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Pulseada final: el fiscal intenta revertir la maniobra que llevó la causa de la AFA al juzgado que quieren los acusados
El fiscal ante la Casación Villar planteará el lunes un recurso contra el fallo que envió el caso a Campana; llegará a la Corte para que decida
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LA NACIONHernán Cappiello
Las maniobras de la cúpula del fútbol para lograr que la investigación en torno a la mansión de Pilar se quede en el juzgado de Campana, como pretenden los acusados de testaferros, enfrentará un último desafío. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar insistirá mañana en que sea investigada por la justicia de la Capital Federal, no en Campana, y expondrá los argumentos que justifican el pedido. La intervención del fiscal abre la pulseada final sobre el destino de la causa, que podría terminar de definirse en la Corte Suprema de Justicia.
Esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, se sospecha que pertenece al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ya que se encontraron en el lugar objetos personales del dirigente de fútbol, retratos familiares y objetos con su nombre.
La denuncia indica que, para disimular que se trata de su propiedad, usaron testaferros: un monotributista y una jubilada con vínculos con la AFA.
Villar presentará un recurso extraordinario ante los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, para que le abran la puerta con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
En un fallo controvertido que motivó fuertes críticas, Borinsky y Barroetaveña decidieron dos semanas atrás enviar el caso al juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, el juez que quieren los acusados.
Slokar votó en disidencia.
Luego de ese antecedente, el recurso de Villar podría ser rechazado por la Casación.
Por lo tanto, para que la Corte decida sobre el asunto, Villar deberá acudir al máximo tribunal mediante un recurso de queja, lo que puede demorar el trámite un mes aproximadamente.
“Nueve meses lleva el caso; es un verdadero parto”, bromeó un funcionario judicial en alusión a la inusual duración de esta pelea sobre la competencia de los juzgados.
Los tironeos en torno a la causa demuestran el enorme poder y la capacidad de influencia en la Justicia que tienen los mandamases del fútbol.
Hasta ahora vienen logrando que las investigaciones no avancen.
La eventual llegada de la pulseada a la Corte Suprema puede, incluso, no ser definitiva. El máximo tribunal interviene en casos donde se está ante una sentencia definitiva o equiparable, y las cuestiones de competencia no lo son.
Sin embargo, este caso tiene sus particularidades, por ejemplo, que desde hace nueve meses está trabado este conflicto sin definir qué juez interviene y ninguno avanza con el caso.
Los argumentos del fiscal Villar se basan justamente en que se podría estar ante un fallo arbitrario porque el tribunal no se pronunció expresamente sobre la competencia territorial, sino solo sobre la materia.
Por eso, la fiscalía tiene la convicción de que los hechos sobre los que se debe seguir adelante la investigación ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la sede de la AFA en ese momento, y donde se dio lugar la operación inmobiliaria que terminó en la adquisición de la quinta. Aquí se pagó el dinero y se realizó el registro notarial de la mansión.
Por eso es que la causa debe ser investigada en la Ciudad de Buenos Aires.
La fiscalía, además, marca una contradicción del juez Boroinsky, que primero planteó que no correspondía abrir el recurso y luego lo abrió para conceder la competencia a la justicia federal de Campana.
De todos modos, la fiscalía deberá apelar a la creatividad para dar argumentos ante la regla de la Corte Suprema de que solo abre los recursos de queja ante sentencias definitivas o equiparables.
Si logra saltear ese obstáculo, insistirá con la competencia territorial como eje de su reclamo: la AFA tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, los hechos ocurrieron en el tiempo en que nadie había mudado su sede.
Villar considera que se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025 para canalizar fuera del sistema bancario argentino fondos obtenidos por la AFA por derechos comerciales, auspiciantes y transmisiones televisivas.
Esos fondos habrían sido derivados a sociedades constituidas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, que la fiscalía presume meras fachadas ligadas a las mismas personas o a allegados de la dirigencia. Estas maniobras darían cuenta de un recorrido de fondos blanqueados mediante la compra de la quinta de Pilar.
La casona fue adquirida por la sociedad Real Central, de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte; habría sido una maniobra posterior de lavado que abarcó también unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, los 54 vehículos hallados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre y otros bienes de valor.
Por eso entiende que el objeto de la causa y la especialización en lavado de activos favorecen a la justicia federal de la Capital, con la advertencia de que mandarla a Campana no solo es equivocado sino que sembraría dudas sobre la transparencia y la imparcialidad.
Este caso de la Quinta de Pilar tiene asegurado su recorrido hasta la Corte; lo que no es seguro es que el máximo tribunal admita el caso.
Pero ya están en la Corte o camino a estarlo otras dos causas de la AFA relacionadas: una de ellas es la decisión de la Sala D de la Cámara Civil de impedir que la Inspección General de Justicia revise los libros contables de la AFA.
Las otras cuestiones que ya están en la Corte son dos casos donde el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el juzgado federal de Campana de González Charvay no debe quedarse con la causa central por el presunto desvío de fondos de la AFA, pues es un fraude que debe ser investigado por la justicia ordinaria.
Recomendó a la Corte Suprema de Justicia que la investigación por presunta administración fraudulenta vinculada a los ingresos millonarios de la firma TourProdEnter LLC continúe bajo la órbita de la justicia penal ordinaria de la Capital Federal, específicamente en el juzgado de Paula Petazzi.
En un segundo dictamen, Casal también dictaminó para que la Corte, en otra causa, deje el caso de la denuncia por la omisión de registrar esos ingresos en los balances contables en el fuero penal ordinario. Todos dictámenes orientados a frenar la avanzada del juzgado federal de Campana que, en sintonía con el deseo de los acusados, quiere concentrar todas las investigaciones contra la AFA.
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