Procesan y embargan al exjefe de asesores de Echegaray en la AFIP

Más de 1400 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, la Justicia ordenó ayer la prisión preventiva, el procesamiento y el embargo por $16 millones del exjefe de asesores del entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, acusado de cobrar coimas a cambio de brindar protección dentro del organismo tributario.

El juez federal con sede en la provincia de Salta, Julio Leonardo Bavio, consideró que existen pruebas suficientes para avanzar contra Rafael Resnick Brenner, tras concluir que habría utilizado la función pública para fines delictivos, repetidas veces.

"Aprovechándose de su cargo, Resnick lejos de llevar a cabo tareas de control sobre la explotación de personas o trabajo de menores de edad", ejemplificó el juez, "solicitaba a gente del lugar que les indicara dónde sucedían esas anomalías, para de esa manera extorsionar a sus propietarios a cambio de paralizar las causas que se formarían generalmente en el Juzgado Federal de Orán", por entonces a cargo del luego detenido juez Raúl Reynoso, alineado con los aprietes.

El procesamiento y prisión preventiva complica aún más la situación judicial de Resnick Brenner, quien ya se encontraba detenido por orden del juez Bavio, quien consideró que existía el riesgo de que intentara fugarse.

De ser hallado culpable en Salta, Resnick Brenner sumaría su segunda condena desde agosto, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 lo sentenció a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el " caso Ciccone" tras considerarlo partícipe necesario de negociaciones incompatibles con su función en la AFIP.

Ahora, la investigación en Salta podría terminar con la prisión efectiva de Resnick Brenner, quien quedó bajo la lupa judicial por su actuación como máximo responsable de la AFIP en Salta, regional a la que Echegaray lo envió mientras arreciaba en Buenos Aires el escándalo por el "caso Ciccone" que sacudía al entonces vicepresidente Amado Boudou, a Resnick Brenner y al propio Echegaray.

Ya en Salta, una serie de escuchas telefónicas dispuestas en otra causa judicial aportaron datos sobre la posible participación de Resnick Brenner en delitos, por lo que la Justicia ordenó extraer testimonios e iniciar otra causa penal. "De esos diálogos", resumió el juez Bavio en su resolución de ayer, "se advertía que estaría cobrando dinero a contribuyentes en situaciones irregulares con la promesa de dar solución a su situación".

A ese nuevo expediente penal pronto se sumaron denuncias de funcionarios de la propia AFIP y contribuyentes, como Bernard Paul Vuillermet, que expusieron "el modus operandi que llevaban a cabo funcionarios de ese Organismo y del Poder Judicial de la Nación en el norte argentino".

Los aprietes de Resnick Brenner fueron directos y hasta por la prensa, relató ese denunciante, quien se negó a pagarle sobornos, recurrió a la Justicia federal de Tucumán y vio cómo "en los medios de comunicación, Resnick Brenner efectuaba declaraciones implicándolo públicamente junto a su hermano por el delito de trata de personas, destacando el nombrado que era inminente la detención de ambos".

A medida que avanzaba la investigación judicial sobre el ex jefe de gabinete de asesores de Echegaray, se acumularon más indicios, testigos y denunciantes. Algunos de ellos hasta admitieron haberle pagado sobornos, pero sin los resultados esperados por el desplazamiento de Salta de Resnick Brenner tras el cambio de autoridades en diciembre de 2015.

Por ese motivo, el juez Bavio también procesó a Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, de la Minera Santa Rita, como presuntos pagadores de sobornos a Resnick Brenner y coautores de fraude a la administración pública, y los embargó por $ 1,5 millón a cada uno, aunque sin dictarles la prisión preventiva.

"En el caso que involucró a Pablo Haddad y a Guijarro Jiménez, lo que verdaderamente existió fue un acuerdo pautado y programado entre las partes para que el director regional de la AFIP resuelva favorablemente los recursos interpuestos por la Minera Santa Rita, a cambio del pago de $1.200.000, en su calidad de gerente y contador de la firma, lo que trasciende de una mera ‘solicitud’ y nos coloca en la figura del cohecho por el convenio espurio existente", concluyó el magistrado.

En la misma línea, Bavio procesó a Nicolás Antonio Fili y Néstor Marcelo Herrera como presuntos partícipes en los delitos de defraudación a la administración pública, y los embargó por $ 3 millones y $ 250.000, respectivamente. También los mantuvo fuera de la prisión preventiva.