Presupuesto 2022: habrá más recursos para planes sociales, pero se ajustará en salud, trabajo y subsidios

El “presupuesto de ajuste” que le cuestiona Máximo Kirchner al ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus proyecciones para 2022 merecería un agregado: se trataría, más bien, de un presupuesto de ajuste “selectivo” que contempla, por un lado, importantes aumentos en los planes sociales que manejan La Cámpora y el Movimiento Evita pero, por el otro lado, una fuerte reducción en los gastos de salud, empleo y subsidios de distinto tipo.

Con el índice de pobreza en niveles alarmantes –el 40,6% según difundió el INDEC la semana pasada–, el Ministerio de Economía se cuidó bien de preservar en alto las partidas destinadas a los dos programas de asistencia más importantes: la Tarjeta Alimentar –a cargo de la secretaria de Inclusión Social Laura Alonso, de La Cámpora–, que el año próximo tendrá un aumento del 68% ($259.000 millones) respecto del presupuesto hoy vigente. Este plan social alcanza hoy a 2,4 millones de personas; el Gobierno prevé ampliar ese universo a 2,7 millones de beneficiarios que reciben entre $6000 y $9000 mensuales.

El programa Potenciar Trabajo, a cargo del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, también se aumentará el año próximo, aunque en menor medida que el de la Tarjeta Alimentar. De hecho, en términos del PBI se mantiene casi igual. El presupuesto 2022 dispone una suba del 43% ($243.100 millones) respecto de la actual asignación, aunque el universo de beneficiarios también sería mayor: hoy suman 950.000 y se prevé alcanzar al millón cien mil personas según el presupuesto 2022.

Estos aumentos contrastan con caídas que se verifican en otras partidas del Ministerio de Desarrollo Social que comanda Juan Zabaleta. Por caso, el programa “Complementos alimentarios” caerá en un 60% ($10.300 mil millones); mientras que la asistencia a los comedores comunitarios y merenderos lo hará en un 33% ($6000 millones). Aumentará, sí, la asistencia a los comedores escolares en un 55% ($14.700 millones).

“Este es un presupuesto para la pobreza”, sintetiza la diputada Roxana Reyes, de Juntos por el Cambio, especialista en el presupuesto social. “Si bien dos de las partidas más importantes en materia de protección social, la AUH y la Tarjeta Alimentar, se mantienen con asignaciones similares a los actuales, se observan reducciones significativas en las partidas destinadas a paliar los efectos del desempleo y distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social. Estas reducciones son preocupantes porque se trata de políticas relevantes para garantizar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad”, advierte.

Ajuste en los gastos Covid, de empleo y subsidios

El año próximo también habrá caídas presupuestarias en programas de Salud y en los planes destinados a dar auxilio financiero a las empresas afectadas por la pandemia. Según se refleja en el proyecto de presupuesto, el Gobierno no prevé que una nueva ola de Covid-19 azote nuestro país el año próximo y, en línea con esa premisa, redujo drásticamente algunos de los programas dispuestos durante la emergencia.

En efecto, en el proyecto enviado por Guzmán la función salud (es decir, que incluye todo el gasto en salud, independientemente de la jurisdicción a la que corresponde) es de $643,9 millones, mientras que la asignación actual es de $572,2 millones. “Esto implica un aumento de 12,54% nominal, pero una caída en términos reales de 20,96%”, advierte el diputado radical Alejandro Cacace.

También se observa una reducción en la partida destinada a la compra de vacunas contra el Covid-19 pese a que, según la iniciativa, se prevé para el año próximo la adquisición de 80 millones de dosis y 5 millones de tests de antígenos. El proyecto dispone para ello una asignación de $122.200 millones de pesos, bastante menor a la que se estima gastar este año, $153.500 millones.

“Los números indican una disminución en términos reales del presupuesto destinado a salud, cuando la realidad indica que la situación epidemiológica, más allá de la coyuntura actual, no ha dejado de ser un problema”, señala Cacace.

El Gobierno también tiene decidido podar distintos programas instrumentados durante la emergencia sanitaria, entre ellos el REPRO II, a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Se trata de una herramienta de atención a los trabajadores en relación de dependencia por medio del pago de una suma fija mensual por trabajador que oscila entre los $9000 y los $12.000 mensuales.

Este beneficio alcanzó este año 778.682 trabajadores de 45.852 empresas. Sin embargo, este universo se reducirá drásticamente pues la partida se reducirá de los $80.100 millones actuales a $36.900 millones.

Lo mismo sucederá con el Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), también bajo la órbita del ministro Matías Kulfas, por el cual se destinan subsidios de tasas en los préstamos al sector productivo y a los monotributistas. El presupuesto 2022 le asignó una partida de $42.200 millones, mientras que en la actualidad es de $65.000 millones.

La función Trabajo también observa una fuerte caída en términos reales en el presupuesto. Pese a que el desempleo continúa en niveles altos (9,6% de la población según el último índice del INDEC), el programa “Acciones de Empleo”, concebido para insertar a los trabajadores desocupados en el empleo, a mejorar su empleabilidad e incentivar a las empresas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, se verá reducido en un 72%: de los $86.800 millones actuales a $50.300 millones. El seguro de desempleo también disminuirá en casi un 30%.

Fomentar la creación de empleo y la sustitución de planes sociales es, paradójicamente, la principal promesa electoral del Gobierno.

La iniciativa incluye, además, una poda en los subsidios a la energía (gas y electricidad): este año implicó un gasto de $971.794 millones y para 2022 se espera que esa erogación alcance $1024.718 millones, un 5% de aumento nominal y una caída del 0,5% puntos del PIB. De no haber una política de segmentación en las tarifas –que por ahora no está contemplada en el Presupuesto–, los montos deberían incrementarse en al menos un 30%, estiman los especialistas.

Otro punto que generará rispideces es el monto de subsidios destinados al transporte del interior, que motivó que desde el propio oficialismo se presentara un proyecto de ley para incrementar esa partida. En efecto, el proyecto de presupuesto 2022 prevé una suma de $27.000 millones, la misma cifra presupuestada para este año, lo que implica una caída en términos reales que los gobernadores no aceptan.

Por tal motivo, en representación de los mandatarios provinciales el diputado Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, presentó una iniciativa para incrementar la partida a $35.000 millones. Será uno de los tantos puntos del presupuesto que, seguramente, el oficialismo revisará del proyecto de ley enviado por Guzmán.

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