Qué dice la denuncia del Gobierno contra periodistas
La Casa Militar inició acciones legales contra dos periodistas de TN tras la emisión de un informe televisivo; el Poder Ejecutivo alega riesgos a la seguridad nacional
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LA NACION
El Gobierno nacional, a través de la Casa Militar, inició acciones legales contra dos periodistas tras la difusión de un informe grabado en el interior de la Casa Rosada. La presentación judicial quedó en manos del juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares.
Distintas entidades periodísticas condenaron fuertemente la prohibición de ingreso de trabajadores de prensa a la Casa Rosada.
La denuncia sostiene que el accionar periodístico vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso datos estratégicos del Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, la administración libertaria tomó medidas administrativas inmediatas sobre los involucrados.
La presentación señala a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, integrantes del equipo de TN. Ambos participaron en la realización de un informe emitido el domingo pasado en el programa Y mañana qué, donde exhibieron diversos sectores del palacio de gobierno.
¿Qué dice la denuncia del Gobierno contra los periodistas?
El Gobierno afirma que los periodistas grabaron material de forma furtiva, sin autorización de las autoridades. La Casa Militar argumenta que el video muestra sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva.
La acusación cita posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de que el material facilita inteligencia sobre los movimientos del Presidente.
¿Cuál fue la reacción del presidente Javier Milei?
El mandatario, quien se encontraba de viaje en Israel durante la emisión del material, utilizó su cuenta en la red social X para criticar la labor de los periodistas. Milei calificó el hecho como una conducta delictiva y reclamó consecuencias para los responsables, en línea con sus frecuentes cuestionamientos públicos hacia sectores de la prensa.
“BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde.
Además de la causa judicial, la Casa Rosada aplicó una medida inmediata sobre Ignacio Salerno. Según fuentes oficiales, el periodista perdió su acreditación para ingresar al edificio.
La Secretaría de Comunicación y Medios califica el hecho como una falta grave al reglamento de convivencia, el cual prohíbe registrar imágenes en espacios no autorizados dentro del predio.
¿Qué dice el reglamento de acceso a la Casa de Gobierno?
La normativa vigente de la Secretaría de Comunicación prohíbe transmitir en vivo o registrar videos en zonas restringidas. El reglamento estipula que la transgresión de estas normas constituye una falta grave que habilita a la revocación de las acreditaciones otorgadas a los cronistas.
Los responsables de seguridad nacional enfatizaron que el video expuso riesgos injustificados para el funcionamiento del Ejecutivo y la integridad del primer mandatario, puesto que precisa la ubicación de despachos y salas de reuniones estratégicas.
Fuerte condena de entidades periodísticas contra la prohibición de ingreso de trabajadores de prensa a la Casa Rosada
Luego de que se prohibiera el ingreso de periodistas a la Casa Rosada entidades periodísticas condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada. Organizaciones periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “gravedad institucional” y la “enorme preocupación” que implica la decisión.
Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”. La entidad periodística remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.
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