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Quieren exigir a los nuevos jueces a ir a la escuela y rendir examen oral
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- En la provincia de Buenos Aires "tiembla" la familia judicial: un profundo cambio en el Consejo de la Magistratura obligará a los magistrados a ir a la escuela judicial y exponerse a un examen oral que será filmado y publicado en la web, antes de asumir.
Entre los nuevos requisitos para acceder a la justicia se impondrá también respetar el orden de mérito de los exámenes de los aspirantes, tal como sucede ahora en el Consejo de la Magistratura nacional.
"Es un cambio muy grande a favor de la transparencia. Ya no se nominará al amigo o al recomendado por el intendente", aseguró Gustavo Ferrari , ministro de Justicia.
Para integrar el orden de mérito de los aspirantes -de defensores y fiscales además de jueces- se tomará en cuenta el puntaje de los exámenes y los antecedentes. Estos hasta ahora no son suficientes para quedar en la terna. Es decir, que el poder político de turno con mayoría en el Consejo de la Magistratura verá limitado su alcance para acomodar a sus adláteres ya que deberá sujetarse a los conocimientos que estos puedan demostrar.
La terna se elegirá entre los primeros siete puntajes en las pruebas de selección. Y serán aprobados por dos tercios de los votos de los consejeros.
Para poder acceder a estas pruebas de selección será necesario haber cursado antes en la escuela judicial por un plazo de dieciocho meses, de manera obligatoria. El primer año se cursarán materias generales a todos los servicios de justicia, como derechos humanos y luego se profundizará en los criterios de cada fuero, ya sea penal, contencioso administrativo, civil o familia.
La escuela regirá de manera obligatoria desde 2021 para más de 1500 cargos de funcionarios del distrito judicial más grande del país. Ya existe en la actualidad, pero es opcional para los aspirantes que desean instruirse antes de presentarse para postular.
"La idea es filmar las pruebas orales y grabar los registros para subirlos a la web del Consejo", aseguró Ferrari. "Se está trabajando en cuestiones técnicas en ´para lograrlo", dijo el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi.
La presidente del Consejo de la Magistratura, Hilda Kogan -única mujer que integra la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires- trabaja para instrumentar los cambios aprobados por ley el martes pasado, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
"La reforma del reglamento establece un orden de mérito que evita que haya discrecionalidad en el armado de las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo", dijo Kogan a LA NACION.
Hasta ahora sOlo tenía puntaje el examen escrito. Ahora se establece puntuación para el examen oral (que puede tener hasta 100 puntos); los antecedentes (100 puntos) y la entrevista (100 puntos).
"El nuevo reglamento obliga a elegir entre quienes obtuvieron mejores puntajes", aseguró Kogan. "Hasta ahora no era así", detalló.
En este momento el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires está compuesto por un ministro de la Suprema Corte (Presidente) un juez de Cámara, un juez de instancia única y un representante de la Procuración. Los miembros de la justicia están en minoría respecto de los miembros del poder político: hay seis representantes del poder legislativo cuatro representantes del poder ejecutivo y cuatro representantes del colegio de abogados.
Suprema Corte y Procuración excluidos
Los cambios regirán para todos los jueces, fiscales y defensores, menos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia y para la Procuración General. En estos casos el régimen aún dispone que los candidatos sean propuestos por el Poder Ejecutivo y sometido a un sistema de adhesiones e impugnaciones, previo a la aprobación del pliego por unanimidad del Senado.
Este sistema permitió -en tiempos de mayoría abrumadoras de un partido políticos- que muchos ministros del Poder Ejecutivos fueran propuestos para cargos como ministros de la Suprema Corte. Una especie de premio para los funcionarios más expuestos y más exigidos. Tres de los seis jueces de la Corte actual fueron secretarios o ministros de Seguridad durante los gobiernos peronistas anteriores a Daniel Scioli.
La gobernadora María Eugenia Vidal intentó salir de esta lógica con la designación de Sergio Torres, actual juez federal a cargo del Juzgado N°12 de Comodoro Py, para cubrir la vacante en la Corte.
Torres es especialista en casos de narcotráfico y construyó su vínculo con el Poder Ejecutivo a partir de su investigación por la triple fuga de General Alvear. Entonces intento desmantelar la conexión entre los tres fugados y el narco crimen para así ayudar a desentrañar la complicidad de funcionarios policiales o penitenciarios.
