Quiénes integran el tribunal que ordenó al Ejército entregar tierras a los mapuches

Un fallo de la Cámara Federal de apelaciones de General Roca confirmó la decisión de la jueza de primera instancia Silvina Domínguez para que el Estado entregue la titulación de tierras como propiedad mapuche Millalonco-Ranquehue. La razón de los jueces para rechazar el recurso de apelación presentado por el Ejército fue que el planteo fue presentado fuera de término.

El tribunal está integrado por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego. El tercer cargo está vacante tras la renuncia del juez Ricardo Barreiro en 2020, con un concurso en trámite en el Consejo de la Magistratura. Al rechazar la presentación del Ejército, Lozano y Gallego advirtieron que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero al mediodía, mientras que el recurso fue presentado el 6 de febrero a las 20.25, cuando ya se había cerrado el plazo.

Luego de desempeñarse durante 20 años como secretario Letrado del Juzgado Federal de Bariloche, Lozano se convirtió en 2011 en juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Hasta ese momento, ningún magistrado de Bariloche había ocupado un cargo en esa cámara.

El camarista Gallego tuvo un desembarco peculiar. Juró como juez de la Cámara Federal de General Roca en 2012, pero antes debió renunciar a la designación que había hecho ese mismo año el Consejo de la Magistratura, que lo eligió para conducir un juzgado civil de primera instancia de esa jurisdicción.

El fallo que firmó junto a su colega de la Cámara Federal fue cuestionado por quienes impugnan el reclamo de comunidades mapuches para recibir títulos de propiedad de tierras que hoy son propiedad privada o del Estado.

“La decisión me parece absurda, es otra desigualdad de nuestro sistema judicial. Mientras los jueces y la Cámara pueden tomarse meses y hasta años para tomar una resolución, la defensa, en este caso el Ejército Argentino, solo dispuso de 48 horas para poder interponer un recurso, sin siquiera concederle ningún plazo de gracia” dijo hoy a LA NACION Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi.

Y agregó: “Es evidente que el accionar forma parte de una patraña orquestada donde todos los participantes de la contienda, el Ejército, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Justicia y la misma Justicia Federal subrogada de Bariloche son de la misma calaña: el resentimiento del montonerismo residual que tenemos enquistado en el Estado Nacional y su romanticismo con los supuestos ‘pueblos originarios’”. Frutos es también propietario de La Cristalina, una cabaña que linda con uno de los predios usurpados y que fue varias veces vandalizada.

En marzo de este año, Lozano y Gallego también habían ratificado un fallo de la jueza Domínguez, que dictó la falta de mérito en la causa que investiga a la comunidad Lafken Winkul Mapu por usurpación y destrucción de un edificio de Parques Nacionales en Villa Mascardi.

La jueza entendió que “pese a que las constancias obrantes en el expediente permiten advertir que la posesión del predio perteneciente al exHotel IOS en la zona de Villa Mascardi -cuya propiedad corresponde a la APN- se encontraría actualmente turbada por miembros desconocidos de la autodenominada Comunidad Lafken Winkul Mapu, la presumible pertenencia a la misma por parte de algunos de los epigrafiados no prueba per se la comisión del hecho típico aquí investigado”.

Al confirmar la falta de mérito, Lozano y Gallego coincidieron en que las fotografías no permitían identificar a los involucrados, por tener el rostro cubierto. En aquel momento, Frutos afirmó: “Lo que es obvio para el sentido común de cualquier ciudadano, los jueces federales lo tergiversan falsa y deliberadamente para evitar procesarlos y avanzar hacia el juicio oral”.

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