Polémica por el veto de una ley sobre los glaciares

Las revueltas aguas del kirchnerismo en el Congreso volvieron a agitarse ayer, con una polémica decisión de la presidenta Cristina Kirchner vinculada con el medio ambiente que divide al propio oficialismo.

El reciente veto presidencial de la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, aprobada por el Senado hace poco menos de un mes por unanimidad despertó duras críticas en sectores del kirchnerismo, algunos de cuyos representantes insistirán en el texto de la norma en la sesión que la Cámara de Diputados tiene prevista para hoy.

El proyecto aprobado por diputados y senadores establece una serie de presupuestos para preservar los glaciares y su ambiente "como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua". La creación de un inventario nacional de glaciares iba acompañada de un punto crucial: la estricta prohibición de "la exploración y explotación minera o petrolífera" en la zona de las fuentes de agua congelada, y el establecimiento de multas de hasta 100.000 sueldos mínimos para empresas o particulares que violen la ley.

En el texto de rechazo, firmado por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el Gobierno cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.

"Este veto es contradictorio y débil de argumentos. Se privilegia el derecho a la propiedad por sobre el derecho ambiental", fustigó ayer el diputado kirchnerista y titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires).

Durante la reunión de comisión, que contó con la presencia de entidades ambientalistas como Fundación Vida Silvestre, Greenpeace y Conciencia Solidaria, Bonasso afirmó que insistirá en la sanción de la norma y apuntó a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas, como Santa Cruz, Chubut y San Juan. "Esto no es federalismo, sino feudalismo", fustigó. También criticó que la norma fuera girada a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, controlada por el kirchnerismo puro.

En su crítica, Bonasso obtuvo el previsible apoyo de diputados de la UCR, la Coalición Cívica, Pro, el socialismo y los ex aristas de SI. Se sumaron, además, diputados oficialistas como Mabel Müller y Rosa Chiquichano; filokirchneristas como Cecilia Merchán (Libres del Sur) y Silvia Vázquez (Concertación), más diputados peronistas rebeldes que responden al ex gobernador bonaerense Felipe Solá. Se prenuncia, entonces, una votación pareja, si es que el oficialismo permite el debate durante la sesión sobre tablas, como pretende Bonasso.

Desde el Gobierno afirmaron a LA NACION que el inesperado cambio en la visión sobre el tema se debió a "la presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja", que tiene en su provincia millonarios emprendimientos mineros como el de Veladero-Pascua Lama. Indicaron las fuentes que si bien la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, apoyó la sanción de la norma, "ganaron Julio De Vido y el secretario de Minería, Jorge Mayoral".

Nadie pudo saber los argumentos que usarán los diputados para defender al Gobierno. Ayer, en la comisión, la mayoría de las sillas de diputados K quedaron vacías.

El proyecto de protección de glaciares fue aprobado por Diputados en octubre de 2007. Un año después, el Senado lo convirtió en ley.

Las quejas de gobernadores de provincias cordilleranas como el sanjuanino José Luis Gioja, cuyas inversiones mineras se verían afectadas, habrían incidido en el Gobierno para rever su decisión.

El lunes de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, rechaza la ley y la devuelve a la Cámara baja.

El diputado Miguel Bonasso y otros kirchneristas decidieron insistir hoy con el proyecto original en el recinto.

Por Jaime Rosemberg

---

Conforme a