Recursos, contratos y planteos: las definiciones pendientes en la causa de los cuadernos

La causa de los cuadernos, por la que el fallecido juez Claudio Bonadio llegó a citar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a ocho indagatorias en un solo día y por la que la procesó con prisión preventiva, tiene definiciones pendientes en varias instancias: la Corte Suprema y la instancia oral.

Entre septiembre y diciembre del año pasado, Bonadio elevó a juicio todos los expedientes derivados de la causa de los cuadernos. En el primer tramo del caso se investigaron las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre el circuito de recaudación ilegal que habría funcionado bajo la órbita del Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.

En esa causa, Cristina Kirchner está procesada con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita, además de los exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y decenas de empresarios del rubro de la construcción, como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio, entre otros.

El otro tramo importante del caso cuadernos, denominado "cartelización de obra pública", que investigó Bonadio junto a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, enmarca una asociación ilícita destinada a acaparar las obras viales que tiene como coautores a Cristina Kirchner y Julio De Vido. En ese expediente hay 52 acusados en total.

Aún no se ve en el horizonte el inicio del juicio de la causa. El TOF 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, todavía le reclama recursos a la Corte Suprema para iniciar la etapa de recolección de prueba y avanzar hacia el comienzo del juicio oral.

Este tribunal está situado en el Palacio de Tribunales, mientras que la fiscal ante el tribunal, Fabiana León, tiene su despacho en Comodoro Py. La prueba de la causa de los cuadernos y sus expedientes derivados se almacena en contenedores ubicados en el estacionamiento de Comodoro Py.

El TOF 7, que deberá llevar adelante el debate para determinar las responsabilidades de decenas de acusados, comunicó que necesita personal y pidió a la Corte 13 contratos para llevar adelante la etapa de recolección de prueba y así avanzar para fijar una fecha de inicio del juicio. El pedido está bajo estudio: desde el máximo tribunal le requirieron al TOF 7 que especifique para qué necesita esa cantidad de contratados.

Además, las dimensiones del caso llevaron a los jueces del TOF 7 a considerar pedir que el debate se realice en el Salón de los Derechos del Palacio de Tribunales. Se trata de la sala de audiencias donde se llevó adelante el Juicio a las Juntas y está ubicada en la planta baja del palacio.

Hay otra definición pendiente relacionada con este expediente y que involucra a Cristina Kirchner. La Cámara de Casación analiza si revoca o no la prisión preventiva de la vicepresidenta, dictada por Bonadio en septiembre de 2018 y que nunca se hizo efectiva por sus fueros como senadora.

La Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, podría emitir su fallo en respuesta a esta queja esta semana.

Casación, sobre Cristina

La audiencia en la que el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, expresó ante los jueces de Casación los fundamentos del pedido fue a fines de noviembre del año pasado. Allí criticó el desempeño de Bonadio al frente de la causa y dijo que el magistrado no había considerado que había riesgo de entorpecimiento antes de que Cristina fuera elegida senadora.

"Pareciera que desde que fue electa senadora sí existiera riesgo. El hecho de que alguien pase a tener un fuero no puede ser una circunstancia de riesgos procesales. Esto es como decir que desde que el pueblo elige a alguien pareciera a ser más proclive a eludir sus responsabilidades procesales. Esto es disparatado", planteó Beraldi.

El defensor también contradijo otros fundamentos utilizados por Bonadio cuando ordenó la prisión de Cristina: el de la pena en expectativa por cohecho pasivo y asociación ilícita, el de la recuperación de activos y el de la posibilidad de entorpecimiento probatorio.

Según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales, este punto planteado por Beraldi es el que más peso hizo en el análisis que efectúan los jueces para fallar sobre la continuidad o la revocatoria de la medida cautelar. La semana pasada, antes de que se conociera la noticia sobre la muerte de Bonadio, en los pasillos judiciales se esperaba la firma de este fallo.