Polémica y denuncias por el contrato de tobilleras electrónicas que se encamina a ganar Montoto, por un precio más alto de lo esperado

Empresas internacionales están dispuestas a acudir a la Justicia por el contrato que está por ganar una firma del empresario Mario Montoto por el servicio de tobilleras electrónicas para presos con prisión domiciliaria, ofensores y víctimas de violencia de género. El contrato abastecería tanto al ministerio de Seguridad como al de Justicia.

En el primer caso, todavía no está disponible para el público la oferta económica que hizo Surely SA, la única confirmada en competencia. En el segundo, la licitación ya se encuentra disponible para adjudicar, por un monto superior a lo que fuentes oficiales transmitieron que se paga actualmente y que se iba a cerrar.

Mientras que las fuentes consultadas reconocieron a LA NACION un presupuesto estimado de US$15 por día y por tobillera, la propuesta de Surely SA fue por US$20,25, lo que hace ascender al monto a US$110.970.000.

El valor es llamativo frente a los precios internacionales, que fueron consultados con múltiples fuentes del sector. Varios coincidieron en que Colombia o Portugal, por caso, piden servicios similares o incluso más que la Argentina, pero tienen menor precio, cerca de US$5 en el primer caso y €7 en el segundo.

Los cuestionamientos también apuntan a la tecnología de Surely, que es similar a la que ofertaban hace 20 años. Por ejemplo, la tobillera no tiene incorporado un GPS, sino que la tobillera le transmite por radiofrecuencia a un dispositivo símil teléfono, que es el que transmite, a su vez, a la plataforma de monitoreo.

Mientras que avanzan los contratos, por lo menos una empresa de las que hizo consultas para participar, de origen brasileño, planea hacer una denuncia penal y presentó un reclamo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Se trata de Synergye, que elaboró un documento en el que asegura que existe una “grave situación de irregularidad”.

“Los pliegos de estas dos licitaciones están dirigidos a la empresa que actualmente presta el servicio en el país, Surelly S.A., que pertenece a Mario Montoto, lo que impide la competencia, lo que podemos demostrar”, afirmaron desde la compañía brasileña.

“El precio que el Gobierno paga actualmente a Surelly es el más alto del mundo; ni siquiera en Estados Unidos o Europa se paga tanto por este servicio. Actualmente, el precio promedio en el mercado es de 4 dólares por día de monitoreo, pero en Argentina este precio alcanza los 17,5 dólares. Esto sucede porque en todo el país existe una única empresa que presta este servicio desde el año 2002″, dijeron desde Synergye.

En comunicación con LA NACION, Daniela Silva, representante de la compañía, cruzó la justificación del Gobierno, transmitida a este medio, sobre que las empresas competidoras hicieron consultas pero no confirmaron sus ofertas por falta de vocación para invertir. En la denuncia en Defensa a la Competencia, añadieron: “Las empresas del sector tampoco pudieron impugnar los pliegos, ya que se impusieron garantías de alto valor para cuestionar las irregularidades. Los pliegos del Ministerio de Justicia establecieron una garantía de US$3.501.720 (tres millones quinientos un mil setecientos veinte dólares estadounidenses) y el Ministerio de Seguridad una garantía correspondiente al 3% del valor de la propuesta adjudicada”. La empresa brasileña presta servicios en Chile, Uruguay, Portugal y Paraguay, entre otros.

Por otro lado, Monica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, presentó un reclamo. Detalló las licitaciones que ganó Montoto en distintas provincias desde 2015, incluidas las de Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. “Se advierte que la empresa Surely S.A. ha resultado recurrentemente adjudicataria en numerosas licitaciones para la provisión de dispositivos de vigilancia electrónica (tobilleras con GPS, botones antipánico, entre otros), presentándose como único oferente. Esta situación genera sospechas fundadas sobre la posible existencia de barreras de entrada, restricciones a la competencia o prácticas exclusorias, que podrían configurar una conducta anticompetitiva", denunció.

Solicitó que, con carácter urgente, se ordene “el cese o la abstención de la conducta restrictiva de la competencia por parte de la empresa Surely S.A., con el fin de evitar que se produzca un daño, o bien para disminuir su magnitud, continuación o agravamiento y se requiera al juez competente la adopción de las medidas cautelares que estime pertinentes, en los términos del artículo 30 inciso f), las cuales deberán ser resueltas en el plazo de un (1) día”.

A su vez, la representación de Geostatis, de origen suizo, que presta servicios en 14 países (entre ellos Arabia Saudita) le dijo a este medio: “Nunca sacaron los requisitos que estaban orientados a ellos, ni siquiera que no se corte con tijera la tobillera. La de Montoto era la única empresa que cumplía con los requisitos que se estaban pidiendo. Uno de los puntos determinantes en la elección era el monitoreo en la Argentina. La única que lo tiene, en los últimos 20 años, es Surely. Aunque le ganes en todo el resto, los puntos que sumabas por la experiencia ya te sacaban de competencia”.

Por Camila Dolabjian

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