Reclaman mayores garantías para testigos

La decisión del ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José G. Capdevila, de abandonar el país por temor a que se concretaran las amenazas en su contra, reavivó el debate en torno de la necesidad de garantizar la protección de quienes denuncian hechos de corrupción.

Al proyecto de ley que la semana pasada presentaron los diputados Julio Cobos y Luis Petri (UCR-Mendoza), se sumó ayer un duro diagnóstico del ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y actual diputado, Manuel Garrido.

"Aunque el juez [Sebastián] Casanello ofreció protección para cuando [Capdevila] regrese a declarar, es claro que nuestro país no está preparado para proteger a los testigos y denunciantes de hechos de corrupción, que suelen afrontar desde amenazas hasta represalias de índole laboral", advirtió Garrido, en una columna escrita para la agencia DyN.

Acorralado por las amenazas, Capdevila decidió la semana pasada viajar al exterior. El ex funcionario aportó datos claves en la causa en la que se investiga a Amado Boudou por su rol en la venta y salvataje de la ex imprenta Ciccone.

Garrido planteó que "pese a que la ley argentina obliga a cualquier funcionario que conozca un hecho delictivo, incluyendo actos de corrupción, a denunciarlo, el Estado no se hace cargo de evitar las represalias" que los denunciantes podrían sufrir, exponiéndolos así "a un marco de completa desprotección".

Tras repasar varios casos de testigos que sufrieron represalias después de denunciar irregularidades en el Estado, como el de los empleados del Indec que resistieron la intervención del organismo y fueron echados, Garrido aseguró que la carencia de un sistema efectivo de protección "desincentiva nuevas denuncias, frente el temor de seguir la misma infausta suerte" que quienes hicieron denuncias en el pasado.

Para el ex fiscal, la falta de avances en el tema se vincula con la ausencia de "voluntad política en la lucha contra la corrupción" y ello "contribuye a la impunidad generalizada".

El proyecto de Cobos, en tanto, apunta a proteger a testigos y denunciantes en procesos penales vinculados con hechos de corrupción "cuando existiere peligro fundado de sufrir un menoscabo a su vida y/o integridad psicofísica, en sus bienes o vinculados a la relación laboral y a las transacciones económicas con el Estado nacional".