Revuelo en el Senado por una propuesta para quitarle la exclusividad a la obra social del Congreso

Un proyecto de ley que les permitiría a los empleados legislativos cambiar de obra social amenaza con poner en jaque la pax romana que el macrismo mantiene desde hace más de dos años en ambas cámaras parlamentarias con los gremios con representación en el Congreso.

Sin paros ni protestas gremiales desde diciembre de 2015, el panorama en el Congreso podría cambiar si la iniciativa presentada por la neuquina Lucila Crexell (MPN) llegase a prosperar, ya que les permitirá a los trabajadores legislativos abandonar la Dirección de Ayuda Social (DAS).

Criticada por su mala prestación, en los papeles la DAS tiene una conducción compartida con las autoridades del Congreso. Sin embargo, en los hechos ha sido desde siempre un coto de caza de la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio más numeroso del Congreso, que conduce el moyanista y exkirchnerista Norberto Di Próspero.

La iniciativa generó el inmediato rechazo del sindicato y provocó tal revuelo que obligó a la intervención del secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, para hacer campaña en su contra.

Así se lo afirmaron a LA NACION tres senadores de Cambiemos, quienes coincidieron en señalar que el hombre designado por la vicepresidenta Gabriela Michetti para manejarle los números de la Cámara alta le pidió a un grupo de asesores oficialistas que les transmitieran a sus senadores que no sumaran sus firmas para avalar el proyecto.

Crexell ya presentó la iniciativa, pero inició una campaña para sumar firmas al texto con el objetivo de ejercer presión para pedir su tratamiento en comisiones.

Hasta el momento, han sumado su rúbrica los peronistas Juan Carlos Romero (Salta) y Beatriz Mirkin (Tucumán). El sanjuanino Roberto Basualdo es el único oficialista que hasta el momento se animó a contradecir la recomendación de Rebot.

Según confiaron voceros del despacho de la senadora neuquina, varios legisladores más manifestaron su apoyo a la iniciativa, aunque todavía no se deciden a firmarla.

El apoyo al texto se entiende en el hecho de que, como los empleados, senadores y diputados podrían también optar. En su caso, son cautivos de Oslera (Obra Social de Legisladores).

Fuentes sindicales agregaron, además, que la iniciativa había contado en un primer momento con el apoyo de UPCN, otro gremio con fuerte presencia en el Congreso. Sin embargo, ese respaldo se fue enfriando con el paso de los días.

El proyecto de la polémica modifica el artículo 9 bis de la ley 15.414, que reglamentó el funcionamiento de la DAS, permitiendo a los empleados elegir otra obra social.

"Derecho de opción: los agentes permanentes y transitorios y los legisladores nacionales que realicen aportes obligatorios para el régimen de salud podrán ejercer el derecho de opción por cualquiera de las entidades comprendidas en el decreto 504/1998 o la normativa que lo reemplace", reza la segunda cláusula de la iniciativa reformista.

Las críticas a las prestaciones de la DAS vienen de larga data. De hecho, un grupo de trabajadores legislativos está preparando un amparo colectivo para romper con la cautividad a la que los obliga la normativa vigente.

A poco de asumir su gestión al frente del Senado, Michetti anunció que iba a realizar una auditoría en la DAS.

Más precavido, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, nunca se involucró, al menos de manera pública, con la obra social legislativa.

Aquel trabajo se hizo y detectó varias irregularidades, como un déficit superior a los 40 millones de pesos, demoras de más de un año en la presentación de sus estados contables, capacidad ociosa en las prestaciones y un gasto en personal superior al promedio para la actividad, período analizado, por citar solo algunas.

Sin embargo, ninguna medida se ha tomado desde que, a mediados del año pasado, se publicó la auditoría; al menos que haya tomado estado público o haya sido anunciada por las autoridades de algunas de las dos Cámaras legislativas.

Por otro lado, el clima combativo que se registra en algunos gremios (como bancarios y docentes) no se ha replicado en el Congreso.

La última protesta sindical fue en febrero de 2016, en rechazo al recorte de los nombramientos realizados por Amado Boudou antes de abandonar la presidencia del Senado. Desde entonces, reina la paz sindical en ambas cámaras.

Una prestadora con déficit

La senadora neuquina Lucila Crexell presentó una iniciativa para que los empleados legislativos puedan elegir su obra social y abandonar la Dirección de Ayuda Social (DAS).

El proyecto es rechazado por la Asociación del Personal Legislativo, el gremio mayoritario del sector, que encabeza el exkirchnerista Norberto Di Próspero.

La DAS fue auditada el año pasado y se detectaron varias irregularidades, pero no se tomaron medidas al respecto. En su momento, registró un déficit de $40 millones y demoras en la presentación de balances