Preocupa a la justicia electoral la precariedad de varios jueces

Las elecciones en siete provincias del país -que conforman casi el 50 por ciento del padrón electoral- están en manos de jueces electorales que no son, formalmente, jueces. Son magistrados subrogantes que, por ser provisorios en el cargo, se hallan en una situación precaria e inestable y, por lo tanto, también lo serían sus resoluciones.

El problema es de gravedad institucional, y así lo advertirá hoy, en una acordada, la Cámara Nacional Electoral (CNE), integrada por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné. A su juicio, la incertidumbre en cuanto a la validez de la investidura de los jueces subrogantes (que en su mayoría son secretarios judiciales o simples abogados de la matrícula) podría provocar serias consecuencias para la estabilidad y normal desarrollo del proceso comicial que está por comenzar.

La preocupación radica en que muchos de estos jueces subrogantes del fuero electoral recibieron objeciones en la Justicia, y que ésta podría demorarse meses hasta resolver la situación de esos magistrados. Por esta razón, y para evitar eventuales consecuencias en pleno proceso electoral, la CNE instará a la Corte Suprema de Justicia, en su condición de cabeza del Poder Judicial, a que resuelva en forma urgente y con carácter final "la validez de los títulos de los magistrados subrogantes con competencia electoral" que actúan en los siete distritos donde no hay un juez electoral definitivo.

Estas provincias son nada menos que Buenos Aires -que concentra el 40 por ciento del padrón-, Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones, Salta y Santa Cruz.

"No sólo se encuentra en juego la investidura de quienes deben asegurar la garantía del juez natural [...], sino que existe un factor de inestabilidad en el ejercicio de las funciones que han sido encomendadas a este fuero especializado del Poder Judicial (el fuero electoral), con riesgo de producir un daño irreparable a la construcción de la legitimidad democrática, que sólo puede conjurar la intervención oportuna de la autoridad suprema de este poder público", advierten los jueces en la acordada que se dará a conocer hoy y a la que accedió LA NACION.

Para dimensionar la importancia del problema, basta un ejemplo. Entre sus múltiples atribuciones, un juez electoral debe decidir sobre el reconocimiento de los partidos políticos. ¿Qué sucedería si un magistrado subrogante dicta un fallo en el que reconoce formalmente una agrupación política y ésta participa en las elecciones, pero luego el subrogante es removido de su cargo porque la Justicia considera que estuvo mal designado?

Según la CNE, aquel fallo -el que reconoció al partido político- podría ser eventualmente invalidado, lo que derivaría en un serio daño a todo el proceso electoral realizado.

Situaciones irregulares

La mayor preocupación se concentra en el juzgado federal penal con competencia electoral de La Plata, a cargo del proceso comicial del distrito más importante del país, La Plata. Al frente se encuentra el joven Laureano Durán, quien ejercía hasta entonces como secretario judicial. Esto motivó que varios partidos de la oposición lo objetaran ante la Justicia, lo que lo colocó en una situación de inestabilidad en su cargo (de lo que se informa por separado).

Al igual que en Buenos Aires, en Formosa, La Pampa y Salta también fueron designados secretarios como jueces electorales subrogantes. En Catamarca, en tanto, se nombró un abogado de la matrícula federal; en Santa Cruz fue nombrada una conjueza, mientras que en Misiones subroga, por licencia del magistrado titular, la jueza federal de Oberá.

Aún más peculiar es la situación en La Pampa: allí, quien fue designado juez electoral subrogante fue el secretario electoral subrogante, por licencia de su titular.

"La sola indefinición sobre la validez o nulidad del nombramiento de quienes desempeñan la competencia judicial electoral -más allá de cuál sea finalmente la resolución que se adopte- constituye por sí misma una inconsistencia seria en el funcionamiento de la justicia electoral", insiste la CNE.

Por esa razón, los camaristas decidieron acudir a la Corte. Una eventual salida al problema se encontraría en una acordada de la propia Corte Suprema de 2005. En esa resolución, la Corte sostuvo que las actuaciones de los jueces subrogantes son válidas hasta tanto la Justicia resuelva su situación definitiva.