Presionan a los gobernadores por las paritarias docentes

La paritaria nacional docente sigue empantanada y el Gobierno no encuentra por ahora una salida al conflicto que, a menos de una semana del inicio de clases, sigue sin solución.

Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó la estrategia oficial de esperar primero a que avancen las provincias para entonces después cerrar la negociación nacional. Pero ningún distrito logró un acuerdo y el tiempo corre en contra de la Casa Rosada.

El Gobierno comenzó a involucrarse directamente con llamados a los gobernadores para que ofrezcan un aumento del 25 por ciento, bajo el compromiso de que el resto de los fondos serán girados por la Nación a través de las partidas del incentivo docente. La idea es que la Nación compense con otro 15 por ciento a los distritos que no puedan hacer frente al salario mínimo de 8500 pesos que ofreció el ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la negociación con los cinco gremios nacionales.

Con idas y vueltas en la comunicación oficial, la Casa Rosada se enfrentó al primer desafío fuerte de gestión ante la posibilidad de que no empiecen las clases el lunes, después de que se suspendiera el viernes pasado la firma del acuerdo para la suba del sueldo testigo, paritaria que sirve como guía para las ofertas provincias.

Bullrich no volvió a convocar a los representantes de los docentes, y ayer Peña ratificó que no lo hará hasta que no cierren las paritarias provinciales, estrategia que va a contramano con el espíritu de la ley que fijó la negociación nacional como la garantía de un piso salarial docente igual en todo el país.

Al clima enrarecido se sumó la denuncia de Roberto Baradel, secretario general de Suteba, gremio mayoriatario en la provincia de Buenos Aires, que reveló que había recibido una amenaza. "Le escribieron a mi hija a una casilla que ella tiene con un nombre de fantasía y le dijeron: "Decile a Baradel que firme la paritaria antes que empiecen las clases porque si no vas a ser boleta vos y tus hermanos'", contó el dirigente gremial (ver aparte).

Ante un panorama incierto, lo que sobran son las contradicciones. Tanto la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están esperando una señal de la Casa Rosada para poder destrabar el conflicto. No alcanzó con las palabras de Peña de ayer. "No vamos a hacer, como se hacía antes, firmar una paritaria nacional y dejar después que cada provincia resuelva. Acá el problema se tiene que resolver en equipo", insistió el jefe de Gabinete. Como lo había hecho Macri el viernes pasado, se plantó en que las provincias deberían trabajar con un techo del 25 por ciento.

Tanto Vidal como Rodríguez Larreta suspendieron las negociaciones. En Capital, en rigor, no hay demasiada tensión, pero no pueden anunciar un acuerdo si antes no avanza la provincia de Buenos Aires. Antes, con signos políticos opuestos, podían exhibir una rápida gestión. Ahora son dos Pro puros.

La situación llevó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a involucrarse en la negociación con llamados uno por uno a los gobernadores para garantizarles que la Casa Rosada se hará cargo de la diferencia. El problema es que los jefes distritales pueden ofrecer un 25 por ciento de aumento como pide el propio Macri, pero no tienen garantía de que los sindicatos docentes provinciales acepten después de que la oferta nacional se disparara más allá del 30 por ciento.

Sin solución, los gremios nacionales ya anunciaron que si no se firma la paritaria nacional ya acordada, que establecía llevar el salario del docente inicial de los actuales 6060 pesos a 8500 el 1 de julio, convocarían a un paro nacional.

Eduardo López, Secretario gremial de Ctera, afirmó que los docentes son dejados de lado por el Estado. "Han sido generosos con el campo y las mineras y no pueden darnos este aumento", dijo en una entrevista en el ciclo de conversaciones de LA NACIÓN. Además, aseguró que "este es el primer gobierno que retira su propia oferta", en relación a la marcha atrás que dio Bullrich (ver aparte).

La alternativa que se baraja es dejar la paritaria abierta hasta mitad de año y volver a discutir la suba. Es un escenario que el Gobierno prefiere evitar, para no tener latente el mismo nivel de conflictividad en julio.