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Qué se modifica de la legislación
El decreto de necesidad y urgencia que anunció ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tiene 40 páginas, 14 de considerandos y el resto de artículos dispositivos que ordenan la unificación de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones con eje en una nueva autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y nuevos consejos y comisiones unificadas. Son 37 artículos estructurados en cuatro títulos que refieren a la creación del nuevo ente, 2) las modificaciones a la ley 27.078 (de telecomunicaciones), 3) a las modificaciones a la ley 26.522 (de medios) y 4) a las disposiciones finales y transitorias.
¿Qué cambia?
El DNU modifica el corazón de las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones. En la ley de medios cambia el artículo 41 que prohibía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permitirá; y facilitará la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora estaba muy restringido. Pero el cambio más profundo es sobre el artículo 45, el corazón de la ley audiovisual y el que más afectaba a los principales grupos de medios del país. Cuando entre en vigor el DNU, ya no habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable (hasta ahora era de 24), que además pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones. Se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta. Además, los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual. Y finalmente, las empresas de telefonía fija y móvil podrán ingresar en la TV paga, pero recién después de dos años contados a partir del 1° de enero próximo.
¿Cómo queda el sector de las comunicaciones?
El objetivo del Gobierno es crear un solo mercado de las comunicaciones donde confluyan las empresas telefónicas y las de TV por cable y todas compitan en todos los servicios, incluidos la telefonía móvil y el acceso a Internet. Para eso, además de los cambios instrumentados directamente por el DNU, ese decreto crea una comisión en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones para redactar una nueva ley de comunicaciones convergentes que reemplace a las actuales normas de medios y de telecomunicaciones. Mientras tanto, quedan unificadas por decreto la Afsca y la Aftic, que fueron disueltas y reemplazadas por el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
¿Qué pasa con los planes de adecuación?
Los procesos de adecuación a la ley de medios que estaban siendo tratados por la Afsca se volverán abstractos porque la nueva normativa fijada por el DNU elimina las restricciones e impedimentos a los que había que ajustarse. Por ejemplo, un extenso capítulo del DNU refiere a la integración de cadenas de radio y TV, algo que afectaba a la emisora cordobesa Cadena 3 y a Telefé, por ejemplo. Ahora, las restricciones previstas en la ley de medios para la retransmisión se flexibilizan. Ese relajamiento también beneficiará a grupos diversificados como Manzano-Vila, que ya no tendrán que avanzar en el reparto de licencias entre familiares y empleados, tal como habían anunciado públicamente que se ajustarían a la norma. Varias empresas de medios que habían recurrido a estrategias de dudosa legalidad para ajustarse a la norma podrán volver atrás.
¿Qué pasará con el Grupo Clarín?
El plan de adecuación que había propuesto el Grupo Clarín, de dividirse en seis unidades empresariales separadas, ya no sería necesario al eliminarse las prohibiciones a la propiedad cruzada de TV abierta y TV por cable, y a los topes a la cantidad de licencias. No obstante, Clarín podría igualmente aprovechar el trabajo hecho para desprenderse de unidades de negocios que ya no son centrales para su actividad, como algunas señales de radio y de televisión en el interior del país. También está pendiente el desembarco del Grupo Clarín en la telefonía móvil a partir de la compra de Nextel y su aspiración de acceder a espectro para ampliar los servicios de esa telefónica. El foco puesto en ese proyecto eliminaría por el momento las versiones de que la empresa liderada por Héctor Magnetto tenga interés en ingresar en Telecom Argentina.
¿Qué cosas no cambian?
Los aspectos declarativos de la ley de medios, la creación del derecho a la comunicación y la declaración de objetivos quedan plenamente vigentes, de la misma manera que los beneficios que esa norma trajo para los medios privados sin fines de lucro, como las cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones. También las asignaciones de frecuencias para estados provinciales y municipales, y universidades nacionales. Lo mismo ocurre con los dos artículos referidos a los pueblos originarios y la constitución de Radio y Televisión Argentina, empresa titular de Canal 7 y Radio Nacional.
¿Cómo seguirá la disputa?
Apenas el presidente Mauricio Macri dictó el decreto de intervención de la Afsca y la Aftic, múltiples personalidades e instituciones de distintos puntos del país presentaron simultáneamente numerosos recursos de amparo para frenarlo. Apenas se publique el DNU anunciado ayer, ocurrirá otro tanto contra la nueva norma. Desde su sanción, en octubre de 2009, la ley audiovisual sufrió largos procesos de judicialización en los que no sólo intervinieron el Grupo Clarín y el Estado nacional, sino también muchos otros actores, como cooperativas, pymes de la TV por cable y organizaciones de pueblos originarios. Lo que seguirá no será nuevo, sino simplemente distinto. Habrá más planteos y más jueces dando su opinión.
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