Respaldo a Lula da Silva: Alberto Fernández pidió a la Justicia brasileña no ceder ante “presiones mediáticas y políticas”

La decisión, a principios de marzo, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de anular cuatro procesos en los que el expresidente Lula da Silva fue condenado por corrupción en la Operación Lava Jato, fue celebrada por el presidente Alberto Fernández, quien había visitado al líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 4 de julio pasado, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde estaba preso. Ahora, el mandatario argentino dijo ver “con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a Lula” y pidió no ceder “por presiones mediáticas y políticas” en la definición que tomó el STF.

“La decisión [del STF] tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, para hacer referencia a que Da Silva no pudo presentarse como candidato en los últimos comicios -en los que se esgrimía como favorito y en los que terminó victorioso Jair Bolsonaro por sobre el candidato del PT, Fernando Haddad-.

“La nulidad dictada por el STF dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción que el sistema judicial de nuestro querido Brasil había preservado la institucionalidad democrática”, remarcó el primer mandatario argentino, quien tiende a vincular lo que le ocurrió a Lula con la realidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se asume víctima del lawfare en la Argentina.

Fernández dijo ver “con preocupación” que “pretende reiniciarse la persecución a Lula utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas” y comentó: “El sistema judicial de Brasil ha demostrado su capacidad de autorevisión, preservando la correcta administración de justicia. Ello representa una bocanada de aire fresco para el respeto de la democracia en la región”.

Por ello, sostuvo: “Dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF, por presiones mediáticas y políticas, significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia”.

Tras la decisión del ministro de la corte Edson Fachin, quien declaró “incompetente” al tribunal federal de Curitiba, que en el pasado tuvo a Sergio Moro -exministro de Justicia de Bolsonaro- como titular y juzgó al líder del PT en los casos del tríplex de Guarujá, del sitio de Atibiaia y en dos casos al instituto Lula, vinculados a donaciones y a la cesión de un terreno; da Silva recuperó sus derechos políticos y quedó habilitado para competir en las elecciones de 2022.

Mientras tanto, en Brasil se encuentran sumidos en una crisis sanitaria sin precedentes, con un total de casi 13,5 millones de infectados de coronavirus y 351.469 muertos -lo que los deja segundos en el ranking de fallecidos en el mundo, luego de Estados Unidos-; a lo que se suma una pérdida de apoyo a la gestión del presidente Bolsonaro, quien niega la complejidad de la pandemia y rechaza las medidas restrictivas para contenerla.

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