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Polémica por la decisión de Axel Kicillof de avanzar sin una ley de la Legislatura
“Roza lo inconstitucional”, advirtieron en la oposición política; “tenemos autorización”, aseguran en la gobernación; dudas de los exministros
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA. –La Tesorería general de la provincia avanzó sin pasar por la Legislatura con una millonaria emisión de deuda en dólares y suscitó una fuerte controversia, ya que los endeudamientos de Buenos Aires deben ser aprobados por una ley.
Axel Kicillof tiene prorrogado por decreto el presupuesto 2024. El año pasado tampoco había logrado aprobarlo y había debido prorrogar el sancionado en 2023. Sin embargo, ese año había conseguido aprobar una ley que lo habilitaba a endeudarse por US$ 1800 millones y a emitir letras del Tesoro por otros US$300 millones.
A fin de año no logró repetir la autorización. Sin embargo en su entorno se aseguró que la ley complementaria es permanente y sus artículos tienen vigencia hasta tanto no sean modificados.
La Legislatura no le aprobó el presupuesto ni el permiso para endeudarse. El 27 de diciembre último, antes de prorrogar el presupuesto, Kicillof informó que: “se reunió de urgencia con miembros de su gabinete y del equipo económico” para adecuar las partidas y planificar el año 2025. Es decir: ante la falta de consenso político -al interior de su partido y con la oposición- y sin un nuevo presupuesto que lo habilite a tomar deuda, Kicillof se tomó de la “ley complementaria permanente del presupuesto de 2024 que lo autorizó a emitir letras para cancelar vencimientos de deuda”. Ese fue el atajo que buscó para avanzar con la deuda que la Legislatura se había negado a aprobar.
“Es constitucional”, se defendió el Poder Ejecutivo. “Roza lo inconstitucional”, dijeron legisladores de la oposición. Y redoblaron la apuesta: “si fuera tan sencillo para que envía cada año un presupuesto con un pedido de endeudamiento; está dispuesto en la Constitución”.
En concreto, el artículo 104 de la Constitución provincial establece que “toda ley especial que autorice gastos necesitará para su aprobación dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara”. Eso nunca ocurrió.
La negativa de la oposición a aprobar un nuevo endeudamiento en diciembre fue el argumento que esgrimió Kicillof. “El pedido de endeudamiento solicitaba autorización en lo estrictamente necesario para cubrir vencimientos de capital e intereses contraídos por el gobierno de María Eugenia Vidal”, según informó en diciembre. Hoy el Poder Ejecutivo reiteró que ese será exclusivamente del nuevo endeudamiento aprobado por U$300 millones más 134 mil millones de pesos.
La cifra aprobada para emitir letras del tesoro no guarda relación con los números expresados en el proyecto de presupuesto de 2025: allí se indicó que Buenos Aires este año tendrá déficit primario de 600 mil millones de pesos, más un déficit financiero de 1.4 billones de pesos y una necesidad total de financiamiento por 2,4 billones de pesos.
¿Quién autoriza la emisión?
El tesorero general de la provincia de Buenos Aires que firmó la resolución es David René Jacoby. Su actividad rige por la ley 13.767 de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público. Es un organismo creado por la Constitución y por tanto no depende orgánicamente de la administración central del Poder Ejecutivo, como la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.
Pese a que tiene autonomía relativa, en la práctica responde al gobernador Axel Kicillof. Fue designado por el gobernador en 2020 y comparte con el mandatario un incómodo trance judicial: los dos fueron procesados en la causa por el dólar futuro. Ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, durante el paso de Kicillof en el Palacio de Hacienda nacional, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Durante el gobierno de Daniel Scioli y se instauró un profundo cambio al introducirse el Subsistema de Tesorería en los artículos 63 a 83, cuyo Órgano Rector es la Tesorería General.
La Tesorería General tiene un Tesorero y un Subtesorero con facultades para elaborar el Presupuesto de Caja de cada ejercicio una vez sancionado el Presupuesto de Administración General; elevarlo al Poder Ejecutivo y al Ministro de Economía e informar sobre su ejecución. El detalle que encendió la polémica es que el presupuesto de 2025 no fue sancionado por la Legislatura.
La tesorería por ley está autorizada a abonar las órdenes de pago que le remita la Contaduría General de la Provincia, con arreglo a la planificación fijada en el Presupuesto de Caja y a las autorizaciones que emanen del Tesorero General. A una implementación de la Cuenta Única del Tesorero y la administración financiera de esta herramienta por parte de la Tesorería General y la habilitación de las cuentas bancarias.
Y coordina el funcionamiento operativo de todas las unidades de tesorería que operen en el Sector Público Provincial y las asiste técnicamente para acompañar su desarrollo hacia la mejora continua.
“La resolución 2025-9 es como mínimo irregular” dijo un exministro de Economía, consultado por LA NACION sobre la legalidad del procedimiento. “Esta prorrogando una ley del año pasado donde ya se había autorizado emisión de letras por mismo monto, pero muy flojo de papeles; Lo tendrá que salir a explicar”, dijo otro exministro de Economía.
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