Reclamo de los intendentes del PJ por la coparticipación

Todo fue formal y cortés, pero con el eje puesto en la discusión de moda entre el Gobierno y el PJ: la distribución de fondos. Justo cuando está por arrancar la ronda de diálogo con las provincias por la ley de coparticipación, un grupo de intendentes peronistas del conurbano llevó ayer su planteo a la Casa Rosada.

Los jefes comunales habían pedido hacía dos semanas una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para estrenar un nexo "institucional" directo con la administración nacional y arrimar inquietudes. Sobre todo, vinculadas a la obra pública, gran parte bajo la órbita de funcionario.

La apuesta tiene su correlato en la interna partidaria: sin un gobernador propio después de 28 años, ese sector de alcaldes se presenta como un peronismo "dialoguista" que busca protagonismo en la gestión y en la renovación del espacio.

Desde el hotel NH, donde se juntaron antes y después la cita oficial, los intendentes fueron de a pie a Balcarce 50. Llevaron un escrito en el que exigen la restitución del 15% también al territorio bonaerense, el mismo pedido que se convirtió en bandera de gobernadores del PJ. Se basan en el fallo de la Corte que benefició a Santa Fe, Córdoba y San Luis, tres distritos que litigaron y ahora no sufren el tijeretazo de ese porcentaje de la masa coparticipable.

Esa devolución, según sus cálculos, implicaría para Buenos Aires unos $ 14.900 millones adicionales este año. "Necesitamos los recursos que corresponden a la provincia y que permitirían mejorar la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura. No pedimos sólo por nosotros, sino por los 135 municipios", dijo a LA NACION el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.

Frigerio, que escuchó el relato de varios caciques, les confirmó que esa negociación está en marcha con las 24 jurisdicciones y, como adelanto, les comentó que el ministro de Economía, Hernán Lacunza, llevará una posición "dura" al encuentro previsto para mañana con el resto de las provincias. Incluye no sólo los puntos perdidos de coparticipación, sino la falta de actualización del Fondo del Conurbano, que llegó a ser de 600 millones de dólares y hoy apenas supera los 600 millones de pesos.

"No fue un toma y daca. Nos llevamos la expectativa de que se va a reformular el reparto de recursos y también que se va a dar continuidad a las obras", sostuvo Juan Zabaleta, de Hurlingham. La preocupación está especialmente puesta en los planes de vivienda, cloacas y agua.

¿Los intendentes buscan puentear a María Eugenia Vidal? Juran que no y que, justamente, ya habían hecho el mismo planteo a sus soldados en la gobernación. La interlocución de los asuntos cotidianos pasa por el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, y el de Seguridad, Cristian Ritondo. Resaltan todos la "buena predisposición" pero se ponen ansiosos a la espera de soluciones concretas.

Para la Casa Rosada, que teje una red con el peronismo "racional", no fue una visita menor. Alrededor de la mesa, junto al secretario de Interior, Sebastián García de Luca, y Aída Ayala, de Asuntos Municipales, sentaron a distritos que representan a casi seis millones de habitantes.

Fue el pelotón de intedententes que, además, maniobró estratégicamente para sacar de la encerrona a Vidal en su objetivo de aprobar el presupuesto y el endeudamiento para este año. "Para hacer una gestión adecuada, con políticas activas, la provincia, y los municipios, necesitamos mayores recursos", subrayó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, uno de los impulsores de ese "acuerdo de gobernabilidad".

Ahí estuvieron, además de Katopodis, Cascallares y Zabaleta, jugadores que tributan en el mismo equipo, como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Eduardo Bucca (Bolívar). Sumaron, como dato extra de peso territorial, a los históricos Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela). Y Verónica Magario, la dama de La Matanza, bastión estratégico de relación ríspida con el macrismo.

En su intención de tender un puente con el Gobierno, los intendentes ya se habían reunido con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el aumento de la luz, y solicitaron audiencia con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por la tarifa social.