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Ponen en marcha el plan anticorrupción
Para dar señales de transparencia, De la Rúa designó a un peronista en la conducción tripartita del PAMI; concreta una batería de medidas
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La designación de un dirigente justicialista en la intervención tripartita que tendrá el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, será sólo una de las medidas inmediatas que el presidente Fernando de la Rúa prondrá en marcha en las próximas horas para dar señales de transparencia.
La "batería anticorrupción" -tal el nombre con el que se la denomina- incluye decretos que serán firmados esta semana y proyectos de ley que serán incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias.
Pasado mañana se concretará la intervención tripartita en la obra social de los jubilados. Junto con la viceministra de Desarrollo Social, Cecilia Felgueras, encabezarán la gestión Horacio Rodríguez Larreta (PJ) y Angel Tonietto (Frepaso).
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, definía ayer cuál será la estructura de la oficina anticorrupción que reemplazará a la Oficina de Etica Pública que había creado el menemismo. La nueva repartición estaría a cargo de un director y se dividiría en dos subdirecciones: una de prevención y otra de investigación.
Además, ya están listos los formularios que deberán entregar los funcionarios, que constan de tres partes: una dedicada a la declaración jurada -incluye por primera vez a los familiares-, una carta de compromiso y un cu rrículum detallado.
Aplican las medidas anticorrupción
De la Rúa anunciará una intervención tripartita al PAMI y enviará al Congreso proyectos para dar transparencia a la actividad pública; están listos los formularios de declaración de bienes para funcionarios; aprestos para la oficina de ética
En la primera semana como presidente, Fernando de la Rúa concretará la arremetida anticorrupción que prometió durante la campaña: anunciará formalmente una intervención tripartita en el PAMI e incluirá en el temario de sesiones extraordinarias un paquete de leyes destinado a transparentar la actividad política.
Ayer por la tarde, la viceministra de Desarrollo Social, Cecilia Felgueras, cumplió con el pedido de De la Rúa: "El PAMI debe ser una cuestión de Estado", había dicho el sucesor de Carlos Menem. Algunos de los exegetas de sus palabras traducen la frase de la siguiente manera: "La obra social de los jubilados no debe ser el botín de guerra de ningún partido".
Inspirada en ese comentario, quien secundará a Graciela Fernández Meijide ideó una intervención compartida. Un dirigente del PJ, Horacio Rodríguez Larreta, y uno del Frepaso, Angel Tonietto, compartirán con Felgueras las decisiones de la obra social que maneja más de $ 2700 millones al año.
La idea entusiasmó al Presidente. El jueves último por la noche, De la Rúa daba los últimos toques al discurso que pronunciaría ante la Asamblea Legislativa a la mañana siguiente.
Estaba en el piso 19 del Hotel Panamericano tomando una lágrima (leche apenas cortada con café, la única infusión que le autorizaron los médicos luego del neumotórax que sufrió). Felgueras le comentó entonces los dos nombres que había pensado. "Fantástico. Tenemos que dar señales de que es posible hacer una nueva política", dijo De la Rúa.
La puesta en Internet de las compras y las contrataciones con sus respectivos precios será otra de las vías para transparentar el manejo de la obra social.
Anoche, Carlos Ruckauf llamó por teléfono a De la Rúa. El gobernador bonaerense quería asegurarse de que el Presidente supiera que él estaba de acuerdo con la idea. De hecho, antes de aceptar, Rodríguez Larreta consultó a Eduardo Duhalde (quien anunció que en caso de triunfar en los comicios presidenciales lo llevaría como ministro de Acción Social), a Ramón "Palito" Ortega (a quien acompañó como subsecretario de Desarrollo Social) y al ex ministro del Interior Carlos Corach, que también dio su okey .
Tonietto, por su parte, había sido presentado como el titular de la cartera de Acción Social en el caso de que Fernández Meijide triunfara en la provincia de Buenos Aires.
Aunque ayer se dijo que De la Rúa haría público hoy el anuncio, la medida sólo se concretará pasado mañana, después de que Felgueras haya jurado, mañana, como viceministra.
Por debajo de los tres interventores funcionarán siete subinterventores (como informó ayer La Nación ) que aún no han sido designados.
Otro de los pasos que dará De la Rúa estará dirigido a reglamentar la ley de ética pública, ya sancionada por el Congreso. También establecerá el mecanismo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas.
Patricia Bullrich, una de las dirigentes de la Alianza que trabajaron junto con Román Albornoz en el proyecto "Compromiso federal para la transparencia y la austeridad del gasto público", dijo que De la Rúa firmará la iniciativa entre hoy y mañana y que los funcionarios tendrán 30 días para entregar el listado de sus bienes.
Compromiso público
En rigor, el formulario que deberán entregar tiene tres partes. La primera es la declaración jurada, que también completarán su conviviente e hijos menores de 21 años. La segunda, una carta de compromiso, y la tercera, un currículum detallado. También facilitarán su última presentación ante la DGI.
Esta información será completada por triplicado. Una de las copias irá a la oficina anticorrupción, que funcionará en el Ministerio de Justicia, la otra al departamento de personal de la dependencia correspondiente y la tercera se difundirá por Internet.
La ley de ética establece la creación de una comisión nacional de ética pública que tendrá injerencia sobre los tres poderes. Las declaraciones juradas en poder de las dependencias de personal serán giradas a esa comisión cuando ésta quede en funcionamiento.
Menem había creado la Oficina Nacional de Etica Pública, dependiente del Poder Ejecutivo y encargada de recibir las declaraciones juradas de los funcionarios. Pero De la Rúa la considera poco efectiva para combatir la corrupción y anunció que la disolverá.
En su lugar, el Presidente avanzará en dos frentes: la conformación de una oficina anticorrupción y la reglamentación de la ley de ética.
En ese sentido, Ricardo Gil Lavedra daba ayer los trazos finales a la reglamentación de la oficina anticorrupción. El ministro de Justicia discutía junto con sus asesores de mayor confianza la estructura final de la repartición que absorberá a la actual Oficina de Etica Pública. La nueva organización estaría presidida por un director y dividida en dos áreas a cargo de subdirectores: prevención y control o investigación.
El organismo actuará en todos los hechos de significación económica o institucional e investigará de manera particular el eventual enriquecimiento de funcionarios.
Para dar señales de coherencia, los aliancistas decidieron incluir la "lucha anticorrupción" en el temario de las sesiones extraordinarias. Entre otras iniciativas en ese sentido, impulsarán un proyecto de ley de modificación al Código Penal que contemplará un agravamiento de penas para los delitos de estafa, los de perjuicio al Estado y los de cohecho en la función pública.
La agenda de sesiones extraordinarias también incluye:
- Ley de presupuesto para el 2000.
- Compromiso fiscal entre la Nación y las provincias (ya cuenta con sanción del Senado).
- Proyecto de reforma tributaria y antievasión.
- Normas contra la delincuencia y para luchar contra la inseguridad.
- Leyes para imponer más control al lavado de dinero.
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