Por la muerte de Olivares, indagarán otra vez a los detenidos

Con la muerte del diputado nacional Héctor Olivares, los seis detenidos por el letal y conmocionante a taque armado del jueves en la Plaza del Congreso enfrentarán una situación procesal todavía más grave.

Cinco de ellos volverán a ser indagados, ahora por un doble homicidio. En tanto, el presunto autor material de la balacera, que fue atrapado en Uruguay y cuya extradición, ya en trámite, podría concretarse en el curso de esta semana, deberá responder no solo por la muerte del funcionario riojano Miguel Marcelo Yadón, ejecutada a las 6.51 del jueves pasado en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, sino también por la del legislador radical, cuyo deceso se certificó ayer a las 19.20.

"Vamos a redoblar esfuerzos para terminar de esclarecer el caso. Es muy triste la noticia del fallecimiento del diputado Olivares", dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, que confirmaron que los detenidos deberán ser indagados nuevamente antes de que el juez Mariano Iturralde resuelva su situación.

Desde hoy, los peritos informáticos estarán abocados a desentrañar el alma de los teléfonos celulares de los detenidos y de Yadón, en busca de elementos que permitan trazar relaciones personales entre ellos.

Es que, al contrario de las afirmaciones de los propios detenidos, que negaron cualquier tipo de conocimiento con las víctimas, los investigadores presumen que una venganza personal llevó a los miembros del clan familiar encabezado por Juan Jesús Fernández, alias Mohamed, a planificar un ataque contra Yadón que fue torpemente ejecutado cuando amanecía en la zona de Congreso, el jueves pasado.

Fernández, que era quien estaba al volante del VW Vento gris desde el cual atacaron al diputado y a su amigo de toda la vida, y que fue atrapado el viernes en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se frustró su fuga de Buenos Aires, atribuyó los disparos a su primo, Juan José Navarro Cádiz. No obstante, negó que se tratara de una venganza o de un hecho planificado, y lo atribuyó a un rapto de "locura" de su familiar, acicateado por el consumo de alcohol o estupefacientes.

Extraoficialmente, ante las autoridades uruguayas Navarro Cádiz admitió haber estado en el auto en el momento del ataque. Pero negó haber sido quien gatilló la pistola calibre .40 que, paradójicamente, fue secuestrada en su casa el viernes. El origen de esa arma -que, según confirmaron fuentes judiciales a la nacion, no es ninguna de las que alguna vez tuvo registradas Juan Jesús Fernández- es uno de los misterios que el juez Iturralde y la fiscal Estela Andrades esperan dilucidar en el transcurso de esta semana.

También esperan conocer todos los secretos que atesoran los teléfonos celulares secuestrados en el curso de la pesquisa para poder develar qué relación podría haber entre las víctimas -concretamente, Yadón- y los detenidos. Para los investigadores el hecho fue premeditado y comenzó a ser planificado dos días antes de su ejecución. Creen que el disparador fue una presunta relación entre Yadón y Stefanía Fernández Cano, hija de Mohamed.

LA NACION

• Ataque frente al Congreso

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