¿Qué pasó con los otros funcionarios que violaron la cuarentena?

El presidente Alberto Fernández no es el único funcionario que afronta una investigación penal por violar las normas sanitarias contra el Covid-19. Otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales debieron presentarse ante la Justicia durante 2020 y 2021. ¿El saldo? Sólo uno fue condenado, en la provincia de San Juan. La mayoría acordó donar fondos o insumos, prestar servicios comunitarios o negoció otra salida consensuada con los fiscales y jueces, según surge del análisis de LA NACION sobre los casos más resonantes que se registraron desde que comenzó a regir la pandemia en marzo del año pasado.

El relevamiento de esos casos muestra, también, que ninguno de los funcionarios planteó la inconstitucionalidad del artículo 205 del Código Penal por el que fueron detenidos y que prevé una pena de 6 meses a 2 años de prisión para quienes atenten contra la salud pública, en tanto que muchos funcionarios presentaron su renuncia -o fueron despedidos.

El análisis sobre el avance de esas investigaciones muestra una disparidad notable. Algunos expedientes acumulan procesamientos, elevaciones a juicio oral y hasta soluciones alternativas a la condena, mientras que en otros apenas se dado los primeros pasos de la instrucción penal, ya fuera por las dificultades que la propia pandemia causó en juzgados y fiscalías, por planteos de las defensas que demoraron su desarrollo, o por presiones políticas.

* Buenos Aires: en julio de 2020, el secretario general del municipio de Tigre, Fernando Lauría, y otras quince personas terminaron detenidas por jugar un torneo de pádel en un club de Pilar. En cuestión de horas, Lauría fue despedido de su cargo, en tanto que presentó su renuncia el secretario de Deportes porteño, Luis Lobo, aunque sostuvo que no participó de ese torneo. Se abrió una causa penal en la que no figuró Lobo, pero en la que algunos imputados pidieron la suspensión del juicio a prueba y otros –Lauría, entre ellos-, ofrecieron la “reparación integral del daño”. La Fiscalía rechazó esos pedidos y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, los procesó en agosto del año pasado. La Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión en noviembre. Finalmente, en mayo último, Charvay suspendió el juicio a prueba e impuso tareas comunitarias no remuneradas a nueve acusados, en tanto que les impuso una “reparación del daño” a los seis restantes. Lauría debió donar $ 120.000 al Hospital Juan Sanguinetti del municipio Pilar.

* Santa Fe: en abril de este año, el subsecretario de Comercio Exterior de la provincia, Lucas Candioti, fue removido de su cargo tras participar en una fiesta clandestina, en tanto que el expediente registró una salida similar a la suspensión del juicio a prueba. Otro de los imputados asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido y acordó donar $ 500.000 que se destinaron a la compra de un cardiodesfibrilador para la unidad de terapia intensiva del hospital Dr. José María Cullen, además de producir y difundir un video para promover la prevención y cuidados contra la pandemia.

* Tucumán: en mayo de 2020, el gobernador Juan Manzur fue denunciado junto al vicegobernador Osvaldo Jaldo, el vocal de la Corte provincial, Daniel Leiva, los ministros Miguel Acevedo, Gabriel Yedlin y Rossana Chahla, la diputada nacional del Frente de Todos, Gladys del Valle Medina, los intendentes Darío Monteros, Carlos Najar, Javier Noguera y Aldo Salomón, y el vicepresidente de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, entre otros, por la presunta violación de la cuarentena para juntarse a comer un asado. Ante la prensa, el Gobierno tucumano adujo que se trató de una reunión “de trabajo”. El fiscal general federal en esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez, asumió la investigación durante los primeros dos meses y luego la remitió a una Fiscalía Federal de primera instancia. Desde entonces no trascendió novedad alguna sobre el expediente.

* Chaco: en junio de 2020, dirigentes radicales denunciaron a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y exsenadora nacional, Magdalena Odarda, por la presunta propagación del Covid19 en el Impenetrable al viajar de Buenos Aires y reunirse con funcionarios provinciales y representantes locales. Ella negó haber contagiado a terceros y planteó que fue al revés, siendo ella y dos los perjudicados, pero se inició una causa penal contra ella, la ministra de Seguridad chaqueña, Gloria Salazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente provincial, Marta Soneira ante el Juzgado federal con asiento en Sáenz Peña que subroga Miguel Aranda. La causa pasó a manos del fiscal Carlos Amad por la presunta violación al artículo 205 del Código Penal. Con las tres ya imputadas, no registra mayores movimientos desde noviembre pasado.

* Misiones: el entonces secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, protagonizó en abril de 2020 uno de los episodios de mayor repercusión nacional. La policía allanó una vivienda en Oberá como parte de una investigación sobre propagación de “fake news” y presunta violación de la cuarentena y se toparon allí con el funcionario nacional. Pocas semanas después, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Lanziani. Con el paso de los meses, sin embargo, el expediente judicial fue diluyéndose. El Juzgado federal con asiento en Oberá determinó que el ex funcionario no habría violado la cuarentena, aunque todavía no dictó su sobreseimiento.

* La Pampa: a fines de marzo de 2020, cuando el gobierno nacional acababa de imponer la cuarentena a nivel nacional, el funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios pampeano, José Luis Rodríguez, fue detenido por la policía por violar las restricciones sanitarias. El gobernador Sergio Ziliotto lo echó y Rodríguez afrontó una causa penal a cargo del juez Carlos Espínola y los fiscales Alejandra Moyano y Juan Cupayolo. Rodríguez, quien antes se había desempeñado como intendente de la localidad de Santa Isabel, fue indagado, pero la causa concluyó sin una condena, ya que acordó una salida alternativa.

* Catamarca: en abril de 2020, la policía catamarqueña detuvo al intendente de Recreo, Luis Polti, y a dos funcionarios municipales, Rodrigo Persichetti y Sergio Oviedo Aguirre, por quebrantar la cuarentena para irse a pescar al dique Motegasta. Por separado, también detuvo al concejal de Huillapima, Víctor Darío Hauy, en dos ocasiones. Ambas causas terminaron en manos del juez federal Miguel Ángel Contreras, quien los procesó a todos por infringir el artículo 205 del Código Penal. Los procesamientos quedaron firmes y los imputados pidieron obtener una “probation”, lo que rechazó el fiscal Santos Reynoso por ser funcionarios y pidió que afronten juicios orales. El juez Contreras debe ahora resolver.

* San Luis: a fines de abril de 2020, el intendente normalizador de Las Lagunas, Américo Chávez, y otras cuatro personas fueron detenidos mientras participaban de un asado en plena cuarentena. La jueza en lo Penal y Correccional de Concarán, Patricia Besso, ordenó trasladarlos a una comisaria, y unos días después, el gobernador Alberto Rodríguez Saa desplazó de su cargo al jefe comunal. Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal pidió la instrucción de sumario y las indagatorias para todos los imputados, medida que se encuentra pendiente de resolución por la jueza Besso.

* Santiago del Estero: apenas 24 horas después de que el presidente Fernández impuso la cuarentena, el 20 de marzo del año pasado, el director general de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social provincial, Roger Eduardo Gallo Liuzzi, se convirtió en el primer funcionario de todo el país en violar la cuarentena. La policía secuestró su camioneta y lo trasladó detenido a la comisaría. Horas después, el gobernador Gerardo Zamora lo echó de su cargo. Sin embargo, jamás trascendió si se le inició una causa penal antes de que Gallo Liuzzi falleciera en junio de este año, y el propio Zamora despidió en las redes sociales a su “querido amigo”, a quien conocía desde el colegio secundario.

* Santa Cruz: el presidente de la empresa de energía de Santa Cruz, Nicolás Michudis, y otros once funcionarios violaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) al participar en una reunión social en Río Gallegos, donde el índice de ocupación de camas de terapia intensiva ascendía al 94,44%. Horas después, la gobernadora Alicia Kirchner echó a todos los involucrados, quienes afrontaron una causa penal que recayó ante el Juzgado Federal de Ríos Gallegos. Meses después sellaron un acuerdo, basado en artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, por el cual evitaron una condena a cambio de donar $20.000 cada uno al Hospital Regional de la capital provincial.

* Formosa: en octubre de 2020, el intendente Rubén Pereyra cobró notoriedad más allá de su localidad de Buena Vista. Rompió la cuarentena para participar en una fiesta y lo filmaron bailando al ritmo de la canción “Bombón Asesino” junto a otros infractores. Se le abrió una causa penal y quedó formalmente imputado. Pero en una provincia que acumula 6248 expedientes por la presunta violación del artículo 205 del Código Penal –y donde incluso se castigó a vecinos por tomar mate en la vereda de sus casas-, Pereyra jamás fue llamado a declarar ante el juez, ni fue procesado.

* San Juan: el primer domingo de abril de 2020, el concejal de Calingasta Raúl Escuela violó la cuarentena y la policía lo detuvo junto a seis personas más. Primero negó haber infringido las normas sanitarias. Pero apenas 72 horas después, pidió disculpas y el juez de Flagrancia, Eduardo Raed, le impuso una pena de 8 meses de prisión en suspenso, el cumplimiento de tareas comunitarias en el Hospital de Barreal durante dos meses y el pago de $10.000 por las costas del juicio. Escuela se convirtió así en el primer –y, acaso, el único- funcionario público del país en ser condenado por violar el artículo 205 del Código Penal.