proyecto. "De nada vale echar responsabilidades hacia atrás y lo que estamos tratando de hacer acá es justamente eso, que el nuevo gobierno y el futuro ministro tengan la posibilidad de reequipar, de hacer mantenimiento y de reutilizar los equipamientos que actualmente existen", agregó.

Por Gabriela Origlia

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